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El Gobierno dice que el Estatuto no le obliga a invertir en Andalucía

El Ejecutivo asegura que se trata de "un compromiso de carácter político" y no legal

El Gobierno central ha señalado en una respuesta parlamentaria que “las disposiciones estatutarias no vinculan al Estado en la definición de su política de inversiones, ni pueden condicionar la voluntad del legislador en el ejercicio de sus funciones sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE)”. El Ejecutivo de Mariano Rajoy se acoge a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, para afirmar en su contestación al diputado de Izquierda Unida, José Luis Centella, que “los compromisos recogidos en los Estatutos de Autonomía se configuran como un compromiso de carácter político y no como un imperativo que deba reflejarse obligatoriamente en los PGE”.

La respuesta del Gobierno recoge este párrafo de la sentencia del TC: “No puede admitirse que la Disposición Adicional Tercera, apartado 1, (del Estatuto de Cataluña) vincule a las Cortes Generales en el ejercicio de sus funciones de examen, enmienda y aprobación de los PGE, pues respecto de este tipo de compromisos presupuestarios formalizados en un Estatuto de Autonomía hemos dicho que no constituyen: un recurso que el Estado deba consignar obligatoriamente en los presupuestos generales de cada ejercicio”.

La respuesta del Gobierno añade que el TC afirma que “es al Estado a quien corresponde en exclusiva (...), decidir si procede dotar, en su caso, y en qué cuantía, aquellas asignaciones en virtud de la competencia exclusiva que, sobre la materia, le atribuye el artículo 149.1.14 de la Constitución Española”. Según el TC, “el Estado no solo debe decidir si procede dotar crédito a tal efecto, sino que en el caso de que así fuese, determinar la cuantía del mismo”.

Tras recibir la respuesta, el diputado Centella calificó de “sorprendente” que el TC y el Gobierno hablen de Estado refiriéndose exclusivamente a la Administración central, cuando las Autonomías y la Administración local “deben ser consideradas también Estado”. Centella plantea estudiar una reforma legal para que la Constitución establezca la primacía de los Estatutos de Autonomía sobre otras leyes, “para terminar con una situación que convierte en papel mojado a los Estatutos de Autonomía provocando graves conflictos que llevan a un cierto número de ciudadanos a cuestionar la eficacia de la propia Constitución”.

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