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El PSPV pide que dimita Johnson tras las revelaciones de Villalonga

La exsubsecretaria documentó al juez 123 facturas de Nóos rechazadas por falsas

Isabel Villalonga, antes de declarar en el TSJ por el caso Urdangarin.
Isabel Villalonga, antes de declarar en el TSJ por el caso Urdangarin.JORDI VICENT

Las revelaciones efectuadas por la que fuera subsecretaria de Presidencia de la Generalitat, Isabel Villalonga, ante el juez que investiga el caso Urdangarin llevaron a los socialistas a pedir ayer la dimisión de la actual consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Lola Johnson, “por mentir directamente en el Parlamento valenciano” sobre la relación de la Generalitat con el instituto Nóos, que presidía el duque de Palma. El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Antonio Torres, señaló que el fraude masivo que demuestran esas facturas por casi dos millones de euros, que Iñaki Urdangarin trató de cobrar a la Generalitat en 2006 a cuenta del estudio para organizar unos supuestos Juegos Europeos, confirma una sospecha que los socialistas siempre han tenido.

Torres recordó que la consejera Johnson compareció hace unos meses en las Cortes para responder a preguntas de la diputada socialista Eva Martínez y afirmó que “todos los contratos de Nóos eran perfectamente legales y no había ningún problema con las facturas”. El portavoz socialista acusó al PP de haberlo ocultado todo sistemáticamente. “Si hemos conocido los hechos siempre ha sido a través de una investigación judicial, pero nunca nos han dado la documentación a la oposición”.

El portavoz del PP, Rafael Maluenda, prefirió no entrar en el fondo y argumentó que no hay por qué crear una comisión de investigación del caso Nóos en las Cortes Valencianas, pese a que la Generalitat pagó cerca de tres millones de euros al instituto de Urdangarin con facturas cuya falsedad investiga el juez, precisamente porque el asunto está sub iúdice. “Hay que dejar que actúe la justicia libremente”, dijo.

Los socialistas acusan a la consejera de mentir en las Cortes

Para Enric Morera, de Compromís, habrá más revelaciones. “Ya dije que alguien tiraría de la manta”, añadió. “El elemento de saqueo más importante está en los encuentros Valencia Summit”. Según el diputado, con el paraguas de esos encuentros en 2004, 2005 y 2006, desde Valencia Convention Bureau, organismo del Ayuntamiento de Valencia, “se desvió mucho dinero”. “El problema no es lo que no se ha pagado”, advirtió Ignacio Blanco, de Esquerra Unida. “Hay facturas que sí se pagaron” y la Generalitat dedicó millones a “los chanchullos o milongas que el yerno del Rey vendió a Francisco Camps”, añadió.

En efecto, como indicaron los portavoces de la oposición, el descubrimiento de las facturas falsas por parte de Villalonga tampoco impidió que la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia siguieran tratando posibles negocios con Urdangarín. En las declaraciones que Vicente Rambla, exvicepresidente del Consell en la época de Francisco Camps, y de Trinidad Miró, exconsejera de Cultura, prestaron ante el juez instructor en julio, admitieron haber mantenido reuniones con Urdangarín en los años 2007 y 2008.

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Comidas

En ambos casos se trató de comidas, en las que se habría discutido la posibilidad de nuevos proyectos, como unos juegos de la juventud. A las reuniones asistieron la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el entonces socio del duque de Palma, Diego Torres, y el empresario valenciano Miguel Zorío. Rambla, que había afirmado inicialmente que una de las comidas la pagó Barberá, declaró finalmente que ambos almuerzos corrieron a cargo del Gobierno valenciano.

El proyecto de los juegos de la juventud fue discutido tras el fracaso de los llamados Juegos Europeos, una idea abrazada por el expresidente Camps por la que pagó al Instituto Nóos 382.000 euros y que nunca llegaron a celebrarse. Tampoco los juegos de la juventud salieron adelante. Según la declaración de Rambla, la segunda comida, que tuvo lugar en Castellón el 28 de mayo de 2008, se cerró sin acuerdo. También por entonces se asumió que los Juegos Europeos, cuyo primer pago se realizó en 2006 y por los que la Generalitat prevía pagar a Nóos seis millones de euros, no se realizarían.

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