Salvadores de perros bajo sospecha

Una denuncia particular puso en jaque a la Guardia Civil en el verano del año pasado. Cada 15 días partían de la provincia de Cádiz furgonetas cargadas de perros a un rumbo desconocido. Los agentes del Seprona terminaron interceptando uno de sus vehículos y descubrieron que en ese camión viajaban hacinados, sin agua ni ventilación, 24 perros. En el Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María declararon ayer como imputados dos veterinarias y el representante legal de una asociación protectora de animales, Vita.

Sus miembros defienden que son buenos samaritanos, que trasladan los animales a Italia, para evitar su sacrificio. Los investigadores creen que lo hacen para beneficiarse de ayudas económicas en su país.

La asociación española El Refugio se personó como acusación particular y es la que ha dado a conocer esta triple imputación que trata de aclarar las claves de la operación desarrollada por la Guardia Civil el año pasado. Entonces los agentes dieron alto a una furgoneta en la que el conductor acababa de cargar a varios perros de una residencia canina de El Puerto. Previamente había metido a otros animales de un centro de Chiclana. Según descubrieron entonces los investigadores, algunos perros no contaban con la documentación necesaria y alertaron de las condiciones en las que iban a viajar hasta Italia no garantizaban su seguridad.

Lo que descubrió entonces la Guardia Civil es que no era un viaje único sino que periódicamente, cada quincena, se realizaba este tráfico de perros masivo desde centros españoles hasta Italia. Allí las ayudas públicas por manutención de animales son superiores a las de España

El portavoz de El Refugio dio a conocer un informe de la Fiscalía que establece indicios de delito ya que la Asociación Vita “organizó y ordenó el traslado de los animales sin documentación y sin cumplir el reglamento para el transporte”. Añade que “ni el conductor ni el vehículo estaban autorizados para el transporte de animales vivos dentro de España. La ventilación era insuficiente y los perros iban apilados”.

Las veterinarias y el representante legal de Vita están acusados de falsedad documental, aunque el Ministerio Público solicita diligencias para investigar un maltrato animal. La asociación denunciada defiende la legalidad y el buen fin de su acción para salvar de sacrificios a cientos de animales. El Refugio rechaza en cambio los traslados a otros países de animales abandonados.