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Agbar impugna la adjudicación de Aguas Ter-Llobregat a Acciona

La compañía denuncia opacidad, “trato de favor” y una oferta económica inasumible

Dani Cordero

Agbar ha impugnado la privatización de la empresa pública Aguas Ter-Llobregat, por la que optaba y que finalmente perdió ante una alianza de empresas liderada por Acciona. El grupo solicita a la Generalitat la anulación del concurso y no descarta acudir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para continuar su batalla para conseguir la gestión de la empresa, un negocio de 1.000 millones de euros convertido en la gran privatización del Gobierno de Mas.

El escrito entregado ante el Departamento de Presidencia el pasado viernes es claro en sus acusaciones. Agbar considera que durante el proceso ha sufrido “una grave indefensión”, a causa del “trato de favor” prestado a Acciona. Lamenta la “falta de transparencia” del Departamento de Territorio, responsable del concurso, al negar a Aguas de Barcelona la posibilidad de examinar la oferta presentada de su rival, por considerarla “confidencial”, mientras que acusa a la consejería que pilota Lluís Recoder de “celebrar reuniones” con Acciona durante el proceso abierto.

Sobre el factor de la confidencialidad, Agbar cuenta con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que en una interlocutoria ordena al departamento facilitar toda la documentación relacionada con la proposición y la oferta económicas que efectuó Acciona para ganar el concurso.

Asimismo, el perdedor del concurso cuestiona la valoración de la oferta técnica y la posibilidad de que Acciona pueda cumplir con el compromiso tarifario que le permitió ganar el concurso. “No es creíble”, señala el texto, argumentando que se mantienen sin tocar los costes salariales y que Acciona no puede implantar economías de escala.

Otro de los elementos de los que se vale Agbar para pedir la anulación del concurso es la presencia de Ferran Rodés en el Consejo de Administración de Acciona, pese a ser el presidente del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de la Generalitat, lo que le convertiría en “alto cargo” y haría incompatible la adjudicación a Acciona.

Agbar también denuncia que Acciona, con el permiso de la mesa de contratación, habría incumplido el procedimiento de contratación, al no entregar dos documentos preceptivos: la memoria justificativa de la agrupación empresarial y el plan de igualdad.

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Sobre la firma

Dani Cordero
Dani Cordero es redactor de economía en EL PAÍS, responsable del área de industria y automoción. Licenciado en Periodismo por la Universitat Ramon Llull, ha trabajado para distintos medios de comunicación como Expansión, El Mundo y Ara, entre otros, siempre desde Barcelona.

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