La espada, en alto
Un litigio entre dos familias que se consideran herederas de la ‘Tizona’ del Cid queda visto para sentencia a pesar de que la pieza ya fue vendida en 2007
Las espadas están en alto. Mejor dicho, la espada: y más precisamente, la Tizona. La misma que Ruy Díaz de Vivar, El Campeador, blandió mil años ha por tierras mesetarias contra el infiel. De uno de ellos, Al Mutamid, procedía esta arma temible fundida en una fragua sevillana en torno al año 1027. En manos de un brazo como el del legendario batallador, el arma garantizaba la victoria en cualquier combate. Su penúltima pelea se libra ahora en el Juzgado de instrucción 72 de Madrid. ¿Podrán los dos filos del acero cortar el nudo que sobre él se estrecha?
La soga que cierne la milenaria espada es el conflicto en torno al millonario precio pagado por un consorcio burgalés para que quedara depositada en el Museo de Burgos: 1.6 millones de euros. Por esa suma litigan —en una vista celebrada el jueves— dos herederas de un legado cedido por un marqués, el XVII de Falces, cuyo linaje ha sido propietario del legendario mandoble desde el siglo XV. Su testamento, a favor de sus cuidadores personales, que no de sus parientes, torció el esquema previsto.
Al pasar los bienes del marqués a Salustiano y Jacinta, que así se llamaban los cuidadores, la espada entró en una galerna jurídica cuya bruma puede quedar disipada en los próximas días, no más de 20 en el más rápido de los casos, cuando la magistrada-juez del Juzgado 72 resuelva qué sentencia decide emitir al respecto.
La cuestión es delicada. Amén de enjundiosa. Y muy compleja. Tizona no se puede romper en dos. Tampoco cabría revertir la venta, consumada en 2007. Es un bien de interés cultural desde cinco años antes. Además, existe mucha electricidad, demasiada, a su alrededor. Su significación simbólica está asociada a las raíces legendarias de Castilla y a uno de sus personajes más señeros, cuya espada le hizo caballero temible.
Los 93 centímetros de longitud de su hoja, así como los 4,30 centímetros de anchura, se ven tajados por un canal dispuesto en el centro de su doble filo para acelerar la muerte del herido al inyectar aire por la brecha abierta. Ello confería a este leño de hierro ardiente un poder extraordinario. Su poderío material se veía envuelto además con un aura de otra naturaleza: la del mito que rodeó la vida del Mío Cid. Las gestas del burgalés fueron glosadas al parecer un monje cluniacense, Jerónimo Visque, que acompañó al Campeador hasta Valencia, donde él le nombró obispo.
Para una de las partes hoy en litigio, el arma no pudo ser vendida sin su autorización, por considerarse legataria de Tizona. Comoquiera que la venta la consumó la otra parte, las demandantes, dos de las tres hijas de Jacinta y Salustiano, llamadas Carmen y Olga, reclaman la mitad del dinero generado con la venta. Su letrado, José de Hijas, argumenta que Tizona históricamente quedaba vinculada al titular del marquesado. Pero hete aquí que, en 1924, Pilar Dueñas y Tejero, condesa de Tavira y esposa del XIV marqués, al enviudar de él decide legar la propiedad de la espada a un sucesor, no precisa un heredero, si bien ella no fue nunca marquesa de Falces. Así pues el arma quedaba desvinculada del título nobiliario y sin posibilidad de ser parcialmente enajenada. Tal es el argumento que empleó el abogado de las demandantes para reivindicar la cuota correspondiente a la venta de la espada, adquirida a José Ramón Suárez del Otero, sobrino carnal del marqués testatario y hoy titular del marquesado de Falces, por un consorcio de industriales de Burgos, que la cedió a la junta de Castilla y León. Su propósito era supuestamente el de que tan renombrado estoque medieval quedara retenido en la capital castellana con el fin de ser mostrado al público en el Museo de Burgos, ciudad de la que Vivar del Cid, donde el Campeador naciera, apenas dista dos leguas.
Según expuso en la sala de la vista Javier Ruiz, abogado del vendedor de Tizona, los plazos de reclamación —seis años en el caso de bienes de este tipo— han prescrito y las demandantes no presentan ningún título de propiedad respecto al bien material concernido. Por el contrario, argumenta que su cliente, el vendedor del valioso acero, sí muestra los requisitos documentales exigidos ya que, desde 1944 hasta el traslado del museo del Ejército a Toledo, en 2005, la espada del Cid fue exhibida en el desaparecido museo madrileño previa firma y prórroga de un consorcio entre los padres de su cliente y el Ministerio de Defensa.
En el origen del conflicto se sitúa, además, la promesa hecha a Suárez del Otero por parte del Ministerio de Cultura del Gobierno del PP para comprarle la Tizona por 1.5 millones de euros, ya que el tenedor de la espada no deseaba que fuera a parar a Toledo sino más bien a Burgos o a Valencia, a su juicio más vinculadas a las correrías del Campeador.
Al cambiar el Gobierno y subir al poder los socialistas, estos se replantean la operación de venta, que queda cancelada. Suárez del Otero, sin saberlo las ahora demandantes, busca compradores y acude a la Junta de Castilla y León, entonces en manos del PP. Se busca la fórmula del consorcio de los industriales y estos desembolsan el millón y medio largo de euros que hoy se encuentra en disputa. Puede suceder de todo, pero al igual que su dueño cabalgara después de muerto, los filos de Tizona refulgen todavía un milenio después de ser cincelada.
