El Consell reformará más de 600 viviendas para alquiler social

Agricultura anuncia la supresión de las cámaras agrarias

El problema de los desahucios pesa como una losa sobre los políticos, conscientes de la dificultad que supone explicar a los ciudadanos que los bancos rescatados con dinero público arrojen a la calle a personas que no pueden hacer frente a las hipotecas por culpa de la crisis económica. En Madrid Gobierno y PSOE negocian las reformas legales para facilitar alquileres sociales y evitar situaciones tan dramáticas que han empujado hasta el suicidio a personas que se han visto incapaces de soportar la presión que ejercen las entidades financieras.

En la Comunidad Valenciana la consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, aprovechó su comparecencia en la Comisión de Economía de las Cortes Valencianas donde se debaten los presupuestos de la Generalitat para anunciar que su departamento va a reformar 695 pisos vacíos propiedad del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) para cederlos con un alquiler social a personas que han sufrido un desahucio. Bonig explicó que el plan que prepara su consejería dispone de un presupuesto de cinco millones que se invertirán “conjuntamente con ayuntamientos y otras asociaciones dispuestas a invertir a cambio de que se cedan las viviendas a familias necesitadas que hayan sido objeto de desahucio” La consejera explicó que una comisión de la que formarán parte los ayuntamientos estudiará las peticiones y determinará qué familias optan a los alquileres que, según dijo, oscilarán entre los seis y los 260 euros mensuales “según las necesidades”

El IVVSA tiene un patrimonio de unas 16.000 viviendas sociales –incluidos locales comerciales- de las que hay 605 vacías .La consejería trata de recuperarla titularidad de otras para que se agreguen a la bolsa destinada a los desahuciados. El plan inicial de la consejería para acoger a las familias que hayan perdido su vivienda por el impago de las hipotecas ascendía a 3.500 viviendas. Bonig explicó que esa cifra incluía pisos privados, cuya disponibilidad se está tratando con entidades financieras para que aporten su parque inmobiliario.

En la Comisión de Economía de las Cortes también compareció la consejera de Agricultura, Maritina Hernández, quien anunció la supresión de las cámaras agrarias, cuyas funciones pasarán a ser asumidas por su departamento con el objetivo de racionalizar las estructuras territoriales. Hernández reconoció que su consejería se ha visto más afectada que otras por las medidas de contención del gasto; pero defendió su presupuesto afirmando que era “el único posible. No hay ni un céntimo que nos e destine a algo que no sea totalmente imprescindible”.

Los portavoces de los grupos de la oposición lamentaron la disminución del presupuesto para agricultura y la ausencia de una política racional en el uso del agua.

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