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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Los engaños de Fabra

Cada afirmación que el presidente realiza en público es desmentida en la práctica por la realidad

Esta semana pasada, se celebró en Alicante la cumbre europea de la Propiedad Industrial. Durante dos días, los directivos de algunas de las más importantes empresas del continente —Peugeot, Freixenet, Geox, Mercedes Benz— discutieron el modo de enfrentarse a la piratería industrial. El problema, de una enorme gravedad para las empresas por las pérdidas que les supone, era uno de los ejes de la reunión. La piratería industrial mueve cada año decenas de billones de euros, y sus efectos se dejan sentir sobre el mercado de trabajo de la Comunidad Europea. Es en los países emergentes, con una legislación más laxa, donde más se producen estas prácticas.

Además de debatir los problemas de la Propiedad Industrial, en la reunión se habló también de otros asuntos. Uno de ellos fue, como cabía esperar, la crisis económica de nuestro país. Para el presidente de Freixenet, Josep Lluis Bonet, “la solución pasa por la economía productiva y su proyección internacional. Sensibilizar a las pymes de que el camino está en el exterior y con productos de marca”. Antonio Campinos, que preside la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), opina que España “debe basar la salida de la crisis en el talento, el diseño, la competitividad y la innovación”. Esta opinión fue compartida por la mayoría de los empresarios, que consideran la innovación y la tecnología como los ingredientes básicos de la competitividad.

Todo el mundo, pues, parece estar de acuerdo en que para superar la crisis es preciso innovar, y para innovar es necesario investigar. Y nuestros gobernantes, ¿creen nuestros gobernantes en la investigación? Desde luego que sí. En cuanto tienen ocasión, nuestros gobernantes proclaman en público su fe en la investigación. Haces unos meses, pocos, durante una visita a los laboratorios Korott, de Alcoy, Alberto Fabra se declaraba un decidido partidario de la innovación. “La innovación —dijo el presidente de la Generalitat— es la apuesta necesaria para el mejor futuro y conseguir unos niveles de riqueza y empleabilidad necesarios”. Poco después, volvía a reiterar Fabra su fe en la investigación, durante la entrega de los premios Jaume I. Ante un selecto auditorio formado por hombres de ciencia, el presidente destacó los esfuerzos que su Gobierno realizaba para “consolidar un fuerte sistema de investigación y desarrollo”.

Ante estas declaraciones públicas a favor de la ciencia, uno debe pensar que la política de la Generalitat se desarrollará en consonancia. Pues no, señor, nada de eso. Entre las palabras de Alberto Fabra y la política (¿) científica de la Generalitat Valenciana no existe ningún parecido. Cada una de las afirmaciones que el presidente realiza en público es desmentida en la práctica por la realidad de los hechos. Una consulta a los presupuestos de la Generalidad muestra que ni la innovación, ni la ciencia, ni la tecnología, son importantes para al Gobierno valenciano. La realidad, la única realidad de la política científica valenciana son los recortes de presupuesto, los despidos de personal, el ahogo económico de los institutos tecnológicos. A eso, más o menos, se reduce la política de la Generalitat.

Francisco Camps hizo de la mentira su herramienta para embaucar a los valencianos. A la vista del desastre que ha provocado en la Comunidad esa manea de entender la política, algunos pensamos que Alberto Fabra se comportaría de manera distinta. No ha sido así y esto es una pésima noticia para nosotros, porque nos cierra el futuro. Ante conductas como las de Fabra, crece entre los ciudadanos la idea de ser prisioneros de un sistema en el que los políticos pervierten cada día las reglas del juego para su interés.

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