El 93% de los solicitantes de vivienda carece de recursos para comprar

Hacen falta viviendas pero quienes las necesitan no pueden comprarlas, igual que ocurría hace cinco años, antes de que se desatara la crisis económica. El desequilibrio entre la demanda y la oferta que excluyó del mercado a decenas de miles de personas durante el boom inmobiliario no se ha corregido. La profundidad de la crisis económica, la caída del mercado inmobiliario o el problema social derivado de los numerosos desahucios, lo han dejado fuera de foco, pero el problema persiste y afecta especialmente a los jóvenes.

 El 93% de las 111.887 personas inscritas en el registro de demandantes de viviendas de Andalucía dispone de unos ingresos netos anuales inferiores a 18.600, unos recursos muy limitados —no llegan a 2,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples)—, que no les permite comprar. El 7% restante (7.904 solicitantes) tiene un nivel de renta que oscila entre 18.600 y 33.500 euros.

Esta imposibilidad explica en buena medida que no se hayan cumplido las expectativas del Plan Concertado de Vivienda Protegida y Suelo 2008-2012, aunque el cambio de las condiciones socioeconómicas y, sobre todo, la falta de financiación por parte de las entidades bancarias, han sido las causantes de que apenas se hayan promovido 52.000 casas, poco más de la mitad.

El dato de la disponibilidad de renta obtenido del registro señala claramente que los futuros planes de vivienda deben cambiar de orientación y centrarse en las promociones en régimen de alquiler y la rehabilitación. Hasta ahora, las políticas de vivienda se han centrado mayoritariamente en el régimen de venta, hasta el punto de acaparar el 80% de las actuaciones, pero ya el plan de los últimos cuatro años se reprogramó y bajó hasta menos de la mitad ante la evidencia de las dificultades para obtener financiación.

La mayoría de quienes necesitan casa son menores de 35 años

El registro de demandantes, creado precisamente para conocer con detalle las necesidades de quienes piden una VPO, su perfil y sus condiciones familiares y socioeconómicas, desvela que aunque el crédito circulara, los niveles de ingreso son tan limitados para la inmensa mayoría que muy difícilmente podrían conseguir que se los concedieran y hacerles frente. El 62% de los demandantes (69.548) son menores de 35 años y dos de cada tres prefieren un alquiler con opción a compra.

Cuando tradicionalmente el problema ha sido la falta de oferta de vivienda protegida, ha resultado que ahora los ayuntamientos realizan promociones que quedan vacantes por las dificultades de financiación de los adquirentes. El Ayuntamiento de Málaga por ejemplo no ha encontrado comprador para 200 viviendas de una promoción de 1.600 para la que recibió más de 23.000 solicitudes. Hizo la adjudicación por sorteo y cuando empezaron a producirse renuncias se dirigió a los excluidos sin lograr completar el cupo por dos razones principales, los bancos no facilitaban los créditos o se habían quedado en paro. Finalmente el Consistorio tuvo que reclasificarlas para ponerlas en régimen de alquiler.

El Gobierno negocia actualmente con las comunidades autónomas el nuevo plan 2013-2017. La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, sostiene que además del alquiler y la rehabilitación, el otro pilar del plan debe ser la puesta en uso de las viviendas desocupadas, para lo que la consejería tiene en estudio un paquete de medidas que obliguen a los propietarios. También se deben reorientar los destinatarios, ya que en el anterior plan se contemplaban actuaciones para personas con ingresos de hasta 5,5 veces el Iprem, y en el registro andaluz solo hay inscritos hasta 4,5 y muy minoritarios.

Los andaluces que cumplan requisitos para pedir una VPO pueden inscribirse en el registro de hasta un máximo de tres municipios distintos. Hasta ahora la Junta ya ha autorizado los registros en 685 municipios, mientras que ha emplazado a otros 46 a modificar criterios.