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El Supremo tumba la petición de Rota de cobrar el IBI a la base de uso conjunto

El municipio pretende gravar a los edificios que no tienen uso militar

Dos buques de guerra, amarrados a un muelle de la base de Rota.
Dos buques de guerra, amarrados a un muelle de la base de Rota.JARO MUÑOZ

El Tribunal Supremo ha frenado la aspiración del Ayuntamiento de Rota de cobrar el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) por el uso y actividad de los edificios que no tienen un fin militar —viviendas, restaurantes o comercios— de la base naval de uso conjunto hispano-estadounidense. En una sentencia firmada hace un mes, El alto tribunal suscribe fallos de otros tribunales contrarios al cobro de este tributo, con el que Rota aspiraba a ingresar 1,3 millones de euros al año.

El Supremo tumba una reclamación municipal histórica y ampliada en el último año, cuando el Ayuntamiento supo de la futura instalación en la base del escudo antimisiles de la OTAN, que se prevé que se traduzca en trabajo para la construcción y la llegada de más de 1.000 efectivos estadounidenses. El Consistorio, con el apoyo de todos los partidos, decidió plantear de nuevo la reclamación del cobro del impuesto que, hasta ahora, nunca ha pagado Defensa. La petición se centra en aquellos inmuebles que no tienen un fin propiamente militar: pizzerías, heladerías o cines del interior de la base. También sobre las viviendas donde residen los militares estadounidenses.

Pero, a lo largo de los años, las reclamaciones del municipio gaditano fueron sistemáticamente ignoradas por los correspondientes Gobiernos, ya fueran del PSOE como del PP. Así que el Ayuntamiento decidió emprender también una batalla legal. Esta empezó a desinflarse el 3 de marzo de 2010 cuando el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 2 de Cádiz dio la razón al Estado en que el Ayuntamiento no podía cobrar el IBI de 2007 a determinados inmuebles de la base de uso conjunto, al entender que estos “estaban afectos a la Defensa Nacional”. Rota recurrió la decisión judicial con el argumento de que no podía considerarse que “todos los inmuebles ubicados dentro del recinto de la base naval de Rota estén exentos de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por su afección a la Defensa Nacional”, en referencia a los destinados a “viviendas y a actividades económicas, comerciales, deportivas o de esparcimiento”.

El 2 de noviembre de 2011, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidió que no había lugar al recurso y el caso acabó en el Supremo, que es el que acaba de decidir en una sentencia firmada el 20 de diciembre. En sus fundamentos de derecho, el Supremo utiliza un argumento llamativo y que fue la reforma de la ley de Haciendas Locales de 2002 la que generalizó la exención de impuestos para los suelos de interés para la Defensa Nacional. El alto tribunal no admite recurso de casación e impone las costas al Ayuntamiento roteño. “No nos vamos a cansar en seguir luchando. Estudiaremos si podemos llegar al Constitucional”, anunció la portavoz del gobierno municipal, María de los Ángeles Sánchez.

Esta decisión judicial acaba con un litigio de muchos años que tiene también su vertiente política. Hace año y dos meses, el pleno del Ayuntamiento aprobó reclamar al Estado esos impuestos: 1,3 millones de euros por el IBI o 700.000 euros anuales por el impuesto de vehículos, además de los de obras realizadas en el recinto aeroportuario. El Consistorio argumentó que varias edificaciones con mejoras para la vida de los residentes.

El Ministerio de Defensa siempre se ha negado a pagar este impuesto. El último de sus representantes en hacerlo públicamente fue el secretario de Estado de Defensa en el Gobierno de Zapatero Constantino Méndez, que argumentó los beneficios económicos que Rota recibe por la presencia de la base.

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Defensa siempre gana

La decisión del Tribunal Supremo que da la razón al Ministerio de Defensa frente a las aspiraciones del Ayuntamiento de Rota es una nueva victoria de la Armada frente a las reclamaciones municipales, que, en la provincia gaditana —en la que hay miles de hectáreas de suelos de propiedad militar—, son muchas. Uno de los últimos casos lo acaba de padecer Barbate, una de las localidades con más paro entre sus habitantes de toda España.

En 2010, el Ayuntamiento barbateño, el Ministerio de Defensa y una empresa acuícola firmaron un convenio en el que se preveía que el Gobierno desafectara 20 hectáreas de las 5.000 del acuartelamiento de la sierra del Retín para montar allí una piscifactoría. El Consistorio, a pesar de lo suscrito, acaba de recibir un informe de la Armada que convierte lo acordado entre las tres partes en papel mojado y niega la posibilidad de ese negocio porque argumenta ahora que afecta a los intereses de la Defensa Nacional. El alcalde, el socialista Rafael Quirós, ha reaccionado con evidente enfado y ha anunciado que el asunto llegará al Congreso de la mano de los diputados socialistas por Cádiz.

Barbate, Rota y San Fernando fueron las ciudades gaditanas que, junto a otros tres municipios más, Ferrol (A Coruña), Cartagena (Murcia) y El Arahal (Sevilla), recibieron 500.000 euros por tener servidumbres militares en su municipio. La cantidad fue disminuyendo hasta desaparecer. Duró solo tres años y algunos Ayuntamientos, como el de Barbate, no pudieron cobrarla por sus deudas con la Seguridad Social.

Barbate es el mejor ejemplo de municipio que no obtiene beneficio alguno de la ocupación de su suelo. Mejor convivencia han tenido los militares en San Fernando y Rota, donde esas ventajas sí han sido más palpables porque los efectivos han residido en sus localidades. Eso no ha evitado los roces. El de los impuestos de Rota es uno. San Fernando reclama desde hace años desafectaciones y entrega de terrenos en desuso. Defensa ha cedido en algunos casos, como los polvorines de Fadricas, aunque otras demandas como suelos de Camposoto siguen enmarcadas en el apartado de reclamaciones no cumplidas.

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