Porqueira recibió dos ayudas por casi medio millón para una piscina

El municipio ourensano de Porqueira tiene 1.000 habitantes, 50 de ellos menores de 25 años —la mayor parte de los cuales no viven ahí—, y una piscina pública, construida con varias sentencias en contra y con dos subvenciones estatales por casi medio millón de euros, para cuya ejecución la alcaldesa (la popular y primera declarada tránsfuga de España, Susana Vázquez Dorado) tuvo que tirar durante casi dos años de los fondos municipales en sucesivos pleitos contra unos vecinos que la demandaron por apropiarse de una parte de su finca. Acabó expropiándosela la Diputación: por poco más de 400 euros. Cuando los fondos del Ayuntamiento se agotaron en las costas judiciales, el presidente de la institución provincial, heredero del valedor que convirtió en su día a la exsocialista en alcaldesa del PP, se hizo cargo de la causa, ordenó desde el organismo que preside la expropiación forzosa y cofinanció, con el Ministerio de Administraciones Públicas, la piscina. Esta es la historia de cómo dos vecinos de Porqueira tienen que “entregar el alma a Dios, que aquí es Baltar” para “luchar sin solución por lo que es nuestro”. “Pero dieron en hueso”, afirman los afectados. “Nuestros padres se la habrían regalado. Nosotros no doblamos”. “Esta es la primera cacicada documentada del hijo de Baltar”, añaden.

Benito Rodríguez y su prima Rosario llevan desde 2010 gastándose el dinero en abogados contra el intento —ya consumado— de la alcaldesa del Ayuntamiento limiano de utilizar una parte de la finca heredada de sus padres para construir la piscina municipal. Ganaron los juicios. Mientras ellos se gastaban lo suyo en pleitos “la alcaldesa utilizaba el dinero público, incluido el nuestro” en esa causa. Hasta que lo agotó.

En 2010, cuando Susana Vázquez Dorado se metió en la espiral judicial contra los dos vecinos para incluir una parte de su terreno —declarado “suelo rústico de protección agropecuaria”— y construir la obra deportiva que declaró “de interés público”, la deuda municipal era de más del 25% de un presupuesto de 1,7 millones de euros. Ahora está en el top ten de los Ayuntamientos con mayor deuda viva de Galicia. Asciende, según datos del Ministerio de Economía y Hacienda, a 418.000 euros, casi la mitad del presupuesto de 865.368 euros. Pero la piscina está finalizada y, aunque sin estrenar ni vallar, llena de agua. “Como mucho habrá ido algún perro o algún conejo a beber ahí”, sostienen con retranca los vecinos.

La obra fue subvencionada dos veces. La primera, en 2010, por el Gobierno de España. El presupuesto era de 121.649,20 euros y el plazo de ejecución, de tres meses. Pero los pleitos constantes impidieron cumplir la ejecución en el periodo establecido. En 2011, con la Diputación ya implicada en el proceso de expropiación, la piscina volvió a ser subvencionada. En esta ocasión, por el doble del importe inicial: 237.000 euros. En total, más de 458.000 euros.

En el segundo cartel anunciador consta que la obra se inició el 14 de noviembre de 2011, cofinanciada por el MAP (Ministerio para las Administraciones Públicas), la Diputación y el endeudado Ayuntamiento de Porqueira.

En ambos casos figura como constructor el mismo albañil del pueblo, José Manuel Portela Seguín, administrador único de la microempresa que lleva su nombre, constituida en 2009 con 3.006 euros. La pequeña empresa de Portela empezó la actividad de 2011 con un patrimonio empresarial neto de 6.305 euros y lo acabó con más de 228.600, según datos del registro mercantil.

Con la piscina ocupando parte de la finca heredada de sus antepasados, pese a las sentencias contrarias a la expropiación, los dos primos anuncian que seguirán poniendo demandas al Ayuntamiento de Porqueira y a la Diputación que valoró el terreno expropiado en 466,20 euros “en un lugar tan privilegiado del pueblo que lo quisieron para esta obra”.

La primera sentencia, del juzgado de Xinzo de Limia, es de octubre de 2010. Ordenaba la supresión de la obra municipal. Otra posterior, de agosto del mismo año, ratifica la anterior. Pese a ello, en enero de 2011, la alcaldesa inició la expropiación forzosa “con carácter de urgencia” y le dio a los afectados un plazo de 15 días para alegar. Lo hicieron. Ganaron. Al final, ella acabó recurriendo a Baltar.

En mayo de 2011, tras pleitos sucesivos, Vázquez Dorado declara “necesarias las obras por su utilidad pública” y pide a la Diputación, agotados los recursos municipales financieros, que continúe con los trámites. Cuatro meses después, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ourense insta al Ayuntamiento a que “desista de llevar a cabo la expropiación”. Una sentencia posterior alerta de que el suelo es “rústico de protección agropecuaria por la alta productividad agrícola”.

Pese a todo ello, en noviembre de 2012 , el nuevo presidente de la Diputación pone en marcha la maquinaria administrativa de la institución provincial y ordena la expropiación forzosa al mencionado precio de los 466,20 euros.

Hace una semana, los afectados recibieron una última notificación. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras les informa de que en noviembre de 2012 la Diputación remitió un expediente de expropiación para someterlo a resolución y que “ante el silencio administrativo” de la propia Xunta de Galicia debe dar “por desestimadas” sus pretensiones de quedarse con la parcela que ocupa una parte de la piscina de Porqueira. Benito Rodríguez y su prima seguirán recurriendo “aunque ya queda claro que aquí hay casi derecho de pernada”, señalan.