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Los dependientes rodean las Cortes con su desesperación

Las entidades de discapacitados calculan que el Consell les debe 50 millones

Ignacio Zafra
Concentración de colectivos de discapacitados ante las Cortes.
Concentración de colectivos de discapacitados ante las Cortes.JORDI VICENT

Una marea de personas con discapacidad, acompañados de familiares y trabajadores de los centros a los que acuden inundó ayer la calle de Navellos hasta rodear la entrada de las Cortes valencianas. El motivo: las deudas que la Generalitat mantiene con el sector de la dependencia, en torno a 50 millones de euros, que en algunos casos se remontan al año 2010. Y que ha conducido a que centenares de empleados de centros ocupacionales, centros de días, residencias, centros tutelados, centros especiales de empleo, colegios de educación especial y colegios de atención temprana —para niños de cero a tres años— lleven hasta medio año sin cobrar la nómina. Muchos ven cada vez más cerca el cierre, según los convocantes, que calculan que el sector da empleo a 8.000 trabajadores y atiende a 30.000 personas.

“Hubiéramos preferido estar hoy en nuestras casas o en nuestros centros, pero cada vez es más difícil porque nuestros servicios van siendo cada vez más un recuerdo. Nuestro grito hoy es ‘no’: No queremos desaparecer. No es posible que no haya dinero para esto si hay para otras cosas”, dijo Daniel Pla, miembro del patronato de Feaps, la federación de asociaciones en favor de personas con discapacidad intelectual.

Los números

La deuda. Los colectivos afectados creen que supera ampliamente los 50 millones de euros si se suma el sostenimiento de los centros y los impagos en las prestaciones individuales de la Ley de Dependencia.

Los afectados. Ayer se manifestaron familias y entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual. En total, calculan que son 30.000 en la comunidad autónoma, a los que hay que añadir 8.000 trabajadores de los centros ocupacionales y colegios.

El colectivo ha protagonizado numerosas protestas en los últimos tiempos. La de ayer fue sin embargo, probablemente, la más numerosa y la más desesperada. “Discapacidad en lucha”, “Soy discapacitado, no tonto”, se leía en las pancartas de los manifestantes, muchos de los cuales iban en sillas de ruedas, caminaban del brazo de familiares, o eran niños.

Una delegación de la Mesa por la Discapacidad entregó en las Cortes una carta dirigida a su presidente, el popular Juan Cotino, y a los grupos parlamentarios para que instasen a la Generalitat a cumplir los compromisos. Ante la acumulación de personas frente a la Cámara, la presidencia decidió cerrar la puerta, lo que avivó la protesta de los concentrados y despertó críticas de los partidos de la oposición.

Las puertas se reabrieron y la tensión subió momentáneamente. Decenas de discapacitados y familiares se acercaron casi hasta el umbral mientras varios policías permanecían de pie, bloqueando la entrada. La marcha se desplazó a la plaza de la Virgen de Valencia, donde celebraron una asamblea.

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La mayor parte de centros de atención son gestionados por entidades privadas sin ánimo de lucro, sobre todo asociaciones que pusieron en marcha en su día padres de afectados. A los impagos de la Generalitat se añaden los efectos de la crisis económica, que limitan la capacidad de numerosas familias para compensar la evaporación de ayudas públicas.

En esa situación se encuentran María García, de 54 años y Gabriel Martínez, de 53. Ambos están en paro. Ingresan menos de 800 euros al mes y pagan 500 de hipoteca. Con el resto, alguna ayuda de sus padres pensionistas y comida de un banco de alimentos, viven ambos, su hijo David —un chaval de 21 años con síndrome de Down— y su hija, estudiante de FP.

La Cámara ordena cerrar las

Al centro al que va David, el Francisco Esteve de Paterna, la Generalitat le debe casi un millón de euros. “Los trabajadores llevan casi cuatro meses sin cobrar. Y el comedor sigue abierto porque los proveedores están aguantando sin cobrar”, cuenta María. La plaza en este centro es la forma en la que David se beneficia de la Ley de Dependencia. Mientras siga abierto.

“Los padres están muy preocupados, porque hay un riesgo muy real de cierres. Y ven que a sus hijos, que tienen algún tipo de discapacidad y en ocasiones enfermedades mentales asociadas, se los van a mandar a casa, 24 horas al día, sin la atención especializada que necesitan”, dice Ángel Bonafé, presidente de Copava, la coordinadora de centros ocupacionales.

“Toreando a los bancos”

La morosidad que padece el sector de la dependencia es variada, reflejo de la maraña de líneas de ayudas que tiene la Generalitat. La mayor deudora, y la única cuya deuda calculada aproximadamente es la Consejería de Bienestar Social y Justicia, que debe 15 millones para el mantenimiento de centros ocupacionales y de día, residencias y viviendas tuteladas. Pero este departamento también debe otra partida, superior al millón de euros, del programa para la integración de personas con discapacidad. Y está el servicio de Empleo (Servef), que desde 2010 no paga a los centros especiales de empleo. Educación, que sólo ha abonado el primer trimestre a los colegios de educación especial y que no ha transferido ni un euro en lo que va de 2012 a los centros de atención temprana para niños menores de tres años.

El escenario y la perspectiva que implica tienen muy preocupada a madres como Carmen Romero, pensionista y sustento básico de su hijo Alberto, de 33 años, que padece autismo. “En el centro no tienen ni para papel higiénico”, resume.

La trampa no acaba ahí, explica Ángel Bonafé, presidente de la Coordinadora de Centros Ocupacionales (Copava) y director de El Renàixer en Godella. Aunque la Administración no transfiera las subvenciones, los centros están obligadas a pagar la seguridad social de sus trabajadores y a practicar la retención del IRPF de unas nóminas a las que no puede hacer frente. “Si no lo haces, te quitan la subvención y te ponen un recargo del 20%”, afirma. Bonafé no paga a sus empleados desde agosto. “Están viniendo a trabajar por amor al arte”, dice, “la cuestión es cuánto podremos torear a los bancos antes de que ejecuten las hipotecas”.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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