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Botella insinúa que el Gobierno autoriza demasiadas manifestaciones

El Ayuntamiento se lamenta del coste que tienen para los servicios municipales y pide “mesura” a los ciudadanos a la hora de salir a la calle a protestar

Concentración de ayer en la plaza de Neptuno.
Concentración de ayer en la plaza de Neptuno.CLAUDIO ÁLVAREZ

Sin decir nada pero diciéndolo todo, midiendo sus palabras para dejarlas al borde del titular vocinglero, y repitiendo frases que parecen destinadas a oídos nobles, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, no ha pedido hoy a los ciudadanos que se moderen en sus expresiones públicas de desagrado a las políticas de las Administraciones, no ha pedido a la delegación del Gobierno que sea más rigurosa a la hora de autorizar esas protestas en las calles de la capital, y no ha pedido al Estado una compensación económica por los gastos extraordinarios que manifestaciones y concentraciones, que se han disparado desde el verano, causan al Ayuntamiento (principalmente, por los servicios de limpieza y seguridad) y por las molestias que generan a ciudadanos y turistas. No lo ha hecho, en fin, pero cualquier diría que en realidad sí lo ha hecho.

>> ¿Demasiado permisivos? Lo primero que ha hecho es trasladar a doblones el monto de sus quebrantos: 3,8 millones de euros desde enero. En los nueve primeros meses del año se han registrado 2.732 concentraciones o manifestaciones, entre las autorizadas y las que no contaban con el visto bueno de la delegación del Gobierno. En todo 2011, fueron 1.380; algo que parece molestar particularmente a la alcaldesa, según ha dicho hoy, es que, cuando el anterior presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), aprobó en 2010 un recorte del sueldo de los funcionarios, no se produjeran protestas como las actuales.

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Desde el pasado 17 de julio hasta la fecha, se han registrado 983, “la gran mayoría con cortes de tráfico”. En lo que va de año, la media es de 10 al día; desde el 17 de julio, la media es de 14. En algunos días, las cifras se disparan: el 18 de julio hubo 57 (solo seis autorizadas); el 20 de julio, 61 (solo seis autorizadas); el 27 de julio, 65 (solo seis autorizadas). Ojo a las cifras, porque las proporciona el Ayuntamiento; y ojo sobre todo a las cifras de manifestaciones autorizadas por la delegación del Gobierno y, sobre todo, al cambio que se desprende de los datos facilitados: el 14 de diciembre hubo 54 (29 autorizadas); el 21 de septiembre, 43 (30 autorizadas). A buen entendedor…

Pero por si acaso, ha añadido: “Tenemos que pensar que hay muchas manifestaciones y tenemos que tener prudencia con aquellas que se autorizan”. Esa decisión es competencia de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes (PP). En cuanto a las no autorizadas, ha afirmado: “Apoyamos a la Policía Nacional y Municipal”.

 >> ¿Demasiado protestones? Botella se ha esmerado en recalcar que “respeta y defiende el ejercicio del derecho de manifestación”. Pero, “por decirlo de forma clara: es respetable que quien quiera protestar tenga derecho a ello, pero los vecinos, trabajadores o turistas de Madrid tienen derecho a vivir, trabajar y a moverse libremente por su ciudad”. A la alcaldesa le preocupa el “impacto negativo que está teniendo el ingente número de manifestaciones y concentraciones en los ciudadanos y turistas”, y “los efectos negativos de cara al exterior, a la inversión extranjera” y la imagen de la ciudad.

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“Hay que tener mesura en todo. Me gustaría pedir a los madrileños, a los que se manifiestan y a los que no, un poquito de prudencia. Los que se manifiestan son muy pocos y hacen un daño muy grande a muchas personas, ayer fuimos portada [en medios internacionales] y eso tiene un efecto, todos tenemos que tener responsabilidad”, explicó la alcaldesa.

“Es verdad que existe un malestar social. Pero el número de personas que se manifiestan es muy pequeño en comparación con el número total de la población. Cuando se tienen que tomar algunas decisiones porque son necesarias y son beneficiosas a largo plazo, no hay más remedio que asumir el coste. Hay que saber que, por el voto ejercido en las urnas, se toman decisiones, y se responderá otra vez en las urnas”, ha concluido la alcaldesa.

El vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, ha añadido un matiz: “Se pide prudencia. Que administremos el ejercicio de esos derechos con prudencia. Sobre todo cuando se derivan acciones violentas. Creo que los que se manifiestan deben expulsar a los que tienen actitudes violentas. Pedimos prudencia, mesura, sentido común”.

 >> ¿Demasiado caros? El Ayuntamiento calcula que, desde enero, las manifestaciones y concentraciones en la ciudad le han costado 1,9 millones en servicios de seguridad y 1,9 millones más en servicios de limpieza. Y pone un ejemplo: el 25 de septiembre, es decir, el 25-S, con miles de personas tratando de “rodear” el Congreso de los Diputados, destinó 490 agentes y 156 vehículos a servicios de seguridad, con un gasto estimado de 211.000 euros. Los cortes de tráfico afectaron a 60.000 vehículos y 150.000 personas; 90.000 usuarios de los autobuses municipales se vieron afectados, y 30.000 personas dejaron de usarlos, con un lucro cesante para el servicio de 32.000 euros. Es más, “desde el más absoluto de los respetos”, una manifestación de 6.000 personas afecta a 89.000 viajeros de autobús, asegura el Ayuntamiento.

 “Estamos muy contentos con ser la capital de España, pero hay cosas que son consecuencia de ello”, explica el Ayuntamiento, que ha pedido al Gobierno una modificación legal para cargar a los organizadores de eventos públicos (partidos de fútbol, conciertos, etcétera) con parte de los gastos de limpieza y seguridad en la vía pública, pero ha dejado fuera de sus reivindicaciones las manifestaciones por ser un derecho fundamental. Ahora, que si esos oídos nobles a los que iban dirigidas estas cifras quisieran participar en la cuenta de los gastos para la ciudad…

Como dijo ayer, referido eso sí a otra materia, el concejal de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad, Antonio de Guindos, “para insinuarse hay que saber lo que se insinúa”.

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