El PSM quiere que sea público el patrimonio de los diputados regionales

La mala onda que desprenden los políticos, según recogen de manera cada vez más notoria las encuestas que tratan de reflejar el malestar general de los ciudadanos, se percibe cada vez con más claridad en la Asamblea de Madrid. Los parlamentarios regionales parecen cada vez más conscientes de la necesidad urgente de realizar cambios trascendentales en las instituciones en aras de la transparencia y ética que la calle exige. Siguiendo esa línea, el PSM va a plantear que se revise el contenido del Reglamento del Parlamento regional.

Óscar Iglesias, autor de la iniciativa, propone que los diputados –actualmente son 129, cifra que Esperanza Aguirre planteó reducir a la mitad- estén obligados a cumplimentar una declaración de actividades y otras medidas como requisito para la adquisición de su plena condición de parlamentarios. “Ante la razonable y justa demanda ciudadana de transparencia, una media necesaria y urgente es modificar el artículo 28 del Reglamento de la Asamblea de Madrid para que los representantes elegidos por los ciudadanos hagan públicas sus declaraciones de actividades, bienes e intereses en la web de la Asamblea de Madrid y en el Boletín de la Asamblea al entrar de diputados y al salir; y depositen anualmente copia de la declaración de la renta y en su caso de patrimonio en el registro de intereses. Todo ellos, con las debidas garantías de seguridad”, argumenta Iglesias.

La Proposición de Ley de los socialistas madrileños recoge que los diputados estén “obligados a efectuar una declaración notarial de sus bienes y derechos patrimoniales en el plazo de los dos meses siguientes a la adquisición de la plena condición de Diputado y comprenderá: la relación de bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana, con indicación de su superficie, ubicación, título y fecha de adquisición; el valor de los saldos medios de los depósitos bancarios, acciones, fondos de inversión, pólizas de seguro u otros de naturaleza análoga; y los vehículos y cualquier otra clase de bienes propiedad del declarante”.

“No tiene sentido la negativa del PP a publicitar las declaraciones cuando en esta cámara hay diputados cuyas declaraciones son públicas porque son senadores y el resto no. No tiene sentido que conozcamos las declaraciones de Rajoy, Cospedal, o Feijoo y no las de Ignacio González, su gobierno y el resto de diputados de Madrid, porque genera desconfianza”, expone Iglesias. El PSM lleva meses exigiendo que se haga público el patrimonio del recientemente elegido presidente de la Comunidad. “¿Qué pretendemos con estas medidas? Mejorar el funcionamiento de nuestra democracia, mejorar la transparencia. Pero también, acabar con la sombra de sospecha interesada de algunos, acabar con la idea de los privilegios de otros y acabar con la creencia de que los políticos son unos corruptos que están en política para enriquecerse, cuando es la más hermosa de las vocaciones”, reflexiona.

El texto también pide que “se especifiquen los rendimientos anuales percibidos por cualquier concepto con indicación de su procedencia, tanto los que deriven del trabajo personal, de los bienes muebles e inmuebles, valores mobiliarios, actividades empresariales, profesionales, artísticas, becas, subvenciones, indemnizaciones, así como de cualquier otra índole, correspondientes al ejercicio económico anterior a aquél en que se efectúa la declaración”.

“Anualmente, deberá acompañarse copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en su caso, del Impuesto sobre el Patrimonio presentadas ante la Hacienda Pública”, añade la iniciativa, que también plantea que los familiares de los políticos se sometan a cierto control. “A los cónyuges de los diputados o diputadas o de quienes estuvieren vinculados a ellos por análoga relación de convivencia efectiva, así como de sus descendientes o ascendientes que formen parte de la unidad familiar se les remitirán los modelos oficiales de declaración por si, voluntariamente, desean ejercer su derecho a la publicidad.

No obstante, si no lo ejercieran, vendrán obligados a formular declaración sobre su participación en el capital de todo tipo de empresas y sociedades; las empresas o sociedades que dirijan o hayan dirigido, administrado o asesorado; las actividades desarrolladas en representación de la Administración Regional en órganos colegiados o de dirección de organismos y empresas de capital público”.