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Bildu y los socialistas pactan crear un censo de defraudadores

Las dos formaciones acuerdan asimismo aprobar el nuevo impuesto a los ricos

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La diputada de Hacienda de Gipuzkoa, Helena Franco, de pie a la derecha, antes de comenzar la Comisión de Hacienda en las Juntas. En primer término, los socialistas Rafaela Romero y Julio Astudillo.

El Gobierno foral de Bildu creará en Gipuzkoa un censo de defraudadores gracias a los votos de los socialistas. El entendimiento entre estas dos formaciones en materia fiscal es un hecho y ha vuelto a ponerse de manifiesto en las Juntas Generales del territorio al sumar sus votos para sacar adelante el mencionado Registro de Obligados Tributarios de Especial Riesgo (ROTER). También se han apoyado en la misma sesión para aprobar el nuevo Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas (IRGF). En ambos casos, Aralar también ha votado a favor, mientras que el PP y los populares se han desmarcado.

El censo de defraudadores, de carácter interno y confidencial, incluirá a aquellas personas o entidades que estén incursas en procedimientos penales o administrativos derivados de incumplimientos fiscales. Su creación se sometió, a petición del PSE-EE, al dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Diputación, integrada por seis juristas, quienes dieron su conformidad por unanimidad en octubre pasado.

Los socialistas han explicado que sus aportaciones han permitido que la norma foral que se aprobará en el pleno de este mes es “más garantista”, porque permite que cualquier contribuyente pueda saber si está o no incluido en este listado y exigir que le sea notificado el momento en el que deje de figurar en él.

El portavoz del PP; Juan Carlos Cano, ha explicado que su partido se ha abstenido porque el registro "debe ser más garantista en la presunción de inocencia, independientemente de la cantidad y gravedad de las imputaciones y transparente en la comunicación, haciendo saber al afectado su inclusión en el registro”.

Como estaba previsto, los votos de Bildu y PSE-EE también permitirán que en 2013 entre en vigor el impuesto a los ricos, que sustituirá al de Patrimonio. Bizkaia ha optado por mantener este tributo, aunque con reformas. La normativa guipuzcoana deja el mismo límite exento que el de Patrimonio en 700.000 euros, y también la exención de 300.000 euros de la vivienda habitual. Una de las principales novedades del nuevo impuesto es la inclusión de los bienes y derechos afectos a actividades económicas y participaciones en determinadas entidades. Este tipo de bienes están actualmente exentos en el Impuesto de Sociedades, pero tributarán en la nueva figura impositiva, aunque lo harán con una bonificación del 75%.

La otra novedad más destacable es la eliminación del denominado "escudo fiscal", un límite de pago incluido en el Impuesto de Patrimonio por el que, sumando lo que los contribuyentes debían aportar por Patrimonio e IRPF, no se debía pagar una cantidad superior a 60% del total de la renta declarada.

En opinión de Rafaela Romero, portavoz socialista en la Cámara provincial, este nuevo gravamen va "en línea" con lo defendido por el lehendakari en funciones Patxi López, cuando propuso durante su mandato una tributación “más justa, más equitativa y más progresiva”.

La juntera del PNV Itziar Agirre ha asegurado que el acuerdo Bildu-PSE "supone un castigo a las empresas familiares de Gipuzkoa, que podrían tener incluso que vender las participaciones de su propia empresa para poder hacer frente al nuevo impuesto que la Diputación va a establecer con la ayuda del partido socialista”. Cano, del PP, ha indicado que "Bildu ha aprovechado la crítica situación económica para poner bajo sospecha a todo el empresariado guipuzcoano".