El fiscal rebaja la petición de pena a los policías corruptos de Ronda
El informe final del ministerio público retira los delitos de abuso sexual y fraude
En febrero de 2007, la ciudad de Ronda (Málaga) se vio sobresaltada por uno de los mayores escándalos policiales que se recuerdan en Andalucía. Siete agentes del Cuerpo Nacional de Policía, entre ellos el inspector jefe al mando de la comisaría, y un guardia civil fueron detenidos por supuestamente hacer la vista gorda ante el menudeo de droga y las infracciones a la ley de Extranjería en tres prostíbulos de la ciudad. A cambio, los policías recibían pequeñas cantidades de dinero y favores sexuales.
La investigación, que se prolongó durante más de dos años, terminó exculpando a dos de estos agentes. Finalmente, en octubre de 2011, tras una suspensión debida a que los abogados de los policías exigían conocer la identidad de una veintena de testigos protegidos, la mayoría mujeres extranjeras que ejercían la prostitución, se inició el juicio. El fiscal pedía para los ocho procesados, entre los que estaban los agentes y los dueños de los locales de alterne, un total de 39 años de cárcel.
El juicio quedó visto para sentencia el pasado jueves, aunque las consecuencias penales para los procesados han quedado notablemente rebajadas. El principal acusado, el ex inspector jefe Juan Antonio Rodríguez, se enfrentaba en un principio a una petición fiscal de 14 años de prisión y 22 de inhabilitación. Al terminar la vista oral, el fiscal ha reducido esta reclamación penal a un año de prisión y seis de inhabilitación absoluta. La suma de penas que solicita el fiscal es de cinco años y medio de cárcel para todos los miembros de la trama.
La rebaja en la pena se debe a que, tras celebrarse el juicio, la fiscalía hace un nuevo relato sobre estos hechos. El ministerio público recuerda que los tres clubes de alterne eran considerados “puntos conflictivos” en materia de extranjería y de pequeño tráfico de drogas y que pese a ello, los agentes “limitaron la intervención policial” a “actuaciones meramente rutinarias”. Sin embargo, el fiscal retira la acusación de omisión del deber de perseguir delitos que mantenía sobre los cuatro policías al entender que “no ha quedado acreditado” que los agentes tuvieran la “certeza” de que en los tres prostíbulos se estuvieran cometiendo delitos de explotación sexual y de tráfico de drogas. Esta acusación sólo la mantiene en el caso del ex guardia civil Rosendo Sánchez.
El más grave de los delitos que contemplaba inicialmente el fiscal era el de abusos sexuales. En el caso del inspector jefe Rodríguez, se relata que mantuvo relaciones sexuales con una mujer —la testigo 16— que se dedicaba a cuidar ancianos y que se encontraba irregularmente en España. Pese a conocer ese hecho, según la Fiscalía, el policía “le ofreció su protección” y le propuso mantener relaciones sexuales. El fiscal señala que la mujer aceptó la propuesta, por lo que no cabe hablar de abuso sexual sino de abuso en el ejercicio de la función pública. Tampoco ha quedado acreditado en el juicio que Rodríguez demandara trato carnal a otra mujer —la testigo 9— a raíz de su detención por estancia ilegal.
El inspector jefe sigue acusado de cohecho ya que acudía a uno de los tres prostíbulos y demandaba consumiciones y servicios sexuales que nunca pagaba. Según el fiscal, Rodríguez intuía que esas atenciones “le eran dispensadas solo en atención a su cargo” y “disuadirle de iniciativas que incrementaran la presión policial sobre los locales”.
Otro de los policías, Francisco Ramírez, encargado de Extranjería en la comisaría rondeña, acumula las mayores penas. Se le acusa de prevaricación por provocar la caducidad del expediente de expulsión de la novia del dueño de uno de los prostíbulos.
El ministerio público retira la acusación de proxenetismo sobre los dueños de los locales al entender que "no ha quedado acreditado" que las mujeres que ejercían la prostitución en ellos lo hicieran contra su voluntad o forzadas por situaciones de miseria.
Una trama de Asuntos Internos desinflada con el tiempo
La operación contra los agentes corruptos de la comisaría de Ronda, fraguada por la brigada de Asuntos Internos, se ha ido desinflando con el paso de los años. Al iniciarse la investigación, la ristra de delitos abarcaba medio Código Penal. Entre ellos figuraban, entre otros, abusos sexuales, delitos contra la salud pública, estafa o extorsión. La mayoría de estas conductas se han ido diluyendo.
Los procesados han respondido finalmente por delitos menores —todos con penas inferiores a cinco años—: omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, prevaricación, abusos en el ejercicio de la función pública y falsedad documental.
Los dos supuestos cabecillas iniciales de la trama fueron los agentes de escala básica que, según Asuntos Internos, se habían convertido en “los amos de la comisaría” y consiguieron corromper al inspector jefe Rodríguez, enviado por Interior a Ronda para poner orden en una comisaría especialmente conflictiva.
Estos agentes rasos, Antonio Ramírez y Diego Benítez, que pasaron varios meses en prisión provisional, son, curiosamente, los que se enfrentan a una petición de pena más leve: 6.000 euros de multa y tres años de inhabilitación por cohecho.
Según el relato del fiscal, los agentes, tras conocer que la encargada de uno de los prostíbulos se hallaba en situación irregular en España, le exigieron una participación en los beneficios del local. La mujer “se vio compelida a pagar cantidades no inferiores a 300 euros mensuales” que Ramírez y Benítez se repartían entre sí.
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