El fiscal cerca al cacique del PP gallego

El Ministerio Público se querella contra José Luis Baltar por enchufar en la Diputación de Ourense a compromisarios que auparon a su hijo a la presidencia del partido

José Luis Baltar, con camisa blanca, toca el trombón durante el homenaje que le dieron unos trabajadores colocados por él, en abril de 2012. / NACHO GÓMEZ

Creyó que lo dejaba todo atado. La herencia política completa. El exbarón del PP gallego José Luis Baltar Pumar (Esgos, 1940) se empleó para que lo sucediera su hijo José Manuel al frente del partido en la provincia y de la Diputación ourensana —cuyos poderes absolutos ostentó él durante dos décadas— a base de enchufar supuestamente a cientos de cargos, militantes y familiares de estos en la masificada institución provincial. La última tanda, en vísperas del congreso provincial del partido, en el que su vástago pugnaba contra el candidato del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. Lo barrió. El “buen cacique” había echado los restos: presuntamente contrató a dedo al menos a 115 militantes o familiares de estos. La mayoría, con voto en el cónclave que en enero de 2010 dio la victoria a su descendiente.

Con la misión cumplida, Baltar enchufó dos años después a su vástago en la Diputación: lo proclamó presidente tras propiciar primero un imprescindible trasiego de dimisiones y renuncias de otros diputados. Finalizado el trámite, el veterano político se jubiló. Sin mácula. Pero la herencia estaba envenenada: el fiscal jefe de Ourense ha presentado ahora una querella por prevaricación continuada contra el patriarca de los Baltar.

El fiscal Florentino Delgado acusa al expresidente ourensano de contratar ilegalmente a más de un centenar de personas en las vísperas de aquel congreso. Si el juez número 1 de Ourense, en el que ha recaído la denuncia penal, la confirma, el congreso del partido podría declararse nulo.

El PSOE asegura que hay más de 300 personas colocadas a dedo que tienen relación familiar u orgánica con el Partido Popular.

Con el patriarca fuera del escenario público —“a mí no me echa nadie, me voy yo”, repitió hasta la saciedad— una condena de inhabilitación no supondría más que la constatación judicial de las denuncias políticas. Salvo que Feijóo acepte la repetición del congreso de 2010 por la que no han dejado de clamar en Ourense los antibaltaristas de su partido, la querella interpuesta por la fiscalía no tendría mayores consecuencias que el escarnio público para los Baltar.

Según fuentes judiciales, la denuncia penal registrada el pasado día 28 de diciembre por el fiscal jefe de Ourense incluye una amplia documentación —300 folios— fruto del contraste, persona a persona, de al menos 115 enchufados en la institución provincial en las vísperas del cónclave del PP en el que Baltar padre fue sucedido por Baltar hijo y en el que la nieta, entonces adolescente, del fundador fue presentada como la continuadora de la dinastía.

El fiscal jefe realizó la investigación del enchufismo a instancias de la denuncia registrada en su departamento en 2010 por el PSOE provincial. El candidato de Feijóo —el alcalde de Verín, Juan Luis Jiménez Morán— se había ya hartado de proclamar el juego sucio del exbarón, alertando en la campaña congresual de que el veterano presidente contrataba a personal a cambio de que votara a favor de su hijo en el congreso. Un Baltar al borde del llanto, en ese ejercicio de “humanidad” que sus fieles ensalzan de él, llegó a reconocerlo ante la prensa: “En este caso actúo como un padre. ¿Qué puede hacer un padre?”

Los cientos de folios que el fiscal jefe ha entregado al juzgado son fruto de una investigación tan exhaustiva que las fuentes consultadas consideran muy previsible que Baltar padre sea imputado por el titular del juzgado número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez. La denuncia de “enchufismo” se basa en la “ausencia de publicidad” —esto es, de convocatoria de oferta pública— para optar a las plazas, incumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir los procesos de selección de personal en las instituciones públicas.

Baltar eligió personalmente a los empleados. Pero, además, durante la larga investigación, el fiscal jefe intentó conseguir pruebas del supuesto delito de cohecho del que los socialistas acusaban también —junto con el de malversación de fondos públicos sobre el que el fiscal no se pronuncia— al entonces presidente provincial, alertando de supuestas “dádivas” de los seleccionados a cambio del empleo. Pero las mismas fuentes sostienen que a los investigadores les resultó “prácticamente imposible” aportar pruebas “documentales” de ello.

EL PAÍS publicó el pasado julio la denuncia registrada por un anónimo en la Fiscalía Anticorrupción con supuestas pruebas del enchufismo y el incremento de patrimonio del exbarón, cuantificado en diversos inmuebles y en la colección de un centenar de vehículos antiguos que guarda en una antigua granja de pollos de su pueblo. Semanas después, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, descartó la investigación apelando a la inconsistencia de una parte de las pruebas y al hecho de que estaba siendo investigada ya la denuncia del PSOE de Ourense. Ahora, a raíz de su larga investigación, el fiscal aporta pruebas que acreditan, en su opinión, ese enchufismo.

Aun en el caso de que el primero de los Baltar llegue a ser juzgado y condenado, la pena supondría la inhabilitación de un jubilado para el ejercicio de la política y la renuncia a los empleos concedidos “ilegalmente”, según la querella del fiscal, de 115 personas que ya están fuera de la institución. Esto es, una mera puesta en escena. Y es que el “buen cacique” utilizó con este largo centenar de contratados el método original que le ha permitido alardear sin recato de usar la institución provincial para hacer favores, que después rebosaban en votos para él: emplear a cientos de afines, pero por periodos de tres o seis meses, lo cual le permitía seguir rotando las colocaciones y tener el control político de la práctica totalidad de la provincia.

La Diputación ourensana, que llegó a tener más de un millar de empleados y cuyo comité de empresa lo integran alcaldes del PP que son funcionarios de la institución bajo las siglas de CC OO, se convirtió de esta forma en su fortaleza: ante Fraga, primero, y después ante Feijóo, cuando la mayoría de los dos presidentes de la Xunta pendía del voto de los Baltar. Ahora, la crisis económica, la mayoría absoluta de Feijóo y la menor empatía del sucesor con el núcleo duro de los alcaldes tradicionales del baltarismo liberan al presidente del PP gallego y de la Xunta de estar en este vilo político, al tiempo que convierten a la Diputación en una institución venida a menos. Ello, aunque el segundo de los Baltar recorte empleos por un lado para contratar a más afines a él, por otro, siguiendo el manual paterno.

Baltar hijo sigue reivindicando la herencia. Hace apenas unas semanas presentó un libro en el que reivindica la provincia como demarcación territorial “necesaria” y a la Diputación como “instrumento de vertebración de Ourense”. Es decir, el legado intacto de su progenitor.

"Familias enteras chupando del bote"

Baltar hijo evitó esta mañana el encontronazo directo con los medios al no asistir a una convocatoria de prensa. En su lugar estuvo el vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, que insistió en que todas las contrataciones realizadas por el exbarón del PP gallego "estaban bien hechas" ya que "nunca hubo problemas con la justicia". La Diputación insiste en que "no tienen comunicación alguna" sobre la denuncia más allá de lo publicado hoy en la prensa.

La secretaria de Organización regional del PSOE, María Quintas, afirma que la denuncia presentada por su partido hace dos años es "la punta del iceberg" de "una trama de corrupción organizada por el clan de los Baltar". Y recuerda que "hay familias enteras del PP, incluida la exmujer de Baltar hijo, chupando del bote" de la Diputación. También matiza que, "con el máximo respeto a los tiempos” de la justicia, es “escandaloso” que no se haya actuado antes.

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