La trama salpica al BNG y provoca el caos en el Ayuntamiento de Ourense
La detención de dos ediles y cinco empresarios eleva a 22 los implicados
En cascada y sin tregua. Así continúan las detenciones enmarcadas dentro de la Operación Pokémon, que salpican ya a los tres partidos representados en el Parlamento gallego. El edil nacionalista del Ayuntamiento de Ourense, Fernando Varela, era arrestado a las nueve de la mañana de ayer en su domicilio por agentes de Vigilancia Aduanera. Tras declarar ante la juez de Lugo Pilar de Lara, Varela quedó anoche en libertad bajo fianza de 3.000 euros e imputado por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. También fueron detenidos un matrimonio de empresarios de O Carballiño, propietario de una empresa de desbroces; un concejal socialista de Cospeito (Lugo), propietario de una pequeña empresa de construcción; otro constructor de Vigo y dos empresarios más de la provincia. Parte de estas detenciones se han debido al testimonio de una las figuras clave de la trama, el expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y exconcejal de Lugo Francisco Fernández Liñares, en prisión desde el pasado lunes.
Primero fueron un alcalde socialista (el de Ourense) y otro del PP (el de Boqueixón). Y ayer le llegó el turno a un concejal del BNG. El detenido fue Fernando Varela, curiosamente uno de los ediles nacionalistas que exigieron al alcalde de Ourense su dimisión tras ser imputado por la juez De Lara, instructora del caso. Actualmente Varela es concejal de deportes, vivienda y rehabilitación urbana, aunque en la pasada legislatura fue responsable de tráfico y policía local. Su detención se llevó a cabo 24 horas después de que el jefe de la policía local de Ourense, Abelardo Ulloa, fuese también arrestado. Varela mantenía una estrecha relación personal con el máximo responsable de la policía, que ayer quedó en libertad bajo fianza de 5.000 euros con los cargos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Durante la pasada legislatura, Varela controló el servicio de grúa municipal y la ORA, gestionados por el grupo empresarial Vendex, eje de la supuesta trama corrupta. A pesar de que no han trascendido los delitos por lo que ha sido detenido, algunas fuentes aclaran que estaría relacionado con la adjudicación a Vendex del servicio de limpieza de las instalaciones dependientes del Consello Municipal de Deportes.
Varela, que está siendo tratado de una grave enfermedad, fue trasladado a los calabozos de la Comisaría de Ourense. Pero a mediodía el concejal nacionalista precisó asistencia sanitaria en el Complejo Hospitalario Universitario (CHUO), tras sufrir una crisis de ansiedad. El concejal abandonó el hospital poco antes de las tres de la tarde para ser trasladado a los juzgados de Lugo.
A la puerta de los juzgados de Lugo esperaban a Varela un grupo de militantes nacionalistas, entre ellos, la teniente de alcalde de Ourense, Isabel Pérez, y el exconselleiro de Medio Rural Alfredo Suárez Canal. La secretaria de organización del BNG y responsable comarcal de Ourense, Montse Prado, había comparecido al mediodía para recalcar la presunción de inocencia de su compañero. Con todo, Prado anunció que exigiría su dimisión si la juez confirma la imputación —como así ocurrió— en coherencia con la actitud que han tomado los nacionalistas con su hasta ahora socio de gobierno, el alcalde, Francisco Rodríguez, suspendido de militancia en el PSdeG por su negativa a dimitir. Varela declaró durante aproximadamente una hora ante la juez y quedó en libertad bajo fianza pasadas las diez y media de la noche.
El grupo de gobierno de Ourense canceló el pleno extraordinario previsto para hoy. Sí se mantiene la Junta de Gobierno fijada para el mediodía. El BNG deberá formalizar en esa reunión la ruptura del pacto bipartito con el PSOE, tras anunciar que abandonan sus cargos institucionales a causa del enrocamiento del alcalde en el puesto, que se niega a dimitir a pesar de estar imputado por cohecho, prevaricación y en libertad bajo fianza. El PP asegura que el Ayuntamiento está sumido “en la crisis política e institucional más grave” por la que ha pasado.
El BNG anunció que su edil de Ourense dimitiría si salía imputado por la juez
El alcalde ha evitado pasar por su despacho durante los dos últimos días. El martes no acudió en toda la mañana. Ayer llegaba casi a mediodía. A última hora de la tarde permanecía en dependencias municipales con Antonio Vallejo, uno de sus asesores. La ruptura política va más allá del Bloque. Los cuatro ediles afines al secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, no acudieron a una reunión que Rodríguez mantuvo con los otros seis ediles socialistas a mediodía del miércoles.
