Inhabilitados tres altos cargos por el intento de soborno en Mercasevilla

El juez del caso Mercasevilla, Ángel Márquez, ha condenado a 21 meses de inhabilitación para ocupar cargo público y ha impuesto una multa de 600.000 euros a los tres altos cargos que el jurado declaró culpables por el intento de soborno a los responsables de un grupo hostelero sevillano. Los condenados son Antonio Rivas, exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía, y los exdirectivos de la empresa pública municipal Fernando Mellet y Daniel Ponce. La sentencia considera probado que los condenados urdieron un plan para conseguir una comisión ilegal de 450.000 euros del grupo empresarial La Raza, a cambio de la adjudicación de la gestión de una escuela de hostelería que había recibido una subvención de la Consejería de Empleo.

La sentencia del caso Mercasevilla, que dio origen a la investigación judicial de los ERE fraudulentos, el principal quebradero de cabeza del Gobierno socialista de Andalucía en los últimos años, establece que en el supuesto de que los condenados no respondan a la multa de 600.000 euros tendrán que afrontar una pena de un año de cárcel. En sus conclusiones, la fiscalía había pedido la misma pena de inhabilitación a la que han sido condenados (21 meses), pero solicitaba una multa de 900.000 euros.

El caso arranca en 2008, cuando la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, aprobó una subvención de 900.000 euros a la empresa pública Mercasevilla, gestionada entonces por el PSOE, para instalar una escuela de hostelería. La sentencia considera probado que Rivas, desde su puesto en la Junta de Andalucía, se puso en contacto con Mellet, principal directivo de Mercasevilla, y de “común acuerdo” y para obtener un “enriquecimiento ilícito”, pidieron una comisión de 450.000 euros a los empresarios. Mellet hizo partícipe de la operación a Ponce, subdirector de Mercasevilla, quien “aceptó conociendo la ilegalidad de dicha pretensión”, dice la sentencia.

En una de las reuniones que mantuvieron los directivos de Mercasevilla con los responsables del grupo hostelero, estos decidieron grabar la conversación. En esta cinta, que se pudo escuchar en el juicio, los directivos de Mercasevilla le dicen a los empresarios que “la Junta colabora con quien colabora” y que si accedían a la entrega de la mordida obtendrían otros favores como más subvenciones y la concesión de todos los catering que se organizaran. El dinero, según la sentencia, debía entregarse en efectivo en un maletín.

Esta grabación fue trasladada por los empresarios a la Consejería de Empleo, que decidió ponerla en manos de la Fiscalía de Sevilla, punto de partida de la investigación. El juez Márquez cree que la valoración de las pruebas que hizo el jurado en su veredicto es correcta. Las principales dudas se centraban en el papel del exdelegado de Empleo de la Junta Antonio Rivas, al que el jurado consideró culpable, pese a que el transcurso del juicio pareció favorecerle.

El magistrado subraya que al jurado “le ha quedado probado” que Rivas tuvo “un interés desmedido en la concesión” de la subvención al grupo La Raza y que el ex alto cargo de la Junta estuvo en contacto con Mellet por este asunto, pese a que no era de su competencia.

El juez ha deducido testimonio contra la antigua secretaria de Rivas, Consuelo Velázquez, al considerar que las afirmaciones que hizo en el juicio, en las que exculpaba al exdelegado de la Junta, pueden ser falsas.

El jurado exculpó a una cuarta procesada, Regla Pereira, una funcionaria, al considerar que no tuvo ningún papel en el intento de cohecho.