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Un informe oficial desvela que Feijóo ocultó 400 millones de déficit en 2010

El Consello de Contas denuncia el traslado irregular de facturas al año siguiente

Marta Fernández Currás, durante la presentación de los presupuestos de 2011.
Marta Fernández Currás, durante la presentación de los presupuestos de 2011. ANXO IGLESIAS

La Xunta de Galicia desplazó de forma irregular 411 millones en facturas mal contabilizadas del ejercicio 2010 al 2011. Así lo demuestra una auditoría realizada por el Consello de Contas pendiente de aprobación por el pleno de este organismo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Gracias a esta fórmula, la Xunta logró cumplir con el techo de gasto al reducir en siete décimas el déficit presentado al Ministerio de Hacienda que entonces presidía la socialista Elena Salgado.

Según desvela el informe instruido por un exconselleiro de Economía de Fraga, José Antonio Orza, solo el Servicio Galego de Saude invirtió 188,20 millones de euros como “gasto no contabilizado” en 2010 que trasladó irregularmente a los presupuestos de 2011. A ello se suma un análisis aleatorio sobre una importante bolsa de gasto en varias consellerías que reveló que la mayoría de los pagos se imputaron erróneamente de un año a otro, lo que arroja un aplazamiento de gasto de 223 millones. En el resto de departamentos del Ejecutivo de Feijóo, el Consello de Contas también destapó prácticas dudosas. Se da la circunstancia de que la responsable de las cuentas de la Xunta en aquel momento es la actual secretaria de Estado de Presupuestos del Gobierno central, Marta Fernández Currás, fichada por el ministro Cristóbal Montoro poco después de acceder al cargo.

De los 265,7 millones de obligaciones de gasto trasladadas en 2010 a las cuentas de 2011 por ocho departamentos del Gobierno gallego, el 83,95% (223 millones de euros) se cambiaron de ejercicio de un modo anómalo. El cálculo es una estimación que parte del trabajo de los auditores después de que estos analizasen una a una facturas por importe de 111,3 millones de euros emitidas por consejerías y otros organismos oficiales. En ese exhaustivo repaso el órgano de control de las cuentas de la Xunta detectó 93,4 millones mal computados. El trabajo de campo de los auditores dispuso de una muestra inusitadamente elevada, tras analizar el 41,88% de las obligaciones imputadas en 2010 al ejercicio contable siguiente.

En aquella anualidad —y en las posteriores— Feijóo siempre presumió de que la Xunta bajo su mandato entró en el selecto y reducido grupo de comunidades que hicieron los deberes cumpliendo el objetivo de déficit. El techo marcado por el Gobierno central, del 2,4%, no se llegó a rozar en Galicia por tres centésimas (2,37%), y la autonomía resultó la quinta que mejor cumplió con el rigor presupuestario. Semejante aval sirvió al presidente gallego para sacar pecho e inaugurar el mantra que le ha acompañado hasta el fin de la legislatura. La Xunta “ hace más con menos” y Galicia es “una comunidad solvente”.

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Sin embargo, de la información de Contas se deduce que los números presentados al ministerio deberían haber sido muy distintos. Los 411 millones que se trasladaron al ejercicio posterior (y se fueron pagando a costa de una menor ejecución presupuestaria) obraron el milagro de evitar que el gasto se disparase siete décimas, hasta el 3,09%. Sin esos apaños contables, la realidad habría sido radicalmente opuesta, Galicia ocuparía el puesto número 11, entre Aragón y La Rioja, en el ranking nacional y habría sido la séptima en incumplir el techo de gasto. Todo ello, como indica el Consello de Contas, gracias a que se ampararon desplazamientos de obligaciones “sin que exista razón de orden económico, contable o presupuestaria que lo justifique”, y fuera de los supuestos en que legalmente se pueden aplazar. De ahí que el documento deslice gran preocupación por la disciplina interna aplicada en el gasto.

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El informe también alerta de otra circunstancia: las facturas que se traspasan se convierten en una bola de nieve cada vez más peligrosa que navega de presupuesto en presupuesto y que en algún momento corre el riesgo de estallar. Eso explicaría la premura con que la Xunta está cerrando sus presupuestos, hasta el punto de que en 2011 se agotó en septiembre.

