Los móviles de sus señorías ya no hablan gallego
El Parlamento renovará el contrato de telefonía sin incluir ese requisito
Los teléfonos móviles de los 75 diputados que compongan el nuevo Parlamento de Galicia que saldrá de las urnas sabrán hacer de todo lo que se le exige a un terminal de última generación. De todo menos, posiblemente, hablar gallego. Porque el concurso público convocado por la Cámara autonómica para renovar sus móviles con ese y otros muchos requisitos técnicos ha quedado desierto, lo que ha derivado en la convocatoria de otro proceso de compra en el que ya no se exige que incluyan el idioma propio de Galicia.
El Parlamento inició hace ahora un año el camino para renovar sus redes de internet, telefonía fija y móvil. El concurso público, que incluía el suministro de nuevos equipos técnicos y su mantenimiento y consumo durante tres años, se convocó dividido en dos lotes, uno para la telefonía fija e Internet y otro para los móviles. Al primer lote se presentaron dos ofertas y hace ya meses que se le adjudicó a Telefónica con un coste anual de 140.000 euros más IVA. El cambio de operador supuso un ahorro de 60.000 euros anuales con respecto al precio de licitación y provocó problemas técnicos que impidieron durante meses el normal funcionamiento de la Cámara.
Pero los problemas parecen mayores en el concurso para renovar la telefonía móvil. Un año después sigue sin resolverse el proceso tras ser declarada desierta su primera convocatoria porque ninguna de las dos empresas que se presentaron cumplió con los requisitos técnicos. Esa situación ha obligado al Parlamento a convocar otro concurso con condiciones más flexibles para facilitar que más empresas puedan cumplirlas. Y en esa flexibilidad la Cámara ha incluido el idioma, elemento que ahora considera prescindible. En el concurso previo que quedó desierto el Parlamento sí incluía entre las “características mínimas” del centenar de móviles de última generación que se le entregarán a los diputados y a otro personal de la Cámara la exigencia del “idioma gallego”.
Un portavoz del Parlamento admite que se han reducido los requisitos del servicio de telefonía móvil, incluido el del gallego, “para abrirlo a la competencia” y poder recibir “más ofertas”, lo que a su vez supondrá un “mayor ahorro”. Así, junto con la no obligatoriedad de la lengua propia, apunta que se han modificado determinadas exigencias sobre las radiaciones de los aparatos que todavía no han sido aprobadas por la UE. En total, entre los nuevos móviles, su consumo, la mejora de la cobertura de su sede y un programa para envío de mensajes internos, el Parlamento está dispuesto a gastarse un máximo de 80.000 euros anuales más IVA.
La cuestión del gallego en los móviles de los diputados ya fue objeto de controversia hace unos años en el concurso público para adquirir los terminales que se venían usando hasta ahora. El BNG, según recuerda su diputado Bieito Lobeira, había insistido entonces en la necesidad de incluir la lengua propia como exigencia en los pliegos de condiciones, lo que no impidió que los terminales modelo BlackBerry ganasen aquel concurso cumpliendo con ese requisito y se hayan venido utilizando hasta ahora sin problemas. Lobeira critica que lo que ya se había logrado en la anterior compra sea ahora despreciado.
Con los móviles actuales, configurados en gallego, los diputados hablaron el pasado año unas 200 horas de media cada uno solo en llamadas realizadas, sin contar las recibidas. Y también hubo quien los usó, según los datos del Parlamento, para acceder a líneas de tarificación adicional o para enviar mensajes multimedia. El Parlamento pretende conseguir tarifas planas en el mayor número de servicios posibles, pero admite que tendrá que pagar a mayores por ciertos usos extraordinarios.
Menos flexible que con el idioma a la hora de fijar requisitos técnicos lo ha sido la Cámara al encargar estos mismos días la compra de ordenadores portátiles e impresoras láser para los diputados que ocupen un escaño tras el 21-O. Cada una de las 85 parejas a adquirir, más su mantenimiento y garantía durante cuatro años, deberá tener un coste máximo de unos 1.200 euros más IVA. Y pese a los diversos posicionamientos del Parlamento y la Xunta a favor del software libre, aquellos programas informáticos que se pueden utilizar en cualquier equipo sin tener que pagar una licencia a su fabricante, los nuevos ordenadores que se comprarán deberán tener obligatoriamente Windows 7 Professional.
