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Castellano se querella contra Gayoso y otros tres exdirectivos de Caixanova

NCG presenta una demanda laboral para que devuelvan las indemnizaciones

María Fernández
Gayoso junto a José Luis Pego y Javier García de Paredes
Gayoso junto a José Luis Pego y Javier García de Paredes ANXO IGLESIAS

Uno de los mayores escándalos que ha dado la fusión de las cajas gallegas, el de las indemnizaciones a los exdirectivos, amenaza con no dejar las portadas. Después del titubeo inicial, (sus directivos decían que no iban a “tirar de la manta”, para no perjudicar más la imagen de la entidad) NCG se ha decidido a presentar una demanda laboral en los juzgados contra el exdirector José Luis Pego y los jefes de área Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada. Será antes de un acto de conciliación para que pasen por caja y devuelvan los 13,2 millones que se embolsaron por marcharse anticipadamente de Novacaixagalicia.

La entidad apura así los plazos, porque se cumple ahora un año de su marcha, el límite legal para ejercer una acción laboral contra ellos. En octubre le tocaría el turno al exdirector adjunto Javier García de Paredes, el cuarto en discordia (el único cuya procedencia es Caixa Galicia), que se prejubiló después de que la empresa fuese nacionalizada. Tras el escándalo anunció que devolvería el 80% de lo cobrado, un pacto que no se ha cumplido por la apertura de la investigación en la Audiencia Nacional pero que por ahora lo librará de la reclamación.

“Nuestra intención era no judicializar el caso, pero las negociaciones por las buenas llegaron a un callejón sin salida y, ocho meses después, el juez ha delimitado la vía penal”, selañan desde Novagalicia. Otra cantar será el desenlace, porque el propio presidente de Novagalicia, José María Castellano, admitía hace no tanto que informes jurídicos apuntaban a que los contratos eran legales y que, por “muy escandalosas o inmorales” que fuesen las indemnizaciones, la entidad tenía todas las de perder en un pleito. Sin embargo, NCG dice ahora estar dispuesta a todo: “Este es solo el principio, se abrirán todas las vías que sean necesarias”, aseguran fuentes de dirección sin excluir una demanda penal. La letrada que llevará la defensa de NCG es la misma que defendió a la CAM frente a su exdirectora, María Dolores Amorós, que reclamaba 10 millones por despido improcedente.

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La entidad nacionalizada, que ya ha recibido 3.665 millones del FROB y espera al menos otros 4.000 de Bruselas para mantenerse a flote, reclama a José Luis Pego, exdirector general, 7,7 millones que percibió por prejubilarse con 54 años. El monto es la suma de su salario bruto, 627.000 euros, multiplicado por los años que le quedaban para jubilarse junto a un seguro.

Al exdirector de la sección inmobiliaria, Gregorio Gorriarán Laza le piden 4,8 millones, y a Óscar Rodríguez Estrada, mano derecha durante muchos años del expresidente Julio Fernández Gayoso, le reclaman 0,7 millones.

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El banco también se ha personado en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional contra esos mismos exdirectivos y contra Julio Fernández Gayoso, acusado de hacer la vista gorda cuando supuestamente sus colaboradores en la caja modificaron sus contratos para inflar el retiro artificialmente. NCG, muy tocado por la venta de preferentes, inició en julio una campaña para pedir perdón por los errores cometidos. Este sería el segundo acto de la “nueva etapa”, como la calificó José María Castellano, su actual presidente, para taponar la sangría que sufre por la pérdida de depósitos y credibilidad, que no ha cesado desde la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova.

NCG dice que seguirá removiendo papeles e investigará “a fondo” cada asunto y decidirá si es necesario actuar para recuperar más fondos “o depurar responsabilidades en la gestión de la entidad en el pasado”. Pero pocos creen que la investigación vaya a salpicar también a José Luis Méndez, director durante 29 años de Caixa Galicia.

Pego y Gayoso, obligados a pasar por el banquillo

“Más allá de perder el dinero hay una cosa que estos personajes temen por encima de todo: arruinar su supuesta buena imagen”. La reflexión es de un sindicalista que conoce bien la trastienda de las antiguas Caixa Galicia y Caixanova, delirios de grandeza incluidos. Ese precisamente ha sido uno de los argumentos que el banco ya nacionalizado utilizó durante las negociaciones que inició con los exdirectivos en octubre de 2011 para intentar recuperar las indemnizaciones. A José Luis Pego, Gurriarán y Rodríguez Estrada les recordaron entonces lo doloroso que sería la exposición pública, el daño a sus familias por verlos sentados en un banquillo. Pero la inicial buena disposición a negociar que demostró Pego —que incluso intercedió entre sus colegas para que cediesen—, se fue al traste antes de Navidad y el caso no se resolvió con discreción, a la vieja usanza de las cajas.

Ahora, con las demandas laborales en marcha y la querella cocinándose en la Audiencia Nacional, el circo mediático está a punto de empezar en los juzgados de Vigo y Madrid. Y al contrario de lo que sucedía hace doce meses, el banco tampoco tiene miedo a perder plumas en la batalla.

Con un déficit de capital superior a los 4.000 millones de euros su futuro es cada día más oscuro. En agosto presentó unas pérdidas de 1.399 millones de euros por su enorme agujero inmobiliario. No es ningún secreto que el rescate europeo le obligará a despedir a más personal y cerrar oficinas, y quizá las condiciones para la plantilla se limiten entonces a lo que dicta la reforma laboral. Por lo tanto, el daño en imagen que puede suponer volver a remover el asunto de las prejubilaciones ya se descuenta en la dirección de NCG. “Poco más podemos perder”, comentaba ayer un empleado.

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Sobre la firma

María Fernández
Redactora del diario EL PAÍS desde 2008. Ha trabajado en la delegación de Galicia, en Nacional y actualmente en la sección de Economía, dentro del suplemento NEGOCIOS. Ha sido durante cinco años profesora de narrativas digitales del Máster que imparte el periódico en colaboración con la UAM y tiene formación de posgrado en economía.

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