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La Generalitat se muestra dispuesta a reducir los privilegios de los expresidentes

Ciscar responde a EU que se reconsiderarán las prerrogativas con todos los partidos pero no concreta cuáles

Valencia -

El Gobierno valenciano está abierto a que la ley de Estatuto de expresidentes de la Generalitat "sea objeto de reconsideración y análisis", dada la actual coyuntura económica y social, y opina que la "reconsideración de las prerrogativas" debe ser tratada con el mayor consenso de los grupos parlamentarios.

Así lo expone el vicepresidente del Consell, José Císcar, en el criterio emitido por el Consell a una proposición de ley de Esquerra Unida que pide que se derogue ese Estatuto, por entender que contempla "unos privilegios difícilmente justificables", a la que el Gobierno valenciano se opone porque "simplifican la cuestión al todo o nada".

El Estatuto de expresidentes, aprobado en 2002 por el PP y el PSPV-PSOE, otorga prerrogativas como el tratamiento vitalicio de molt honorable, medios materiales (como una oficina de apoyo con dos asesores, un conductor y un vehículo del parque móvil de la Generalitat) y la condición de miembros permanentes del Consell Jurídic Consultiu.

"Estamos abiertos a este debate porque entendemos que las instituciones y su regulación han de estar siempre al servicio de la ciudadanía", expone Císcar, quien señala que las consideraciones que llevaron a aprobar la norma hace diez años "han de ser moduladas, sin embargo, por la actual coyuntura económica y social".

Císcar destaca que el Consell "ha demostrado que está decidido a acometer las reformas que hagan falta en un escenario de austeridad que nos lleva a todos, sin excepción, a replantear nuestro orden de prioridade".

A su juicio, la "reconsideración de las prerrogativas" recogidas en esa ley debe ser "abordada por todos los grupos parlamentarios desde la "reflexión serena y racional" y la responsabilidad, que parta de "unos principios básicos de acuerdo para abordar, después, los espacios de discrepancia".

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El Consell aboga por alcanzar "el mayor consenso posible" sobre una regulación que "no tiene otro sentido que el de ofrecer condiciones para asegurar la dignidad de aquellos que han tenido, tienen o tendrán la responsabilidad de ostentar la más alta representación" de la Comunidad Valenciana.

Asimismo, expone que esa ley es una disposición de carácter general que plasma "la necesidad de proporcionar respeto institucional" a todos aquellos que han ejercido "las altas responsabilidades" que supone la Presidencia de la Generalitat.

El Gobierno valenciano recuerda además que se trata de una ley que, en el momento de su votación, en el año 2002, obtuvo "el respaldo mayoritario de la Cámara, fruto de un amplio consenso" que estimó que el Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat "contribuía al fortalecimiento de las instituciones de autogobierno".

Asimismo, manifiesta que se trata de una regulación análoga a la existente para el Gobierno de España y para los expresidentes de muchas otras comunidades autónomas, como Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha o Galicia.

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