El juez de Emarsa abre una línea de investigación secreta

El caso Emarsa, en el que se investiga el saqueo de al menos 25 millones de euros de la depuradora de Valencia, todavía puede deparar sorpresas. El juez instructor, Vicente Ríos, abrió ayer una pieza separada dentro de la causa y la declaró secreta. El motivo: un escrito presentado el lunes por la fiscal del caso en el que se refieren “unos hechos presuntamente constitutivos de delito atribuible a persona ya imputada en la presente causa y, en su caso, a otras personas no imputadas”, según explicó el magistrado en un auto.

El ministerio público presentó el escrito al juez acompañado por un informe de un organismo oficial —al que el auto no identifica— que respaldaría sus conclusiones.

El magistrado indica que se trataría de un delito público —esto es, perseguible de oficio, como la mayoría—. Y que por las personas a quienes se atribuye inicialmente estaría conectado delictivamente con la investigación del desfalco de la depuradora ubicada en la pedanía valenciana de Pinedo.

En el caso Emarsa han sido imputadas varias personas que ocupaban cargos públicos y fueron destituidos o se vieron forzados a dimitir. Entre ellos, dos exresponsables de la empresa de saneamiento de aguas de la Generalitat, Epsar: el exgerente, José Juan Morenilla y el exjefe de Explotación, Ignacio Bernácer.

Este último presentó el 19 de octubre un escrito al juez en el que salpica en las presuntas irregularidades al recambio que el Consell eligió como nuevo gerente de Epsar, Juan Luis Martínez Muro. El imputado señaló que Proaguas, de la que Muro era director técnico, cobraba a la Diputación de Alicante una cantidad por tratamiento de los lodos del agua depurada similar (30 euros por tonelada) a la que la investigación ha concluido, en el caso de Emarsa, que encubría un gran sobreprecio y permitía el drenaje de los fondos de la sociedad. Bernácer aportó correos, fechados en 2011, en los que Muro admitía que había hecho una oferta a Emarsa para gestionar sus lodos por ese precio.