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Las entidades temen la “extinción” de la atención a la discapacidad intelectual

El sector denuncia que los recortes restan 47,5 millones a los servicios

Miles de personas llenan la plaza de Sant Jaume en defensa de “un modelo de éxito”

Más de cuatro mil personas clamaron ayer contra los recortes en la plaza Sant Jaume de Barcelona.

El 0,6% de los catalanes tiene una discapacidad intelectual. El colectivo sufre especialmente la crisis. Cinco mil personas —2.500 según la Guardia Urbana—, llenaron ayer la plaza Sant Jaume de Barcelona. Su lema: “Esto sí que no. Si nos recortáis, desaparecemos”. José, que vive en un piso tutelado por la fundación Pere Mitjans, defendía un modelo que “promueve mi calidad de vida como ciudadano de primera”. Juli, desde su silla de ruedas, apoyaba a quienes le “cuidan cada día”. Núria lamentaba que “siempre paguen el pato los más débiles”.

Dincat, que agrupa a las entidades que atienden al colectivo, cifra en 47,5 millones de euros los recortes aplicados este año. Y alerta del peligro de desmantelamiento de un modelo de inserción que se inició en los setenta, cuando era un tema tabú y muchas familias lo mantenían en secreto. “Los recortes afectan a toda la cadena. A escuela, formación, salud, vivienda, trabajo... Estamos perdiendo derechos constantemente, porque se reducen las ayudas individuales, pero también servicios. Estamos en peligro de extinción”, asegura la presidenta de Dincat, Rosa Cadenas. La organización asegura que las entidades se han ajustado, incluso con expedientes de regulación de empleo. “Hasta ahora hemos subsistido. Si siguen por este camino desapareceremos, una situación que genera mucha angustia a las familias”.

Todo el modelo está afectado. Solo en educación ronda los 1,5 millones de euros. Servicios sociales (16 millones) y ocupación (30 millones) se llevan lo peor. Cifras que incluyen recortes y congelaciones presupuestarias, porque las subvenciones no se actualizan desde 2009. Tras los datos hay personas. Proyectos vitales que podrían ver truncado su equilibrio. Paola, vital y alegre, tiene una discapacidad del 75% y necesita ayuda de terceros. A punto de cumplir 18 años, cobra 500 euros cada seis meses y 354 euros mensuales por la ley de dependencia. “Antes eran 417, es decir recibe 63 euros menos”, cuenta su madre, Mari Carmen García, a quien le cuesta conciliar el sueño desde que supo que no había plazas en los talleres ocupacionales. Paola ha terminado su etapa en el centro de educación especial Jeroni de Moragas (Cerdanyola). “Tengo miedo de perder la estabilidad que tanto costó conseguir. Los centros que le tocan están llenos, están lejos o atienden a quienes están peor. No quiero que vaya a un sitio donde en lugar de avanzar, retroceda”.

La Generalitat ha anunciado más contención para 2013. Podría ser la puntilla para una infraestructura que atiende a 50.000 discapacitados, de los que 8.700 trabajan. Los recortes pueden dejarlos en casa, convirtiéndose en población pasiva. Otras 2.140 están tuteladas. El resto, en centros ocupacionales o residencias.

Albert Vidal dirige la Fundació Maresme, que atiende a 2.000 personas. Los recortes en residencias rondan los 100.000 euros, (4%). En los centros especiales de trabajo han recibido el 25% menos, “unos 400.000 euros”, y ya son deficitarios. Vidal tiembla al pensar en el nuevo tijeretazo, “porque el proyecto será inviable”. En l'Arboç, por ejemplo, han pasado de dar un “servicio notable a suficiente. No solo es que la ratio de un profesional por alumno ya no sea posible. Sinceramente, temo su cierre”. Una escuela con 50 alumnos con movilidad reducida y discapacidad psíquica severa.

Cadenas concluye: “Sabemos que la situación es difícil y lo entendemos, pero deben comprender que estamos al límite. Nuestra actitud seguirá siendo constructiva, pero también reivindicativa. Están en juego derechos que costó años consolidar”.

 

"Congelan nuestra vida"

Gerard, de 20 años, trastea con su ordenador.

Gerard sueña con irse a vivir a un <CF1005>loft</CF> con su novia. Ambos tienen capacidad para ser independientes, lo que también implica trabajar, aunque tienen síndrome de Down. El joven, de 20 años, fue al colegio ordinario hasta segundo de la ESO. Después pasó a la escuela especial. Hace dos años debía acceder al Servicio de Orientación e Inserción (SOI) “para prepararse para la vida laboral, pero no había plazas”, cuenta su madre, Dèlia Pont.

Todavía no hay. La lista de espera en Mataró supera las 40 personas. Su madre, que se quedó en el paro, no ha vuelto a buscar trabajo, “a la espera de que se resuelva una situación” que repercute en la “economía y la estabilidad anímica familiar”.

Estos chicos, con continuidad, pueden salir adelante, asegura Pont. "Pero si se rompe la cadena, si pierden el hilo, retroceden en su proceso de aprendizaje. Recortes y congelaciones también congelan nuestras vidas”.

La familia de Gerard y otras 13 más de la comarca del Maresme promueven un plan alternativo para evitar que sus hijos se queden en casa. A través de la Fundació Maresme han organizado un curso que, “por 110 euros mensuales”, financiados por los padres, les atienden por las mañanas. “Si siguen recortando no podremos tirar hacia adelante", lamenta. Sin olvidar que no todo el mundo puede “asumir el pago de un servicio que debería ser subvencionado por el sistema”.