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El macrogeriátrico privado de Guitiriz obtiene el visto bueno ambiental

La misma consellería que impulsó la recalificación certifica que no tendrá impacto

Vista del monte de Santa Mariña en Guitiriz donde está proyectado la construcción
Vista del monte de Santa Mariña en Guitiriz donde está proyectado la construcciónPEDRO AGRELO

La Consellería de Medio Ambiente, que hace un año inició con sigilo la recalificación de 173 hectáreas de monte comunal en Guitiriz para construir un macrogeriátrico privado de 2.000 plazas, considera ahora “ambientalmente viable” el proyecto. Así lo establece el departamento que dirige Agustín Hernández, impulsor político del complejo, en la memoria ambiental que lo autoriza y lo deja ya solo pendiente de su aprobación global definitiva, competencia del Consello de la Xunta presidido por el propio Feijóo.

El proyecto denominado Ciudad Verde fue presentado hace un año ante la Xunta por una pequeña promotora inmobiliaria de Alcalá de Henares. Su aspiración es levantar en Guitiriz, junto al enlace de la A-6 con la carretera nacional que comunica con Santiago, un complejo geriátrico de 2.000 plazas (la mayoría en chalés semi-asistidos), hotel, auditorio, capilla y tiendas en un monte hoy comunal de 3,5 kilómetros de largo por 500 metros de ancho. De sus 173 hectáreas serán urbanizables 100 (de ellas se edificará en 11) quedando otras 73 como zonas verdes. Como comparación, el recinto amurallado de Lugo o el casco histórico de Santiago tienen 30 hectáreas.

La autorización de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental data del 9 de julio y está aún pendiente de publicarse en el Diario Oficial de Galicia. El documento, que también recoge las alegaciones presentadas, admite la “relevancia” del proyecto y lo autoriza con media docena de salvedades propuestas por distintos departamentos. Medio Ambiente advierte de que el promotor debe presentar un aval que fijará la propia Xunta “para responder de la reparación de los posibles daños que se le puedan causar al medio ambiente” y para garantizar “el cumplimiento de las medidas correctoras previstas”, que controlará anualmente.

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En concreto, la Xunta insta a modificar el ámbito para respetar la ampliación de la Red Natura 2000 en la vecina Serra da Cova da Serpe, propuesta con el proyecto ya lanzado y que se vería afectada en siete hectáreas. Igualmente, la Dirección Xeral de Conservación da Natureza pide “un estudio específico de la biodiversidad en el área de afección del proyecto” para valorar su incidencia de forma más precisa así como que las zonas verdes conserven su estado actual y no se cambien por césped o arbolado ornamental.

Medio Ambiente elogia que la ocupación de suelo edificado o pavimentado “será baja, restringiéndose unicamente a algo más del 10% de la superficie total del ámbito”. Y da por bueno que el complejo no tendrá un gran impacto paisajístico, pero luego lamenta “no disponer de información detallada sobre el diseño de las edificaciones”, por lo que exige que más adelante se detallen actuaciones concretas de integración paisajística. En materia de abastecimiento, tras proponerse inicialmente un suministro de agua del embalse que da servicio a Guitiriz, e incluso insinuar su posible ampliación, en este último documento se detalla que la promotora opta por captar aguas directamente del vecino río Boedo. En cuanto a los residuos, se estima que producirá 825 toneladas al año.

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A nivel patrimonial, la Xunta entiende que el proyecto respeta las mámoas y otros elementos catalogados en el entorno y a nivel socioeconómico se limita a dar por buenas las consideraciones del promotor de que mejorará el nivel de renta de la comarca y atraerá nuevas inversiones.

Pese a que el Gobierno gallego niega que haya comprometido apoyo económico al complejo, ya sea con préstamos o concertando las plazas asistenciales, el informe ahora aprobado por la Xunta vuelve a indicar que “según el promotor”, los más de cien millones de euros necesarios para ejecutar el proyecto procederán de “financiación propia (inversores particulares y empresas dedicadas a la financiación de este tipo de proyectos) e institucional (gestionando una serie de préstamos y subvenciones a través de instituciones dependientes de la Xunta de Galicia)”. En el documento consta que la Diputación de Lugo pidió más datos al respecto pero el promotor no dio más explicaciones.

De los informes de la Xunta destaca el de la Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe que considera que “no se analizó convenientemente una alternativa que permita una mayor cohesión social”. Igualmente, la Diputación critica que, en contra de lo que contemplan las Directrices de Ordenación del Territorio de la Xunta, se opte por crear un nuevo asentamiento poblacional desligado de los ya existentes, a más de cinco kilómetros del núcleo de Guitiriz.

El promotor alega que las Directrices contemplan ese aspecto solo como “preferencia” y no como exigencia y que tras estudiar “muchas alternativas” de ubicación solo esta sería viable. También argumenta que los destinatarios del proyecto “no son los vecinos” de Guitiriz “sino personas venidas de fuera del municipio”. Pero no detalla, pese a que así lo reclama la Dirección Xeral de Mobilidade, cómo se mejorará la conexión del recinto con transporte público. Por último, en el resumen de las alegaciones presentadas se indica que Xuventudes Socialistas de Guitiriz “valora muy positivamente el proyecto”.

Los geriatras discrepan del modelo

Senior resort en contacto con la naturaleza”, y no geriátrico, pese a que prevé concertar la mitad de sus plazas, es la definición que usa Avance Arquitectónico, promotora del complejo de Guitiriz, para defender su dimensión (2.000 plazas) y ubicación (aislado de cualquier población). La elección semántica no parece casual a la vista de que el modelo de gran geriátrico no es del agrado de los expertos sociosanitarios. Así lo reconocía este verano en Santiago el secretario general de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, Alfredo Bohórquez, en el congreso celebrado por la entidad en la capital gallega. A preguntas de este medio, y con la precaución de no conocer en detalle el proyecto, Bohórquez destacaba que “lo ideal es que las personas mayores permanezcan en sus domicilios, integrados en la sociedad” y que cuando eso no sea posible la siguiente preferencia debería ser la de “sitios no masificados, sea en residencias de uno u otro tipo, pero que no tengan un comedor para cien personas”.

Sobre el tipo de senior resort que se quiere en Guitiriz, el geriatra apuntaba la dificultad de que “los españoles, con su mentalidad de vivienda en propiedad, quieran ir a un resort de alquiler”. “El poco éxito de las hipotecas inversas en España dice que no”, indicaba, “y la esperanza de vida de 20 años a partir de la jubilación pone en duda el periodo de alquiler de esos resorts”. “El que tiene dinero se va a un resort convencional, no de mayores, o se permite vivir donde le dé la gana”, explicaba el geriatra, y añadía que “un mayor quiere convivir con la sociedad en general”, mostrando dudas sobre un espacio lejos de zonas urbanas.

Bohórquez, que también es director técnico del área sociosanitaria de una gran empresa de servicios, defendía que su sector “no es una actividad inmobiliaria” y señalaba que la sociedad médica de la que es secretario general no tiene constancia “de un solo proyecto de tal tamaño que haya funcionado en España”.

Pese a recoger en sus informes consideraciones urbanísticas, ambientales y económicas, la Xunta no ha incorporado ninguna valoración sociosanitaria en toda su tramitación. Y la promotora no hace valoraciones.

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