Las grandes marcas piden que se cree el área comercial con libertad horaria

Desde el Ministerio de Economía aseguran que todavía hay tiempo, pero el plazo para delimitar en Barcelona una zona turística en la que los comercios puedan abrir los festivos expira el próximo 15 de enero y no hay avances. En plena guerra por las competencias en materia de comercio, la Generalitat niega autoridad al decreto liberalizador que aprobó el Gobierno central en julio y el Ayuntamiento de Barcelona hace lo propio para evitar pisar callos en el pequeño comercio. “Lo decidirá el comercio, si se abre el domingo o no”, repite Sònia Recasens, concejal de Promoción Económica del Consistorio. La edil, como el alcalde, Xavier Trias, está realizando auténticos ejercicios de funambulismo político para no molestar a nadie mientras sus técnicos elaboran un informe sobre el impacto que tendría la medida y qué zonas serían las apropiadas para liberalizar el calendario de aperturas.

Los comercios que defienden la zona franca comercial tienen clarísimo cuál ha de ser ese perímetro que considerar: el barrio Gòtic, incluyendo La Rambla y subiendo hasta el paseo de Gràcia. El eje comercial de Barna Centre abandera el proyecto acompañado por la plataforma de Amics de La Rambla, que también suscriben la medida. En el paseo de Gràcia, “existen posiciones tan encontradas respecto a la creación de una zona turística que no tenemos una decisión consensuada sobre su conveniencia”, admite el presidente del eje, Lluís Sans.

Entre tanto, algunas grandes marcas han señalado su interés en aprovechar los flujos los turistas en fin de semana, según fuentes consultadas por este diario. Grandes multinacionales como Nike, Puma, Apple y Burberry quieren sacar partido al tirón del centro de Barcelona para incrementar sus ventas. La japonesa Muji ya ha desafiado la política comercial catalana abriendo su establecimiento de Rambla de Catalunya algún domingo. Y, a tenor de lo que sostiene el presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, en reuniones con los próceres de la economía española, los grandes almacenes también estarían dispuestos a abrir puertas en sus centros de Portal de l’Àngel y de plaza de Catalunya. No en vano fue él quien demandó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que las grandes ciudades con puerto pudieran abrir en festivo para aprovechar el mercado de los cruceristas, tal como posteriormente se trasladó al decreto liberalizador del comercio.

Los grupos mencionados consideran que solo el negocio generado por los turistas llegados en barco a Barcelona en festivo rentabilizaría subir la persiana. Esa es una tesis, no obstante, rechazada por las grandes organizaciones del pequeño comercio, desde la Confederación del Comercio de Cataluña hasta la Fundación Barcelona Comerç, pasando por Pimec Comerç.

Con las elecciones a la vista, las negociaciones se han aparcado. Los partidos conocen a la perfección cuáles son las preferencias de cada uno. Y CiU, además, tiene una propuesta sobre la mesa para cobrar una tasa a todos aquellos establecimientos que quieran abrir en festivo. La organización Comertia, que agrupa algunas empresas medianas del comercio catalán como Ópticas Cottet, Bóboli, Furest y Gerplex, presentó esa propuesta primero a Oriol Pujol, secretario general de CDC, y después a las Administraciones gobernadas por CiU. El lobby ofrecía dos fórmulas para definir la cuantía del pago: en función de la superficie comercial o de la facturación del establecimiento.

La propuesta no ha avanzado. Y, al contrario, la guerra por las competencias en materia de comercio entre la Generalitat y el Gobierno central parece haber producido el efecto contrario: en vez de más apertura hay más cerrazón. “Se están haciendo más inspecciones que antes para controlar que las empresas no abran en domingo”, señala Cottet. El Departamento de Empresa responde que no se ha activado ningún plan especial de inspección en ese sentido. En todo caso, la Generalitat ha respondido con nerviosismo al decreto aprobado el pasado verano por el Gobierno central, que permitía ampliar hasta las 90 horas de apertura a la semana —respecto a las 72 del marco normativo catalán— y permitir abrir hasta 10 festivos al año, dos más que hasta ahora.

El departamento que lidera Francesc Xavier Mena remitió a los comerciantes una carta en pleno verano en la que se aseguraba que la legislación que aplicar era la catalana, al considerar que el Estatuto dota a la Generalitat de las competencias. El Gobierno catalán no debía de tener muy clara la eficiencia de esa carta cuando esta semana aprobó un nuevo decreto ley para intentar blindar las condiciones comerciales tal como estaban antes. Si ese decreto continúa sin imperar sobre la normativa estatal, el 15 de enero tendría que haber cambios.