Devolver el piso al banco sale caro

La dación en pago —devolver el piso al banco a cambio de librarse de la deuda hipotecaria— no es ningún chollo. Además de quedarse en la calle, las familias topan con una desagradable sorpresa: deben pagar impuestos como si se hubieran hecho ricos. Esto ocurre porque fiscalmente, la dación es una compraventa: se hace ante notario, el propietario moroso vende el piso a la entidad bancaria que le prestó el dinero. A partir de ahí, perversiones de la legislación y de la locura de la burbuja inmobiliaria, resulta que si se hacen números sobre el papel, el patrimonio del hipotecado se ha incrementado y debe pagar al Ayuntamiento y al Estado por estas ganancias.

Le ha ocurrido a Mercedes Castro. A la deuda inicial, en el momento de la dación se suman los intereses de demora, los gastos notariales (incluidos los de las subastas que en su caso se suspendieron), el importe de las refinanciaciones que el propio banco le ofreció y demás. Total, que vendió al banco por 242.000 euros un piso que en su día le costó 150.000. A los ojos de Hacienda, se ha hecho rica. “Es una locura, sales de una deuda bancaria para meterte en una deuda con la Administración, es el propio Estado el que no te deja volver a comenzar”, exclama.

Por lo pronto, Castro, que está vaciando su piso del barrio de Gràcia de Barcelona, enseña la estimación de la plusvalía (el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos) del Ayuntamiento: 2.906 euros que el propio Consistorio le ofrece pagar en 36 plazos. Con intereses, claro. “Es increíble que se esté aplicando la moratoria del 10% a las grandes fortunas que defraudan… Parece que lo estén haciendo a costa de los pobres”, entiende la mujer.

Para calcular la plusvalía, los Ayuntamientos aplican una fórmula que tiene en cuenta el catastro, el precio de compra, el de venta y la antigüedad. Algunos Ayuntamientos catalanes están perdonando la plusvalía en los casos de dación, pero no todos. No la cobran los de Badalona, Terrassa (total o parcialmente), Sant Boi y Rubí; pero sí los de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Pineda y Castelldefels, que suelen ofrecer la posibilidad de pagarlo fraccionadamente. Otros Ayuntamientos están estudiando cambios, como los de Vilafranca y Sabadell, según un estudio que está realizando la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

La ley prevé condonar la plusvalía solo en supuestos muy especiales

La PAH ha pedido al alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU), la condonación de la plusvalía, sin éxito por ahora. “Es una incongruencia que te libres de una deuda y contraigas otra cuando, en realidad, has perdido tu vivienda, es rocambolesco”, opina la abogada y activista de la PAH Eva Corredoria.

Pero no solo la PAH clama contra esta contradicción. Desde el mismo Gobierno catalán recuerdan que el Parlament de Cataluña impulsó la tramitación de la ley “de segunda oportunidad”, que insta la modificación tanto de la normativa del IRPF como de la ley de haciendas locales para que las daciones no se consideren incremento patrimonial. “Son situaciones desesperadas que no pueden tener el tratamiento fiscal del negocio inmobiliario habitual”, considera el secretario de Vivienda, Carles Sala.

El decreto Guindos prevé la condonación de los impuestos derivados de las daciones en pago, pero las condiciones son tan restrictivas que en el 95% de los casos no se cumplen, asegura Sala. Por ejemplo, la ley excluye las viviendas que se compraron por más de 200.000 euros, cantidad que en Barcelona era calderilla en plena burbuja inmobiliaria. También se excluyen las hipotecas sobre las que pesen otras deudas, cuando la mayoría de bancos han ofrecido refinanciaciones a los morosos, que han sumado no uno, sino varios préstamos al crédito inicial.

Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), la responsable del servicio de asesoría sobre vivienda, Montse Hernando, afronta a diario este problema y asegura que, además, los bancos no actúan según un patrón único, por lo que cada dación es un mundo. “Mientras a unos les interesa hacer daciones por el máximo importe porque tienen incentivos, otros tasan por el actual valor para cuadrar sus balances…” En cualquier caso, Hernando recomienda a los afectados que acudan a Hacienda con toda la documentación “para demostrar preventivamente que no ha habido un incremento patrimonial”.

El próximo mes de junio, cuando toque pagar la renta, habrá un alud de casos, advierten en la PAH. “Si cobro 400 y pico euros y la plusvalía es de 3.000, cuando venga el IRPF ya me pueden llevar directamente a la cárcel”, ironiza Mercedes Castro.