La Iglesia accede a negociar sobre el patrimonio restaurado

Alonso recuerda que ley garantiza la gratuidad de las visitas a los templos rehabilitados

Luciano Alonso, a la derecha, conversa con el portavoz de IU José Antonio Castro, ayer en el Parlamento. / GARCÍA CORDERO

Dice la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía de 2007 que son los propietarios de los bienes culturales los que tienen que garantizar, a sus expensas, su conservación. Esta norma, sin embargo, parece que afecta a unos más que a otros, de forma que la Iglesia siempre ha contado, atendiendo a la inmensidad de su patrimonio cultural, con un trato muy distinto. Andalucía, como el resto de las comunidades, tiene un convenio marco con la Iglesia a través del cual ha destinado 48 millones de euros a restaurar bienes eclesiásticos entre 1999 y 2011. Sin embargo, y a pesar de lo abultado de las inversiones, la Iglesia católica está cobrando a los ciudadanos que quieren visitar esos templos restaurados con dinero público.

El consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, intervino ayer ante el pleno del Parlamento para advertir de que no se están cumpliendo los mínimos establecidos por la ley, que garantiza el acceso público gratuito al menos cuatro días al mes, o que este mínimo se suple con los horarios de culto. “Queremos alcanzar un acuerdo que garantice los derechos de la ciudadanía independientemente de sus creencias religiosas”, afirmó Alonso. El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, ha accedido a la celebración de una comisión mixta sobre patrimonio.

La Junta busca el equilibrio entre las actividades religiosas y las culturales

El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, envió el pasado día 17 una carta al consejero de Cultura, Luciano Alonso, en contestación a una misiva del 5 de septiembre en la que la Junta le pedía “actualizar la comisión mixta Consejería de Cultura-Iglesia Católica y revisar antiguos convenios” ante las protestas de numerosos ciudadanos que ven cómo la Iglesia está cobrando entradas en templos que han sido restaurados con dinero público.

“Debemos esperar a la reunión de la asamblea de Obispos del Sur que tendrá lugar en Córdoba los días 24 y 25 de octubre. Allí dialogaremos sobre el contenido de su carta y, posteriormente, nos pondremos en contacto con usted para que, efectivamente, pueda ser convocada la comisión mixta”, le escribe Asenjo al consejero de Cultura. En dicha asamblea estarán presentes los responsables de las 10 diócesis andaluzas —una por cada provincia más las de Jerez y Guadix—, ya que Cultura había enviado también el mismo documento al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, responsable de Andalucía oriental.

El consejero pide a la Iglesia que establezca garantías para las visitas públicas

“Le he propuesto a la Iglesia un espacio de diálogo para que nos permita avanzar en propuestas conjuntas de trabajo que establezcan unas mínimas garantías en cuanto a gratuidad, calendario y horario de la visita”, dijo ayer Luciano Alonso en el Parlamento. “Entendemos que es necesario encontrar ese equilibrio que permita conciliar la naturaleza de los templos, y su legítimo derecho a la actividad religiosa, con el derecho de acceso a la cultura y a los bienes del patrimonio por parte de toda la ciudadanía”, añadió el consejero después de enumerar las actuaciones en las que la Administración ha gastado 48 millones de euros en los últimos 12 años en conservar y restaurar bienes de la Iglesia Católica en Andalucía.

Entre estas intervenciones destacan más de 400 diagnósticos, estudios, dictámenes y proyectos de intervención en bienes inmuebles y muebles; 92 intervenciones de conservación y restauración en inmuebles, y unas 350 intervenciones en bienes muebles. Se trata de piezas fundamentales en la Historia del Arte como el retablo del siglo XVI de Pedro de Campaña de la iglesia de Santa Ana, en Triana (Sevilla), las esculturas de Luisa Roldán o las obras de Alonso Cano, ambas del XVII. Y también de monumentos tan significativos como la Iglesia del Salvador de Sevilla o la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Templos que incumplen la ley

  • Iglesia de Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda (Jaén). Obras financiadas al 100% por la Consejería de Cultura con una inversión superior a 6 millones de euros. Cobran cuatro euros por entrar. Este templo, que ha permanecido cerrado 28 años porque amenazaba ruina, ha sido el que ha desatado las protestas contra la política de la Iglesia en la regulación de las visitas a los templos rehabilitados con dinero público.
  • Iglesia de los Descalzos de Écija (Sevilla). Su restauración supuso una inversión de más de 5 millones de euros que sufragó Cultura en solitario. Está cerrada.
  • Iglesia de El Carmen en Antequera (Málaga). Las obras que pagó en su totalidad Cultura costaron casi 3 millones de euros. Cobran entrada.
  • Iglesia de los Agustinos de Huécija (Almería). Rehabilitada por Cultura con una inversión de 1,4 millones de euros. Abierta al culto pero cerrada para las visitas.

Según el consejero, la Iglesia está “quebrando el equilibrio de reciprocidad que es exigible por la ciudadanía, que se ve privada del disfrute de un patrimonio que ha contribuido a mantener”. “Desde el Gobierno andaluz no podemos y no queremos ser ajenos al desequilibrio que supone abrir la puerta a la inversión pública para bienes privados y que después la cierren al disfrute ciudadano”, añadió Alonso.

Por su parte, los máximos responsables de la Iglesia en Andalucía, los arzobispos de Sevilla, Juan José Asenjo, y Granada, Javier Martínez Fernández, han rehusado hacer declaraciones antes de la celebración de la asamblea de los Obispos del Sur.

Por su parte, el diputado del PP Antonio Garrido Moraga criticó este miércoles el “sectarismo” del Gobierno andaluz y aseguró que el patrimonio, sea de quien sea la titularidad, es un elemento clave para el desarrollo económico de Andalucía. Mientras que Juan Serrano, diputado de IU, indicó que si se restaura el patrimonio eclesiástico con dinero público, el disfrute del mismo debe ser gratuito para los ciudadanos. “No queremos que la Iglesia tenga privilegios económicos en un estado aconfesional”, sentenció.

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