El dictamen sobre el Madrid Arena subraya los errores del Ayuntamiento

El PP defiende que cumplió la ley pero aporta 14 medidas para remediar fallos

Lissavetzky pide el cese de medio Ejecutivo municipal

IU y UPyD señalan que hubiera bastado con que el Ayuntamiento cumpliera la ley

Enrique Núñez, durante la presentación de las conclusiones del PP. / LUIS SEVILLANO

El Gobierno municipal regido por Ana Botella (Partido Popular) ha insistido esta mañana por enésima vez en descargarse de toda responsabilidad en la tragedia del Madrid Arena, pese a que sus propias acciones parecen indicar lo contrario. Las conclusiones presentadas esta mañana por el PP de la comisión de investigación sobre la muerte de cinco jóvenes en la fiesta de Halloween celebrada en el pabellón municipal buscan remediar varias de las deficiencias o errores administrativos que, según ha denunciado la oposición, tuvieron incidencia en la tragedia.

Antes de desgranar sus conclusiones, el portavoz del PP, Enrique Núñez, ha resumido así lo acaecido en la noche del 31 de octubre: "Hay una instalación, el Madrid Arena, que cumple todas las garantías de seguridad; que la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos alquiló a un promotor privado; y que el mal uso hecho por éste derivó en tragedia". "Nuestro dictamen busca soluciones para que este tipo de desgracias no vuelvan a tener cabida en la ciudad", ha añadido Núñez.

"Todas las áreas del Ayuntamiento y las empresas municipales hemos actuado dentro de la legalidad", ha asegurado, para a continuación pedir disculpas, como la alcaldesa la semana pasada, por alquilar el pabellón a los organizadores de la fiesta. "Las responsabilidades políticas ya están asumidas con la dimisión del máximo responsable político de esa empresa, Pedro Calvo", ha zanjado. Calvo dimitió el 13 de noviembre tras ser imputado en el caso Madrid Arena como máximos responsable de Madrid Espacios y Congresos, la empresa municipal que gestiona el pabellón.

El portavoz del PP no ha descartado aun así, "en función de como avance la investigación judicial", la posibilidad de sumar nuevas dimisiones o ceses de cargos "de la empresa municipal" a la de su expresidente y exdelegado de Economía, Pedro Calvo, "que no tuvo ninguna responsabilidad", ha acotado Núñez, y mantiene su acta de concejal.

El delegado de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad, Antonio de Guindos, que no tiene acta de concejal, ya avanzó que, en caso de ser imputado por la justicia, dimitiría del cargo. Añadió sin embargo que no tenía intención de cesar a la concejal de Seguridad, Fátima Núñez, que depende orgánicamente de él.

Jaime Lissavetzky hace públicas las conclusiones de los socialistas. / LUIS SEVILLANO

Varias de las conclusiones propuestas por el PP atañen precisamente al área de Seguridad, en la que afloró durante la comisión falta de coordinación entre los servicios de emergencia médica (Samur) y la Policía Municipal. El Ayuntamiento va a crear un mando único operativo que coordine a estos dos cuerpos y a los bomberos de cara al control de actos multitudinarios; al frente se colocará, de forma rotatoria, un representante de cada uno de ellos.

Además, se "actualizarán los procedimientos operativos de emergencia para hacerlos más eficaces", con el fin de evitar situaciones como la de aquella noche, en la que, según su responsable político, el Samur no fue avisado con tiempo por la Policía Municipal para organizar un dispositivo médico adecuado.

Durante la comisión, el Ayuntamiento se descargó de responsabilidades porque la fiesta, pese a celebrarse en un recinto municipal, era privada. Ahora aboga por cambiar la ley regional para que la Policía deba vigilar "de forma permanente" cualquier acto en un recinto privado con más de 5.000 asistentes.

Respecto a la seguridad del Madrid Arena, que el PP ha defendido sin fisuras, pese a que conocía desde 2010 un informe de técnicos de Urbanismo que señalaba diversas deficiencias, el dictamen apuesta por reforzar las inspecciones en las instalaciones municipales; y por crear un registro que actúe de hecho como de licencias para estos edificios, que según el PP no tienen por ley obligación de contar con estos documentos para poder operar. El Gobierno municipal intentó en varias ocasiones obtener licencia de funcionamiento para el Madrid Arena, pero le fue denegada precisamente por las deficiencias halladas en 2010.

Además, el Ayuntamiento definirá los usos permitidos para estos edificios, evitando así que se empleen para espectáculos para los que nunca fueron pensados, como ocurrió con el Madrid Arena al albergar una macrofiesta. En este sentido, tal y como ha adelantado hoy EL PAÍS, el aforo de las instalaciones municipales se recortará drásticamente, al permitir que asista el mismo público de pie que podría hacerlo en caso de estar sentado.

En opinión del líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, la comisión sólo ha servido para que el PP se descargue de responsabilidad jurídica pensando en la investigación del juez. A ello achaca Lissavetzky los vetos de comparecencias y documentación impuestos por el PP, que llevaron a Izquierda Unida a retirarse de la comisión (aunque hoy ha presentado también sus conclusiones).

Lissavetzky ha exigido el cese de Antonio de Guindos y de Fátima Núñez; del inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, y otros responsables policiales; de la delegada de Urbanismo, Paz González, y dos altos cargos, por no remediar las deficiencias detectadas en el Madrid Arena; del vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, por "dar información sin contrastar y por la falta de coordinación de las áreas, y, aunque no se le puede acusar formalmente, por dar un presunto trato de favor a los organizadores de la fiesta". "Y pedimos a Ana Botella una reflexión: estaríamos encantados de que presentara su cese", ha añadido el líder municipal.

Tanto el líder de Izquierda Unida, Ángel Pérez, como el de Unión Progreso y Democracia, David Ortega, han coincidido en señalar que hubiera bastado con cumplir la ley para poder evitar o mitigar la tragedia. Ortega ha exigido que se cierre el Madrid Arena hasta solventar las deficiencias detectadas en 2010; que se remedie la "laguna jurídica" para que el Samur deba supervisar los servicios médicos en actos multitudinarios aunque sean privados (cobrando en este caso una tasa); y que las próximas comisiones de investigación no puedan ser cercenadas por un partido aunque cuente con mayoría absoluta, para evitar así que se convierta "en juez y parte".

Pérez ha acusado al Ayuntamiento de ser "corresponsable" de la tragedia por no haber evitado la actuación de "un empresario que quería lograr un beneficio ilícito, poniendo en riesgo la vida de los madrileños". "Es intolerable, y más aún en una instalación municipal", ha añadido el líder de IU. "Se fue demasiado transigente con la empresa. Si el Ayuntamiento niega irregularidades y dice que todo funcionó bien, en cualquier momento podría repetirse la tragedia", ha concluido.

El juez admite una nueva acusación popular

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ

El juez Eduardo López Palop, que instruye el caso Madrid Arena, ha admitido la personación como acusación popular del sindicato Coalición Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid (CITAM), según han informado fuentes judiciales. CITAM, constituido en 2007con el 8% de los trabajadores municipales, se suma así al pseudosindicato Manos Limpias y el policial SUP.

López Palop ha comunicado a los abogados de las acusaciones populares que solo va a admitir a un abogado que las represente a todas, mientras que las acusaciones particulares, que representan a las familias de las cinco víctimas, sí que podrán tener el suyo propio cada una. Mañana, a partir de las once de la mañana, el juez acompañará a los abogados de las familias a una inspección ocular del Madrid Arena.

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