Un informe fantasma pone bajo sospecha a Artur Mas sin indicios

El juez niega validez al “borrador” que vincula al presidente catalán con el cobro de comisiones en el caso Palau

Un supuesto “borrador” de un informe policial sobre el caso Palau —que nadie ha visto y que no se ha aportado a la causa— ha puesto bajo el foco al presidente de la Generalitat, Artur Mas, en plena campaña electoral. Ni el juez ni el fiscal que llevan el caso, y ni siquiera el Ministerio del Interior, conocen la existencia de un documento que sitúa a Mas como beneficiario de las comisiones irregulares que una constructora pagó, supuestamente, a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través del Palau de la Música, institución emblema de la cultura catalana.

El diario El Mundo publicó este viernes que Mas y su antecesor en el cargo, Jordi Pujol, recibieron parte del dinero que empresas constructoras habían abonado al Palau como medio para lograr la adjudicación de obras públicas. Las informaciones se basan en un supuesto borrador de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía que no consta en el sumario y que nadie ha solicitado. Interior ha abierto una investigación interna para aclarar si existe ese documento y, en caso de que así sea, averiguar cómo se ha filtrado. Fuentes judiciales y policiales expresaron este viernes su sospecha de que se trata de un informe fantasma, aireado en campaña electoral para frenar las expectativas de Mas como candidato por CiU.

En una nota, el juez que investiga el saqueo del Palau, Josep Maria Pijuan, negó validez alguna al supuesto borrador. El pasado mayo, relata el juez, la UDEF le remitió su último informe sobre la presunta financiación irregular de CDC. Desde entonces, recuerda, no ha pedido a la unidad “ni la ampliación, ni ninguna otra investigación” del caso. Al juzgado, añade la nota, “no le consta” que haya nuevas indagaciones. Pijuan reitera que desconoce “la existencia de cualquier tipo” de documento.

El comunicado del juez incluye un aviso a la policía. El juez recuerda que “ni la UDEF ni ningún otro órgano de la policía judicial” pueden realizar investigaciones por su cuenta, sin el mandato del juez. Sobre la filtración, añade que “cualquier información (...) ha de ser comunicada, de manera urgente y exclusiva, al juez”.

El informe de la UDEF que sí se remitió al juzgado el pasado mayo —ratificado por otras indagaciones de Hacienda que, igualmente, figuran en el sumario— sostiene que Ferrovial pagó grandes sumas de dinero al Palau en concepto de “mecenazgo”. El dinero, en realidad, iba destinado a las arcas del partido nacionalista a cambio, presuntamente, de la adjudicación de grandes obras públicas —como la Ciudad de la Justicia o una línea de metro— otorgadas en la última etapa de Gobierno de Jordi Pujol (1999-2003).

La presunta mordida suponía el 4% del importe de las adjudicaciones. Más de la mitad de esa cantidad (el 2,5%) iba a parar, presuntamente, a CDC. En total, más de tres millones. El resto (1,5%) era para los saqueadores confesos del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, por su labor como intermediarios. Eso es lo que dicen los informes aportados al juzgado.

El borrador destapado por El Mundo añade que ese 1,5% no solo se lo repartían Millet y Montull, sino también cargos políticos y sus familiares. La información publicada este viernes apunta a Mas y a Pujol. El documento contiene, añade el rotativo, un “archivo” que “se intentó borrar sin éxito”. En ese supuesto archivo aparece una anotación muy explícita sobre el supuesto pago de comisiones a Oriol Pujol, el primogénito del expresidente catalán. “Pendiente de pago el 20% de lo asignado al Palau, a JP hijo, sacar en efectivo y entregar en mano en lugar habitual, su padre ya ha sido informado como siempre”. La información también alude a unas supuestas cuentas en Suiza de las que Mas habría sido beneficiario. Un portavoz del líder de CiU negó este viernes que posea cuenta alguna en ese país. Mas interpretó que el Estado “se ha puesto en marcha contra la aspiración de Cataluña”.

Desde la llegada del PP al poder se han sucedido investigaciones sin tutela judicial sobre presuntos casos de corrupción que afectan a políticos. Una de esas indagaciones semiclandestinas versó sobre el ático marbellí del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

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