Wert subvenciona a CiU y Esquerra
El pasado 23 de Octubre de 2012 el BOE publicó la reforma de la Ley de financiación de partidos políticos. Con muchas insuficiencias como, entre otras, el mantenimiento de las “fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos” como cauce para la obtención por éstos de fondos públicos y privados. Y acabamos de comprobar que es un óptimo instrumento para este fin.
Previamente, una constatación. En una época como la que vivimos, de privaciones de bienes y derechos y de sufrimientos personales y familiares, con responsables políticos y económicos solo levemente perseguidos, dicha Ley fijó como presupuesto, para 2012, para los partidos presentes en el Parlamento, la suma de 65.883.000 euros con destino a “los gastos de funcionamiento” y 3.382.000 euros para “gastos de seguridad”. Mientras, los Gobiernos de España y Catalunya no cesan de reducir drásticamente las condiciones de vida de los ciudadanos y, en particular, a los funcionarios públicos. En este contexto tan dramático, el pasado 7 de diciembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores distribuyó entre todos ellos —desde el PP hasta IU— 900.000 euros por unos supuestos estudios sobre “cooperación al desarrollo” —uno de ellos, de CiU, se titulaba Voces del Mediterráneo— de una mas que dudosa utilidad. Paralelamente, la Ayuda Oficial de Desarrollo por España se sitúa en el 0,20 % de la RNB, colocando a España en niveles de 1990 y a la cola de los donantes europeos.
El último reparto público de prebendas a los partidos es escandalosa y para algunos es una expresión mas de su incoherencia ideológica y política
Pero la última noticia sobre reparto público de prebendas —eufemísticamente se llaman subvenciones— a los partidos, es ciertamente escandalosa y para algunos partidos, como CiU y Esquerra Republicana, es una expresión mas de su incoherencia ideológica y política. Porque ahora, a la vez que cerraban lo que han dado en llamar pomposamente Pacte per la Llibertat, el BOE del 21 de diciembre, publicó las prebendas del ministro Wert a las fundaciones de todos los partidos. Todos los denuestos que ambos partidos han dirigido contra dicho ministro, algunos de ellos claramente justificados y, tras calificarlo con una notable ausencia de rigor histórico, como continuador de Felipe V y Franco, han aceptado gozosos sus prebendas para llevar a cabo, mientras el país se desangra, otros supuestos estudios sobre “el desarrollo del pensamiento político, social y cultural” de contenido desconocido y de igual inutilidad que los anteriores. Y las llamadas subvenciones son, nada más y nada menos, que 2.477.448 euros. Naturalmente que la mayor parte de ese reparto corresponde al PP y PSOE-PSC. Pero participan, además de los partidos de la izquierda —IU e ICV-EUiA y otros—, las fundaciones Catdem, de Convergencia Democrática; Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn, de Unió Democràtica; y Josep Irla, de Esquerra Republicana, a quienes Wert concede 81.151, 27.762 y 26.084 euros respectivamente. Por tanto, el distanciamiento de dichos partidos nacionalistas del Gobierno de España y del Estado es solo aparente y, finalmente, no presentan objeción alguna a ser beneficiados con fondos públicos que son detraídos en su propio beneficio sabiendo — porque lo saben— que ese reparto se hace en perjuicio económico de funcionarios y de servicios básicos para la ciudadanía. ¿Dónde están los principios éticos que deberían presidir el funcionamiento de partidos democráticos cuya legitimidad nace solo de la voluntad popular?
La financiación pública de los partidos fue una exigencia para limitar su financiación privada, primero oculta y ahora más transparente, que ha generado siempre un peligroso endeudamiento con las entidades de crédito, endeudamiento determinante, en muchas ocasiones, de operaciones ilícitas, como las condonaciones de deudas, y de excesivos silencios de los partidos ante los abusos bancarios. La financiación pública no puede amparar subvenciones como las expuestas, de contenido tan burocrático como completamente ineficaz. Que además, crean una cultura política de complicidades entre los partidos, más allá de las ideologías, que corrompe el sistema democrático.
Ante esta suma de desatinos y de injusticias, los partidos solo tienen una alternativa. Deben disponer de dichos fondos de forma pública y comprobable por la ciudadanía —mediante su publicación en la página web— a favor de organizaciones cívicas que tengan como objetivo garantizar a las personas y familias mas necesitadas un apoyo económico inmediato e inaplazable.
Carlos Jiménez Villarejo fue fiscal Anticorrupción