Las detenciones se suceden en Ourense. Y también los rumores. Durante todo el día, falsos arrestos y registros fantasma en empresas y medios de comunicación recorren los teléfonos móviles y las redes sociales. También las calles. Las cafeterías de la Praza Maior se han convertido en auténticos balcones del espectáculo donde vecinos y medios hacen guardia para ver cómo las cámaras graban la llegada de autoridades locales.
Pero los arrestos se extendieron ayer a otros puntos de Galicia. En Lugo fue detenido el concejal socialista de Cospeito Manuel Ángel Pico Yáñez, aunque su implicación en el caso —está en la oposición municipal— es por las actividades de una pequeña empresa de construcción de la que es propietario. En la provincia de Lugo fueron arrestados además otros dos empresarios, uno de ellos de A Fonsagrada. Además, en O Carballiño (Ourense), la juez ordenó el arresto otro industrial y de su esposa. Ambos tienen una pequeña empresa dedicada a trabajos forestales que ha trabajado para la Confederación Hidrográfica y también para la Xunta en pequeñas obras como desbroces de caminos.
El concejal del PSOE arrestado tiene una empresa de construcción
El otro empresario detenido fue Javier Anchelergues, administrador de una pequeña empresa de construcción de Vigo, Anchelergues e Asociados SL, constituida en 2009 con un capital de 12.000 euros. Anchelergues logró el contrato de una obra en la provincia de León, en mayo de 2011, adjudicada por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil que presidía Francisco Fernández Liñares. Su importe fue de 230.083 euros. Además, Anchelergues fue adjudicataria, en UTE con Comsa, de un tramo del AVE a Galicia (La Canda-Vilavella), contratado por el Ministerio de Fomento a través de Adif. En este caso, el contrato, formalizado en octubre de 2011, fue de 51,5 millones de euros, aunque Anchelergues solo participa en el 15%. El empresario vigués quedó en libertad sin fianza aunque con cargos.
El testimonio ante la juez de Fernández Liñares —también suspendido de militancia en el PSdeG— ha ampliado el ámbito de las investigaciones iniciales. Liñares fue interrogado durante 10 horas por De Lara y ofreció datos de numerosas empresas de las provincias de Lugo y Ourense que supuestamente le pagaron sobornos a cambio de obras que adjudicaba él mismo o gestionaba gracias a sus contactos en los ayuntamientos.
El jefe de la policía paralela de Orozco medió en favor de Pórtico
Daniel Corral Veiga se hizo al principio el remolón, pero luego, declarando todavía en mera calidad de testigo, dio rienda suelta a su lengua ante la juez Pilar de Lara. Entonces la Carioca se aproximaba a los dos años de vida y estaba de parto. De ella iban saliendo trabajosamente los alevines que pronto se transformaron en personajes de la Operación Pokémon. Corral es el policía local de Lugo jubilado que cayó en la segunda ronda de detenciones, el mismo día que Abelardo Ulloa, jefe de la policía municipal de Ourense.
Ayer, después de volverse a ver sometido al interrogatorio de la magistrada, el agente local que medró a la sombra de Liñares y que por su sumisión fue convertido de forma irregular en jefe de una policía paralela controlada desde alcaldía, quedó en libertad sin fianza pero con imputaciones. La juez le atribuye, entre otros, los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Su arresto, vinculado a la confesión del exconcejal de Urbanismo, Economía y Policía, Francisco Fernández Liñares, que aportó decenas de pokémons nuevos a la colección de los investigadores, tiene relación, supuestamente, con un caso que el mismo Corral le describió a la juez en primavera del año pasado. El policía explicó en aquella ocasión que había intercedido en favor de La Nave de Pórtico, que no lograba licencia municipal y finalmente no solo la consiguió, sino que el Gobierno de Orozco se encargó de legalizar los terrenos, obligando a los vecinos (con visitas incluidas de agentes locales, puerta a puerta) a pagar la urbanización.
La firma viguesa Pórtico había comprado una parcela junto a la N-VI que resultaba inservible desde hacía más de una década por los nones del gobierno local. Según Corral, Pórtico le prometió a su hijo un puesto de encargado si al fin conseguía abrir el gran almacén de muebles, entonces, presuntamente, el policía salvó los escollos y políticos (Liñares, Orozco y otros) y empresarios festejaron la licencia con un banquete. Entonces, Corral ya había sido nombrado "por decreto" responsable de un grupo de 16 agentes obedientes, al margen de la díscola policía local y su auténtico jefe, que se negaba a obedecer según qué órdenes del Ayuntamiento.
