La juez imputa al exjefe de Calidad de Cruces por fraude y tráfico de influencias

La Justicia reactiva el caso Margüello, las supuestas irregularidades en la contratación de servicios sanitarios entre el Departamento de Sanidad —de 1996 a 2009— y varias empresas vinculadas al exjefe de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, Yolanda Paredes, ha llamado a declarar el próximo 31 de octubre, en calidad de imputado por tráfico de influencias, fraude y abuso en el ejercicio de sus funciones, al facultativo por cuyo apellido se conoce el caso.

 Margüello, inhabilitado por seis años de su puesto de médico en el Hospital de Cruces por razones relacionadas con su implicación en el entramado de empresas, será la primera persona imputada en la instrucción que agrupa la parte principal del caso. Esta se centra en un conjunto de empresas sanitarias que logró contratos públicos, en las que participaba el facultativo, amigo del anterior consejero de Sanidad, el peneuvista Gabriel Inclán. Medical Dom, la principal firma de la trama, obtuvo 25,6millones de euros, mientras que Gestión de Servicios Sanitarios XXI logró contratos por siete millones, entre otras.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas apreció irregularidades en esos contratos desde el propio procedimiento para adjudicarlos o las prórrogas de algunos de ellos, hasta los aumentos de las tarifas de un año a otro, pasando por las incompatibilidades de varios médicos, entre ellos Margüello, de trabajar en la sanidad pública y, al mismo tiempo, en estas empresas concertadas.

El caso también contenía un apartado relacionado con la autorización que otorgó en 2006 el ahora exdirector de Sanidad de Bizkaia, José Ramón Elorriaga, a una de las empresas, Gestión de Servicios Sanitarios XXI, necesaria para lograr contratos públicos. Pese a los indicios de prevaricación observados por el Gobierno vasco y la Fiscalía, la Justicia ya se ha pronunciado con anterioridad sobre esta parte, instruida de forma separada por otro juzgado de instrucción, y archivada por la Audiencia Provincial de forma definitiva la causa en marzo de este año por entender que, pese a que la autorización es nula por no cumplir con la normativa, Elorriaga mostró dudas que apuntan a que no dictó la resolución “a sabiendas de la ilegalidad”.

El archivo de esta rama hizo que el PNV asegurara que jamás ha existido tal caso y cargara contra el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, que entonces subrayó que “el caso sigue tan abierto como antes”. Se refería al grueso del caso, que ahora el juzgado de instrucción número 3 ha reactivado con la imputación de Margüello. Esta parte ha estado paralizada a la espera de que se resolvieran varios recursos en la Audiencia de Bizkaia en torno al caso. Ahora, más de un año después, y según el auto notificado el pasado viernes, que ha adelantado esta mañana Europa Press, la juez de instrucción ha solicitado al Parlamento que le remita el dictamen de dicha comisión —en junio de 2011 pidió todas las actas de las reuniones de este grupo—. Este considera que el equipo del anterior consejero de Sanidad tuvo responsabilidad y participación en las irregularidades que la Cámara consideró probadas. Tras más de medio centenar de comparecencias, el dictamen recoge que hubo un perjuicio económico —no cuantificado— para las arcas públicas.