Dos exdirectivos de Ferrocarrils que malversaron 2,7 millones piden el indulto

Enric Roig y Antonio Herce, dos expresidentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) condenados por malversar 2,7 millones de euros han pedido al Gobierno central el indulto para eludir el ingreso en prisión. En junio, el Tribunal Supremo les condenó a cuatro años y medio de cárcel por contratar un plan de pensiones ilegal. Pero aún no han entrado en la cárcel ni han devuelto el dinero a la empresa pública, con la que mantienen negociaciones para entregar esa cantidad a plazos.

La Audiencia de Barcelona había impuesto a Herce y Roig una pena de seis años. El Supremo la rebajó, pero condenó a ambos —y no solo a Herce— a ocho años de inhabilitación. La defensa de Herce, que fue presidente entre 1999 y 2002, interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal de Constitucional. La de Roig (su antecesor en el cargo desde 1993) pidió la nulidad de la sentencia. Ambos solicitaron, además, el indulto y pidieron que el ingreso en prisión quedara en suspenso hasta que resolviera el Gobierno central.

Como la Audiencia no ha puesto objeciones, el Constitucional ha accedido a paralizar la entrada en la cárcel, pero solo hasta que decida si admite o no el recurso. Mientras todo eso se resuelve, los condenados mantienen conversaciones con Ferrocarrils para buscar una forma de pago y establecer las cantidades (intereses, etcétera) que satisfagan a las dos partes. Según la sentencia, ambos deben responder de forma solidaria por los 2,71 millones del “expolio de dinero público” obtenido a través de un plan de pensiones, en palabras del fiscal.

En una providencia dictada este mes, los magistrados de la Audiencia se han interesado por el caso y han preguntado al perjudicado, FGC, si los condenados han satisfecho ya su responsabilidad civil. La empresa pública contestó que no, pero le informó sobre el proceso negociador. Fuentes de la defensa explican que se trata de cantidades muy elevadas y que deben buscar una fórmula para hacerles frente.