El Superior suspende cautelarmente la paga de las Juntas de Álava y Gipuzkoa

La polémica por el pago de la extra de Navidad y la forma de intentar eludir la decisión que el Gobierno adoptó el pasado julio sigue dando vueltas en varias instituciones de Euskadi.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior vasco resuelve mañana si mantiene o levanta la suspensión cautelar de su abono a la plantilla de las Juntas Generales (Parlamentos provinciales) de Álava y Gipuzkoa, una veintena de personas en ambos casos entre funcionarios y personal eventual. La Sala dictó el pasado viernes —y ha difundido hoy— sendos autos prácticamente idénticos en los que acepta la petición de suspensión cautelar urgente que había reclamado la Abogacía del Estado.

Las resoluciones, de las que ha sido ponente el magistrado Juan Alberto Fernández, aceptan la perentoriedad de la demanda de la Abogacía dada la cercanía de la fecha de pago a la de la tramitación del recurso, no sin reprocharle que dejase pasar 13 días entre la fecha (30 de noviembre) “en que dice haber tenido conocimiento del acuerdo recurrido” y el día en que recurre. La Sala cita para mañana por la mañana a las partes con intención de que presenten sus alegaciones, tras lo que resolverá si mantiene la suspensión cautelar o la levanta. La resolución no afectará al fondo del asunto, que seguirá un trámite ordinario.

En Gipuzkoa, la decisión la tomó la Mesa de las Juntas a finales de noviembre; en Álava lo hizo un mes antes la Comisión de Reglamento, modificando los presupuestos actuales, en ambos casos con el voto en contra del PP.

La Abogacía del Estado también ha intentado parar en los tribunales la fórmula escogida por la Diputación guipuzcoana, de Bildu, para intentar eludir la orden de Rajoy: pagar a su plantilla un “complemento retributivo” similar a una nómina mensual en lugar de la extra. El diputado general, Martin Garitano, anunció la decisión el pasado viernes y la Delegación del Gobierno ordenó recurrir de inmediato en un juzgado donostiarra. Sin embargo, el juez se declaró incompetente y ha dado a las partes 10 días hábiles de plazo para pronunciarse al respecto. Para entonces la paga ya estará abonada.