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Los 1.060 millones del fondo de rescate apenas cubren las deudas

El Consell tendrá otros 1.477 millones del Gobierno para vencimiento de créditos

Máximo Buch y José Ciscar, este viernes, tras la reunión del Consell.
Máximo Buch y José Ciscar, este viernes, tras la reunión del Consell.

La Generalitat tendrá con conformarse con 1.060 millones de euros del fondo de rescate del Gobierno para afrontar el pago de las deudas más perentorias en las próximas semanas. Esta cantidad es el 60% de lo que necesita el Consell para cuadrar las cuentas de este año con un déficit del 1,5% del PIB regional y es absolutamente insuficiente para liquidar la deuda que ha vuelto a acumular la Generalitat con sus proveedores.

El vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar, y el consejero de Economía, Máximo Buch, confirmaron este viernes que el Ministerio de Hacienda les ha comunicado que el próximo 29 de octubre recibirán luz verde del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). La mala noticia es que solo se aprobará transferir al Consell el 60% del endeudamiento aprobado para 2012 —que se desembolsará por tramos— y con ese dinero será difícil rebajar la presión en la calle.

Los dependientes y sus familias están al borde de la desesperación por los impagos del Consell y los farmacéuticos amenazan con nuevas movilizaciones el próximo día 23.

Nueva corporación

Entes. El diseño de la nueva corporación pública empresarial valenciana deja los 76 entes existentes al inicio de la legislatura reducidos a 30.

Despidos. De los 7.555 empleados se despedirá a cerca de 3.000, lo que supondrá una reducción de la masa salarial que oscilará entre los 85 y los 100 millones de euros. Una cantidad similar al coste de las indemnizaciones que tendrá que abonar el Consell. El mayor número de despidos está previsto que se registre en Ferrocarrils de la Generalitat y en Vaersa.

Gestión. El Consell pretende ahorrar más de 160 millones con la gestión del nuevo grupo que podrá privatizarse en el futuro.

Ciscar aseguró que, aunque el decreto que regula el FLA obliga a atender primero la deuda con los bancos y luego la deuda de las autonomías con el Estado (IRPF y Seguridad Social), quedará dinero para atender el gasto social urgente. Un capítulo en el que se encuadra la deuda con los farmacéuticos, que ronda los 500 millones, y las ayudas a los colectivos de dependientes, discapacitados y centros de mayores, que suponen alrededor de 130 millones de euros.

Además de estos 1.060 millones de euros para pagar deuda, Ciscar y Buch confirmaron que el fondo de rescate destinará otros 1.477 millones de euros para cancelar el vencimiento de los créditos que la Generalitat mantiene con bancos extranjeros hasta final de año. El Ministerio de Hacienda se encargará personalmente de renegociar la deuda de la Generalitat con entidades financieras españolas, fundamentalmente 700 millones que están próximos al vencimiento otorgados por el Banco Sabadell-CAM.

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De la apurada situación financiera de la Generalitat hablaron este viernes en Madrid el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La reunión, que se enmarca dentro de la ronda de entrevistas que mantiene el ministro con los presidentes autonómicos, se prolongó durante una hora. En la reunión, Fabra planteó la necesidad de que se articule un nuevo mecanismo para pagar a los proveedores que no se pudieron acoger al primer plan articulado por el Gobierno el pasado mes de abril y que permitió al Consell liquidar más de 4.300 millones de euros de deudas que arrastraba desde 2009.

La Generalitat despedirá a 3.000 empleados del sector público

En el encuentro, el presidente de la Generalitat también comunicó a Montoro su intención de impulsar enmiendas a los presupuestos generales del Estado para mejorar las inversiones en la Comunidad Valenciana en 144 millones. De esta cantidad, 76 millones de pretende que vayan a obras del corredor ferroviario mediterráneo.

El Gobierno valenciano aprobó este viernes en su reunión el decreto ley que permite reestructurar el sector público de la Generalitat. Un decreto que se anunció el pasado mes de mayo, cuando el Ministerio de Hacienda presionaba a las autonomías a reducir las empresas públicas, y que no ha visto la luz verde hasta ahora.

Con este decreto las 76 entidades existentes al inicio de la legislatura se reducirán a 30. Ello implicará también el despido de 3.000 de los 7.500 empleados públicos que trabajan en empresas y fundaciones públicas. El proceso que se pretende que esté terminado el 1 de enero de 2013 permitirá al Consell reducir la masa salarial del sector público en una cifra que oscilará entre 85 y 100 millones y lograr ahorros adicionales de 160 o más.

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