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El Colegio de Médicos de Madrid cuestiona el vuelco sanitario de González

La institución considera que no se están adoptando los cambios estructurales necesarios Otros colectivos como AFEM alertan de las "desastrosas consecuencias" de las medidas

Elena G. Sevillano

El cambio en la sanidad de la región anunciado por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el miércoles pasado, es de tal envergadura que el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) ha hecho público hoy un comunicado en el que cuestiona las medidas que ha avanzado el Gobierno regional. El Colegio "entiende que no se están adoptando los cambios estructurales reales que necesita el Servicio Madrileño de Salud (Sermas)", asegura el texto. Ante el anuncio de la completa privatización de seis hospitales de gestión semiprivada, la entrada de empresas en la atención primaria y la desaparición del hospital de La Princesa como centro de referencia, el Icomem ha convocado a su gabinete de crisis "para estudiar las repercusiones de estas medidas".

La centenaria institución, que agrupa a cerca de 39.000 colegiados —es el colegio más numeroso de España— añade que "defenderá en todo momento los intereses" de los médicos madrileños. Fuentes sindicales aseguran que, por ejemplo, la privatización de los servicios sanitarios de seis hospitales afectarán a 5.500 trabajadores, de los cuales varios centenares son médicos. Se da la circunstancia de que aún se están resolviendo ofertas públicas de empleo de facultativos de diferentes especialidades en estos centros. Según datos del sindicato médico Amyts se trata de 229 médicos fijos y 220 en plazas pendientes de consolidar en las ofertas de empleo. 

El Colegio de Médicos considera que, entre los cambios estructurales reales que necesita el Sermas, y que en su opinión no se están adoptando, figuran "frenar la medicalización excesiva de los problemas sociales, el abuso de las urgencias hospitalarias, la duplicidad de pruebas, una mayor implicación del médico en la gestión de los recursos, la historia única o una mayor educación par ala salud que mejore la concienciación del paciente ante determinadas patologías o en el buen uso de los recursos sanitarios".

"Existen otras medidas a las adoptadas por la Consejería de Sanidad que pueden tener el mismo impacto económico y menor repercusión en materia de recursos humanos", señala el comunicado de la institución, que califica las medidas anunciadas por el presidente regional, y explicadas en rueda de prensa el jueves por el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, de "drásticas". El Colegio ha convocado el próximo martes las mesas de Atención Especializada y Hospitales y la de Atención Primaria, así como a la vocalía de médicos en formación.

Además de los sindicatos como el mayoritario Amyts, otras organizaciones de médicos están manifestando sus críticas a las decisiones del Gobierno regional en materia sanitaria. La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), organización independiente de reciente creación, alerta sobre las "desastrosas consecuencias" que sufrirán tanto los pacientes como el personal sanitario. Las medidas que prevén los nuevos presupuestos para 2013 van a suponer una "pérdida de derechos" para pacientes y médicos además de "un considerable deterioro de la calidad asistencial, así como el despido de numerosos profesionales médicos". "Todas estas medidas han sido tomadas de forma unilateral y sin contar con los profesionales sanitarios", denuncia esta asociación, que añade su "absoluto rechazo" a los cambios. 

Amyts considera que las medidas presentadas "representan una modificación radical del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid para el que no se ha contado con los profesionales, que son los mejores conocedores del mismo", según ha informado en una nota de prensa. El sindicato tiene previsto que su comité ejecutivo se reúna el lunes 5 de noviembre para "adoptar una serie de medidas de respuesta" y afirma que "encabezará las protestas el rechazo de los médicos".

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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