OPINIÓN

Por una nueva ley electoral

"El gobierno de Rajoy no está legitimado para adoptar, mediante decreto, medidas contrarias a la voluntad de la mayoría social como lo está haciendo"

Resulta llamativa la autocomplacencia de la jerarquía académica, productora de muy interesantes ensayos y tesis pero incapaz de advertir, durante tres décadas, del cataclismo que tendría que producirse en ausencia del mas mínimo control ciudadano sobre la función de representar. Lo mismo que la miopía de una parte de clase periodística creadora de opinión a la que le está pasado la realidad por encima. No se han enterado: la confianza ciudadana en el sistema de representación por partidos ha quebrado en España, y esto ha sucedido ente los meses de junio y julio de este año, el bipartidismo ya es historia, 8 de cada 10 electores desconfían de Rajoy y 9 de cada 10 de Rubalcaba, 6 de cada 10 votantes del PSOE; 7 de cada 10 electores son contrarios a las políticas del gobierno, 4 de cada 10 votantes del PP. En Valencia nos dimos cuenta el 20 de noviembre cuando entraron hasta cinco partidos en el Congreso. Quisiera explicar qué está pasando.

Le fallaron los negocios, entre otros, a los propietarios del suelo, los constructores y los responsables públicos que promovieron obras absurdas o concedieron licencias a terceros, y como consecuencia, los bancos, que a su vez eran accionistas en muchos casos, se quedaron sin cobrar, aunque tienen que pagar religiosamente a sus prestamistas, que son sobre todo otros bancos que tributan en la Unión Europea. La mayoría social lo ve así y contesta que no es su problema, que respondan los implicados con sus patrimonios y activos pasando antes por los tribunales. La Red completa ahora la información de los medios convencionales con otros datos, ayuda a definir una verdad más cierta que la suma de las verdades convencionales. Descubre que el sistema de representación está mercantilizado, sobre el mismo se desarrollan sucesos como Gürtel, Brugal, ERES, Bankia, Noos, sabemos más gracias a las nuevas tecnologías de las comunicaciones, donde cualquier ciudadano es reportero, informa o denuncia.

Este mejor conocimiento ciudadano de las trampas repercute un coste electoral global que afecta a la confianza en el sistema de representación en su conjunto, y asocia otro a sus instituciones, como el Parlamento, el gobierno del Estado o los Ayuntamientos. El prestigio social de estas instituciones de la representación es ahora similar al de los banqueros o los obispos, ninguno. En estas circunstancias, la mayoría respalda cualquier iniciativa tendente a reducir el número de representantes populares sin más consideraciones, percibe a los partidos políticos como parte interesada, y a los políticos como clase privilegiada, corrupta y dispuesta a perpetuarse, el enemigo a batir.

Que nos expliquen qué pretende liderar Rubalcaba después de perder 4,3 millones de votos. Que le pregunten a Hollande si Grecia puede pedir prórroga o reducir su gasto militar; que le pregunten por los eurobonos. No tienen vergüenza, porque las mayorías sociales francesa y la alemana no tienen ninguna intención de unificar sus políticas en una institución común. No existe tal voluntad, luego todo lo que viene a continuación es falso, es el negocio del euro y no nos gusta el papel que nos han asignado.

Hacia el mes de noviembre nos dirán que no se cumple el objetivo de déficit sobre el PIB comprometido con la UE, y que serán necesarios nuevos recortes. Un problema social grave será tener que pagar más cuando ya no hay de dónde. Pero otro quizá definitivo será evidenciar que no somos capaces de reducir el principal más que medio punto al año, admitir que todos los esfuerzos de un año sólo han servido para pagar los intereses de los préstamos, el negocio de otros, decir a nuestros hijos que recibirán la deuda como herencia. Un aprendizaje acelerado de los habitantes del sur de Europa podría ser que una sociedad no es dueña de su destino si no es capaz de controlar la actividad de sus representantes, y que esto es tan importante como que la policía proteja a las personas, la justicia determine las responsabilidades, los maestros enseñen, los médicos curen o las empresas generen empleo y riqueza sin deteriorar el hábitat.

Las cosas están así, no de otra forma, y ha llegado el momento de plantear la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, fechada en 1985, pero idéntica a la que rigió en las elecciones constituyentes de 1977, una ley preconstitucional que deviene en inconstitucional como consecuencia del desarrollo posterior del Estado de las autonomías. Los ciudadanos deben saber que en el parlamento español las comunidades autónomas no están representadas de modo proporcional a su número de habitantes, que unas comunidades autónomas eligen más diputados que los proporcionales y otras menos. Y que no es una cuestión de agravios territoriales: es la trampa del sistema para blindar el bipartidismo.

La Loreg consagra la provincia como circunscripción electoral, para sustraer escaños de las más pobladas y encajarlos en las menos pobladas, donde se reparten menos y hacen falta porcentajes exageradamente altos para conseguirlos. Y como resultado, el PP dispone ahora de 186 escaños, cuando serían 170 con los mismos dos fijos por provincia y la misma fórmula de reparto -D´Hont-, aunque repartiendo estos escaños por comunidades autónomas y no por provincias; serían 167 los escaños los legítimos del PP si suprimiéramos los dos fijos por provincia, aunque manteniendo el reparto D´Hont, y 162 escaños si además la fórmula fuera Hare o proporcional.

La mayoría absoluta del PP de Rajoy es fraudulenta, al menos 16 de sus 186 escaños vienen exactamente de la pata del Cid. El gobierno de Rajoy no está legitimado para adoptar, mediante decreto, medidas contrarias a la voluntad de la mayoría social como lo está haciendo, la Loreg es inconstitucional, anunciamos su recurso y la promoción de un Referéndum encaminado a su reforma en el sentido proporcional.

Enric Morera es Síndic del Grupo Parlamentario Compromís en las Cortes Valencianas

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