Bernácer miente al juez sobre su relación con una empresa que saqueó Emarsa

El excargo de la Epsar no respondió de su relación con el imputado en fuga

Ante el juez del caso Emarsa compareció de nuevo a primera hora de ayer María Águila Aladrén, la pareja del empresario en paradero desconocido, Jorge Ignacio Roca Samper, que saqueó millones de euros a la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, una mujer a la que ordenó detener el miércoles mientras declaraba, acusada de un delito de blanqueo de capitales. La imputada permaneció en la Ciudad de la Justicia de Valencia pero no declaró por la mañana.

Sin embargo, quien siguió declarando en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia fue el exjefe de explotaciones de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), Ignacio Bernácer, otro de los imputados en la investigación.

El que fuera alto cargo de la entidad de la Generalitat encargada de las depuradoras intentó justificar el lunes que la Epsar pagara, precisamente en los años del fraude, entre 2005 y 2010, hasta 42 euros por tonelada de lodos de Emarsa cuando la UTE que se encarga hoy de la depuradora, tras la disolución de Emarsa, cobra sólo 18 euros por tonelada. El juez retomó en su interrogatorio el asunto de los lodos y preguntó a Bernácer por su relación con Notec, una de las empresas que se utilizaron para saquear Emarsa cobrando por transportes y aplicaciones de fangos que no se realizaron o hinchando los costes.

A la pregunta de cuándo conoció a José Luis Sena, responsable de Notec, Bernácer respondió que cree recordar que fue a raíz de unas entrevistas en las que solicitó información de la Epsar sobre producciones de lodos en depuradoras. El exjefe de explotación de la Epsar no supo precisar si fue antes del año 2009 pero, ante la pregunta concreta de si conoció a Sena en 2005, respondió que no. El juez exhibió entonces un fax remitido por él a Sena en abril de 2005 que, en efecto, reconoció. Y asumió que se había reunido con Sena el 15 de abril de ese año.

El juez insistió sobre el contenido de esas relaciones señalando a Bernácer que, contrariamente a lo que él había dicho, no se trataba de darle información sobre producción de lodos en depuradoras sino de una oferta económica para el tratamiento en las instalaciones de Pinedo. Bernácer lo justificó apelando a que Notec proponía una tecnología innovadora que al final fue descartada.

Como otros imputados, Bernácer se negó a responder a las preguntas de los letrados de las acusaciones, tanto de la acusación particular, que representa a la Entidad Metropolitana de servicios Hidráulicos (Emshi), de la que Emarsa era una empresa filial, como de la acusación popular ejercida por los socialistas valencianos, que denunciaron originariamente las irregularidades en la gestión de la depuradora de Pinedo.

Las preguntas de la acusación popular que Bernácer no contestó eran sólo dos. Una le invitaba a explicar cuántas veces ha sido visitado por María Aladrén, cuál es su relación con Ignacio Roca Samper y quién se lo presentó. La segunda inquiría sobre las reuniones que habría mantenido con Aladrén y Roca, —que sigue en paradero desconocido y contra el que el juez ha extendido una orden internacional de búsqueda—, tras salir a la luz pública los hechos que se investigan en el caso Emarsa.

Por otra parte, la diputada socialista en las Cortes Valencianas y alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, se refirió ayer, tras las últimas revelaciones sobre el blanqueo del botín de Emarsa mediante la compraventa de apartamentos en Francia y el envío del dinero a cuentas bancarias en Malta o Andorra. “Es indignante conocer que el dinero que los vecinos y vecinas hemos pagado en el recibo del agua está en paraísos fiscales y en inversiones inmobiliarias”, aseguró Martínez.

“Como representante política, como alcaldesa de uno de los municipios afectados, pero principalmente como vecina, me parece denigrante que el PP nos obligue a reponer de nuestro bolsillo el dinero saqueado de la depuradora de Pinedo”, añadió la parlamentaria socialista, que añadió: “El PP fue el que organizó la trama y sus dirigentes, al parecer, según figura ya en el sumario judicial, fueron los principales beneficiarios”.

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