Personal de Vaersa ejerce tareas de funcionarios
Un informe de la Intervención señala irregularidades en la empresa de la Generalitat
La empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA (Vaersa), creada por la Generalitat, se ha convertido en una Administración paralela. Así lo han venido denunciando la oposición y sindicatos como la Confederación General del Trabajo, que incluso ha ganado alguna sentencia en relación con la cesión de personal.
Ahora, un informe de la Intervención de la propia Generalitat sobre las encomiendas de las consejerías de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, en base a un convenio del año 2000, señala que “se llegan a encomendar funciones que deberían desempeñar funcionarios, ya que implican la participación directa o indirecta de potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses de las Administraciones públicas”. Se refiere al hecho de que personal de Vaersa asume funciones como la de informar sobre asuntos urbanísticos, de carácter ambiental y de otro tipo que deberían estar sujetos a la imparcialidad y la objetividad de los técnicos con plaza específica en la Generalitat.
El informe, emitido a finales del pasado mes de julio por el viceinterventor general de control financiero, Ignacio Pérez López, obedece al compromiso que asumió el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de realizar un control de las encomiendas a Vaersa. “El 40% de las encomiendas presenta pliegos de prescripciones técnicas con funciones que deben ser desempeñadas por personal técnico funcionario”, señala el documento, pendiente de las alegaciones de las consejerías y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Y pone como ejemplos los estudios previos a decretos sobre instalaciones potencialmente contaminadoras, la elaboración de normas relacionadas con el tratamiento de residuos o el seguimiento y tramitación de normas de gestión de espacios de la Red Natura 2000.
La figura de la encomienda de gestión, que el informe advierte que tiene un carácter excepcional, se ha generalizado en materia de territorio y medio ambiente, cuando “puede constituir una puerta abierta al fraude de ley en los casos en que se encargue al ente una actividad respecto de la cual, posteriormente, tenga que subcontratar una parte sustancial o, incluso, la totalidad de la prestación, con la única finalidad de huir del rigor y requisitos, sin duda más rígidos, de los procedimientos previstos en la ley”, indica el informe.
Reducir las encomiendas a los casos “estrictamente necesarios” y ajustar la selección de personal de Vaersa a “los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad” son algunas de las recomendaciones del dictamen.
“Tarifas alejadas de su coste real”
Las encomiendas “se están pagando mediante un sistema de tarifas alejado de su coste real”, dice el informe del viceinterventor general de control financiero, lo que lleva a que la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente esté abonando “un sobrecoste de 3,8 millones de euros” en 2011. Los servicios prestados por Vaersa, además, no se encuentran sujetos a IVA, pero no consta que la consejería haya iniciado ningún expediente para recuperar las cantidades que ha pagado por ese concepto.
Más allá del aspecto económico, sin embargo, el documento revela que las direcciones generales con encomiendas de gestión funcionan mayoritariamente a través de personal de Vaersa. “El 79% del personal que presta servicios en estos centros directivos procede de la mercantil”. Se trata de empleados que en la mayoría de los casos fueron seleccionados “sin sujetarse a los principios establecidos en la legislación vigente”. Para corroborarlo, el informe advierte de que en Vaersa se “ha multiplicado por 4,4 el importe de las indemnizaciones por despido en 2011 respecto de 2010, alcanzando la cifra de 910.000 euros en 2011”.
La suplantación de tareas resulta evidente cuando se tiene en cuenta que “más del 75% del personal asignado a encomiendas de gestión realiza sus tareas en dependencias de la Generalitat”. Algo que, según advierte el documento, “supone un riesgo de incurrir nuevamente en una condena por cesión ilegal de trabajadores, como así ha ocurrido en recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana”.
Si los trabajos fueran desempeñados por funcionarios de la consejería, el coste sería inferior en un 5,5%, advierte el informe de fiscalización interna.