Como ejemplo está la práctica del Servicio Galego de Saúde, que amplió el crédito en 2010 para financiar la farmacia o el personal. “El recurso a este mecanismo, reiterado a lo largo de los años, deriva en buena medida de la insuficiencia estructural de los créditos iniciales para dar cobertura a las obligaciones de cada ejercicio, y no incentiva a los gestores para contar con presupuestos realistas”, apunta el informe de Contas, plagado de reproches.

“Estamos ante supuestos de gasto que debieron reconocerse en el ejercicio y respecto de los que procederían los ajustes necesarios tanto en la contabilidad presupuestaria como patrimonial. La práctica totalidad del gasto desplazado que resulta de la revisión responde a este supuesto”, subraya la auditoría. Los reparos a la contabilidad del Ejecutivo de Feijóo no se paran ahí y el organismo de control avisa: “Cabe advertir que resultan preocupantes las carencias del control interno en el seguimiento y la validación del gasto desplazado, que no facilitan una cuantificación fiable del mismo [...]igualmente resulta preciso prestar atención a la dinámica creciente de las imputaciones de gasto de años anteriores, que se incrementan en este ejercicio [2010]y que pueden acabar distorsionando ese resultado presupuestario y también porque, en cualquier caso, afectan negativamente a los presupuestos futuros para atender a las necesidades previstas debido a las cargas arrastradas de ejercicios anteriores”.

Por eso, tras analizar los números de 2010, el Consello de Contas a la hora de certificar que Galicia ha cumplido el objetivo de déficit del 2,4% añade la siguiente coletilla: “Con las necesarias reservas de los posibles ajustes que puedan resultar de este informe”.

Las prácticas contables “arriesgan el resultado presupuestario”, según la auditoría

Su carrera fue meteórica: Marta Fernández Currás, una gestora considerada dentro del ala más solvente del equipo de Alberto Núñez Feijóo, comenzó a hacer valer su gestión con el bipartito en el Gobierno de la Xunta como interventora general de la comunidad autónoma. Tras un fuerte desencuentro con el entonces conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio, pasó a un segundo plano hasta que fue rescatada por el actual presidente gallego para tomar las riendas de la Consellería de Facenda tras la segregación de la rama industrial. Ella fue la artífice de medidas como la ley de techo del gasto, la creación de la Agencia Tributaria Galega o la factura electrónica, además de pilotar la fusión de las cajas de ahorros basándose en los datos de una auditoría que se confirmaron irreales.

Tras la victoria de Mariano Rajoy su ascenso siguió imparable, esta vez hacia el mismísimo equipo encargado de programar las cuentas de España en los años más duros de la crisis como secretaria de Estado de Presupuestos. Ella es ahora la mano derecha del ministro Cristóbal Montoro.

Sin embargo, la buena estela que dejó —Feijóo basa buena parte de su balance en la gestión de Currás— recibe un jarro de agua fría en las recomendaciones del Consello de Contas. Para empezar porque la práctica cada vez más común de desplazar importantes bolsas de gasto de un año a otro “exige prioritariamente incrementar las medidas de control interno”, que aseguren una cuantificación “fiable”, del gasto que se desplaza. No solo eso: advierte de que esas prácticas pueden poner en riesgo “el resultado presupuestario”, y disminuir la capacidad “para atender a las necesidades previstas en ejercicios futuros debido a las cargas arrastradas de ejercicios anteriores”.

No se queda ahí. Entre otras cosas, llama la atención del “importante incremento”, experimentado por el endeudamiento en ese ejercicio, por lo que recomienda una “mayor concreción de los supuestos en los que se puede revisar el endeudamiento autorizado”. También llama la atención sobre una fórmula muy de moda en la última legislatura: el pago de infraestructuras a través de “fórmulas de colaboración público privada”, como ocurre con el hospital de Vigo, y del peligro de que lastren los próximos presupuestos. Por último, apela a la “transparencia” y a la homogeneización con la contabilidad nacional.

Galicia comenzó la última legislatura con 4.282 millones de deuda, ahora son 7.300. La proporción sobre el PIB ha crecido del 7,7% al 12,8%, y está tres décimas por debajo de la media nacional. La deuda de los organismos autónomos no se ha reducido y casi 3.000 millones se han comprometido por la colaboración con empresas privadas.

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