Los afectados por ERE temporales llevan cuatro meses sin cobrar el paro

Trabajo niega los retrasos, pero los funcionarios aseguran que hay saturación

Parados esperando turno en una oficina de empleo de Barcelona. / TEJEDERAS

Los trabajadores que están afectados por expedientes de suspensión de empleo, también llamados ERE temporales, llevan meses sin cobrar el paro. Es el caso, por ejemplo, de buena parte de los 78 afectados por la regulación temporal de GISA, la empresa de infraestructuras de la Generalitat: dejaron de trabajar en agosto y no está previsto que se reincorporen hasta febrero de 2013, pero los de Barcelona todavía no han cobrado ni un céntimo. En las oficinas, los empleados del SEPE (el Servicio Público de Empleo Estatal) les aseguran que el alud de expedientes temporales ha colapsado los servicios, pero en el Ministerio de Empleo aseguran que “no les consta que haya retrasos”. Lo único que reconoce un portavoz es que la nueva normativa (por la que los expedientes no pasan por las consejerías de Trabajo, pero las empresas deben presentar más documentación al SEPE) “lleva algo más de tiempo”.

Pese a la negativa del ministerio, el presidente de la junta de personal de los funcionarios de la Administración del Estado en Barcelona, Miguel Ángel García Muñoz (CGT), explica que el cuello de botella de expedientes temporales es tal que a partir de la semana que viene los funcionarios harán horas extras para “desatascar la demora”. “Desde julio, cuando se desregularizaron los ERE y las empresas dejaron de tener que pedir autorización previa a la Administración, ha habido un alud de suspensiones temporales”, asegura García Muñoz, incapaz de cuantificar los expedientes pendientes. Por ahora no hay datos por comunidades autónomas, pero de enero a agosto los expedientes temporales casi se han duplicado en 2012 respecto a 2011, según hizo público ayer el ministerio.

En algunas oficinas se están tramitando aún los expedientes del mes de junio

Víctimas de ese alud son los empleados de GISA, que, pese a la situación de la que son víctimas, prefieren no aparecer con nombre y apellido. Tienen miedo, entre otras cuestiones, a que la suspensión temporal se convierta en un ERE de extinción y en febrero les despidan definitivamente. Sí describen el estupor con el que desde agosto constatan un día tras otro que en sus cuentas corrientes no entra un euro. “Hay gente que no tiene hijos, que tenía algo ahorrado y puede ir tirando, a otros les está ayudando la familia, y en los casos más graves hay compañeros que han pedido préstamos personales”, explica una afectada. En su oficina, del área de Barcelona, le aseguran que este mes están tramitando los expedientes de junio. Este diario ha intentado, sin éxito, contactar con la oficina citada, donde también avisan que no se cuente con cobrar “antes de diciembre o enero”, porque a partir de julio los ERE temporales se dispararon.

El problema va por barrios. La madre de todos los colapsos se produce en Barcelona, donde todos los expedientes de la demarcación se tramitan en la dirección provincial. En Lleida, en cambio, la tramitación es más ágil, como lo demuestra que la mayoría de los 18 afectados por la suspensión de la delegación de Tàrrega de GISA ya lleven unos meses cobrando, explica el presidente del comité de empresa, Francesc Regàs (UGT).

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