Derribadas ocho chabolas en El Gallinero

Ocho chabolas de El Gallinero, en la Cañada Real Galiana, han sido derribadas esta mañana a instancias de la Junta de Compensación del desarrollo urbanístico de Valdecarros, a la que pertenece el suelo, situado en el sureste de la capital. En El Gallinero viven 90 familias sobre una superficie de 20.000 metros cuadrados: unos 420 gitanos, 250 de ellos niños, venidos de Rumanía que se encuentran en una situación de extrema pobreza.

Un operativo de 12 furgonetas de las Unidades Centrales de Seguridad (tipo antidisturbios) y tres coches patrulla de la Policía Municipal se han encargado de vigilar la operación, llevada a cabo sin ningún tipo de incidente por operarios y técnicos municipales. Cruz Roja, Atención Primaria y voluntarios de parroquias y asociaciones han acudido a ayudar a los afectados.

Los derribos han sido ordenados por un juez a solicitud de la Junta de Compensación de este desarrollo urbanístico y el Instituto de Realojamiento e Integración Social certificó que las casas estaban desocupadas, según sostienen fuentes municipales. La operación ha comenzado alrededor de las siete y media de la mañana, cuando han hecho acto de presencia las excavadoras y técnicos del departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento. En un principio, advirtieron de que iban a ser seis infraviviendas pero finalmente han llegado a ocho.

El párroco de San Carlos Borromeo, Javier Baeza, ha denunciado que se están derribando "casas habitadas sin orden de entrada", ni de registro ni de derribo judicial. "En esta ocasión les ha bastado con una orden administrativa porque se trataba, según nos han dicho, de un procedimiento urbanístico", ha explicado. El cura ha criticado que la zona sigue sin "un plan" para solucionar los problemas de sus habitantes. "Han venido muy pronto con las máquinas, lo que ha impedido a muchos niños coger el autobús para ir a la escuela", ha lamentado. Baeza ha explicado que el Ayuntamiento ha pedido órdenes judiciales para hacer más derribos en las próximas semanas.

Según ha declarado el párroco, sobre las nueve de la mañana una mujer joven, que había salido de su chabola al ver el revuelo producido por el derrumbamiento de las ocho chabolas, ha visto cómo los efectivos han echado abajo la suya. Una de las afectadas se llama Rebeca, tiene 17 años y lleva un año y medio en el poblado. Según cuenta, le han tirado un añadido que utilizaba como cocina y que, cuando ha querido entrar a recoger las cosas, no la han dejado "sacar nada". Vive con su marido y sus dos hermanos de 9 y 14 años y se dedica a pedir en los semáforos.

Los primeros derribos en el poblado se produjeron el 5 de marzo, después de que los propietarios del suelo denunciaran la "ocupación ilegal" del suelo. Seis familias se quedaron sin techo. Un día después, el entonces consejero de Familia y Asuntos Sociales, Salvador Victoria, anunció que “El Gallinero no pertenece al tramo desafectado de la Cañada Real, por lo tanto, no se puede integrar en el plan de actuación consensuado que se pretende lograr con vecinos, ayuntamientos y delegación del Gobierno”. Este poblado quedaba así definitivamente fuera del plan para la Cañada.

El pasado mes, asociaciones, arquitectos y religiosos presentaron un proyecto que pretende “trasladar a un lugar integrado en el tejido urbano y en la sociedad, que reúna condiciones básicas de habitabilidad y acceso a los servicios públicos”. Este poblado se encuentra en medio de un secarral entre dos carreteras (la A-3 y la M-50), a un kilómetro a través de la nada de las viviendas construidas en un barrio paralizado antes de nacer, Valdecarros (en el distrito de Villa de Vallecas).

Un 17% del suelo de ese desarrollo pertenece a la Comunidad de Madrid; otro 17, al Ayuntamiento de la capital. A este se dirigen los impulsores del plan para solicitar una parcela de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (han seleccionado varias opciones posibles) en la que poner en marcha su proyecto. Los promotores del proyecto se reunieron con el Gobierno local en marzo, y desde entonces no han obtenido respuesta alguna. La alcaldesa de la capital, Ana Botella, rechazó en ese mismo mes una propuesta conjunta de la oposición para elaborar un plan integral de actuación. Menos de dos semanas después, visitaba el poblado y anunciaba que se estaba “diseñando un plan”.