Mientras llega el Estado propio

El debate de política general celebrado esta semana en el Parlamento de Cataluña ha dejado claro que podrán disfrutar del anhelado Estado propio quienes superen la política de ajustes que durante otra legislatura practicará el Gobierno de Mas. La habilidad de CiU para situar en el centro del debate la conquista de estructuras de Estado y la capitalización política que Convergència hace de la multitudinaria manifestación de la Diada han eclipsado hasta la irrelevancia las críticas a la política de recortes. Es tal el peso de la cuestión nacional en la opinión pública y publicada catalana que el presidente de la Generalitat se permitió pasar sobre sus tres oleadas de ajustes a las cuentas públicas sin el más mínimo acto de contrición. Mas hizo culpables de la situación a la herencia del tripartito, las imposiciones de Europa y el trato fiscal recibido de España. CiU ha ordenado un imaginario primero en torno al pacto fiscal y, después, a las estructuras de Estado. Una vez alcanzado el objetivo nacional, parece que la vida de los catalanes cambiará radicalmente. Tal vez entonces derechas e izquierdas encuentren su lugar.

De momento solo parece tener cabida un debate, a juzgar por lo acontecido en el Parlament, donde, ante la autocomplacencia convergente, el Partit dels Socialistes pasó como un zombie, más preocupado por su guerra interior —que amenaza con hacerlo saltar en añicos— que por fiscalizar la gestión de CiU. Esquerra Republicana sucumbió totalmente al encanto soberanista de Mas. Desde la izquierda, solo Iniciativa per Catalunya se empleó a fondo en denunciar los recortes sociales practicados durante 21 meses por el Gobierno. El empeño de los partidos en marcar perfil electoral propio evitó que se produjeran transacciones capaces de censurar a Convergència. Las tres jornadas del debate de política general pasarán a la historia por dos motivos: por haber aprobado la democrática práctica del derecho de autodeterminación y por dejar salir indemne a Artur Mas, el primer gobernante europeo a quien su política de duros ajustes no va a pasar factura electoral.

El presidente catalán, contrariamente a su homólogo español, siempre ha dado la cara y no se ha arredrado a la hora de aplicar recortes por severos que fuesen. No obstante, ha compartido con Rajoy el recurso de la culpa ajena. En lo que a programa electoral se refiere, Mas solo ha cumplido una de sus principales promesas: eliminar el impuesto de sucesiones. CiU se presentó como remedio a los males del tripartito y aseguró que podía reducir el paro a la mitad en cuatro años: en dos años ha aumentado de 686.000 a 821.000 personas. También se propuso una sustancial rebaja del fracaso escolar, en 2009 del 29%, a la media de la UE, el 10%: ahora se ha quedado en el 26%. En estos 21 meses, los empleados públicos han visto reducido su salario entre el 5% y el 15%. En sanidad han aumentado las listas de espera de 56.000 a 80.000 pacientes. La renta mínima de inserción, el último refugio de la cohesión social, ha sido denegada a 7.127 familias que antes la tenían, al reformarse las condiciones de percepción. Como colofón, han estallado casos de supuesta corrupción de altos cargos de la Diputación de Barcelona, el caso Palau ha obligado a CDC a depositar una fianza millonaria ante el juez y hay sombras sobre el secretario general de CDC, Oriol Pujol, por amañar, supuestamente, concursos de estaciones de ITV. Para colmo, la comisión que debía investigar casos de supuesta corrupción en la sanidad ha decaído al concluir abruptamente la legislatura. El mismo jueves en que el Parlament puso el cartel de cerrado por elecciones, se celebró una vista en la que el fiscal pidió 5.000 euros de multa por daños al honor a la revista Camfeambllet, que ha destapado algunos casos de supuesta corrupción en la sanidad. Toda una moraleja para el final de legislatura.