El TSJ imputa a Castedo y a Alperi por hacer el PGOU a medida de Ortiz
Los diputados están acusados de supuestos delitos de soborno, tráfico de influencias y uso de información privilegiada
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha imputado a los dos alcaldes del PP de Alicante, la actual regidora Sonia Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi, por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información derivados del amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz.
El magistrado del alto tribunal Juan Climent, que instruye esta causa (una de las tres piezas clave del sumario de caso Brugal), ha citado a ambos altos cargos del PP para interrogarles el próximo día 19.
Climent, en una providencia firmada este lunes, ha asumido los argumentos del primer instructor de esta causa, Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante. Tejada observó indicios de delito en la conducta de Castedo y Alperi en el trámite de PGOU y remitió el pasado mes de julio el sumario al TSJ dada la condición de aforados de Castedo y Alperi. Ambos son diputados autonómicos.
La policía, el fiscal anticorrupción y el instructor mantienen que Castedo y Díaz Alperi redactaron el PGOU siguiendo los “deseos” del constructor Ortiz y a cambio de dádivas. En el caso de Alperi, un viaje en un jet privado a Creta; y en el de Castedo, unas vacaciones en Andorra y un coche de la marca Mini.
En su escrito de motivación razonada enviado al TSJ, el juez Tejada aseguró: “Indiciariamente resulta la percepción y/o solicitud de dádivas por parte de los aforados [Castedo y Alperi] por la comisión de un acto cuando menos injusto, pues merced a las mismas, los aforados facilitaron información que no debía ser pública relativa al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante e incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular [Ortiz], prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés particular”.
Según el juez, Castedo y Alperi adaptaron seis PAIS a los intereses de Ortiz. Y destaca que, sobre la base de información secreta, Ortiz acaparó suelo protegido para permutarlo por urbano. La policía cifró este pelotazo en 120 millones.
El sumario de Brugal está plagado de conversaciones entre Ortiz, Castedo y Alperi que demuestran la cercanía entre ellos el supuesto trasvase de información secreta. En una de esas conversaciones, Castedo dice a Ortiz: “Te hemos apañado también lo que hay en el APA 9, Lomas del Garbinet, y también lo del Rico Pérez”.
En este sumario había ya 16 imputados, entre ellos, el propio promotor Ortiz, el redactor del PGOU, Jesús Quesada, el abogado urbanista, José Luis Castedo, hermano de la regidora, y tres exdirectivos de Bancaja y CAM.
Castedo encajó la imputación con aparente satisfacción: “Es la única manera que tengo para defenderme”, dijo, al tiempo que agradeció la diligencia del TSJ en llamarla a declarar.
Castedo y Alperi se mantienen en sus cargos de momento, aunque la regidora sí ha anunciado que dejará el acta de diputada. El PP se limitó a asegurar que les abrirá un expediente informativo. Los tres grupos de oposición (PSPV, EU y UPyD) exigieron la dimisión urgente de ambos cargos del PP.
La oposición exige la marcha de Castedo
Los tres partidos en la oposición en el Ayuntamiento de Alicante han exigido su dimisión tras conocerse la imputación de la alcaldesa, Sonia Castedo. "Mantenerse en el cargo es arrastrar por el fango la imagen de la ciudad. La gestión del PP al frente de Alicante desde el año 95 está bajo sospecha con una alcaldesa imputada y un exalcalde en la misma situación", ha esgrimido el secretario general de la agrupación socialista, Gabriel Echávarri.
EU, por su parte, ha solicitado la dimisión "inmediata y fulminante" de Castedo y de Alperi. La formación considera que el presidente del Consell, Alberto Fabra, "debe pedirles hoy mismo su dimisión como diputados en las Cortes Valencianas si quiere tener alguna credibilidad en la lucha contra la corrupción". EU ha solicitado la dimisión de Castedo en los últimos plenos municipales.
Unión Progreso y Democracia, finalmente, también ha insistido en que la alcaldesa debe dejar su cargo. La formación considera necesario convocar un pleno extraordinario para votar un nuevo alcalde entre los 29 concejales restantes de la corporación municipal.
