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La Xunta apela a su apoyo electoral y desdeña el fallo contra el reparto eólico

El presidente alega que las posibles indemnizaciones a adjudicatarios del primer concurso no superarán la recaudación de 70 millones del canon

El presidente de la Xunta sostiene que su reparto de megavatios eólicos está a salvo de lo que diga el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Pese a la contundente sentencia que aprecia desviación de poder en la suspensión por parte del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo del concurso eólico vigente cuando llegó a la Xunta, realizado por el bipartito, el presidente gallego asegura que el dictamen “no tiene efecto práctico” porque la ley de aprovechamiento eólico que el PP aprobó en 2009 le “da seguridad jurídica” suficiente porque prevé “todas las posibilidades que puedan tener lugar”.

Los magistrados consideran en la sentencia, que resuelve el recurso contencioso-administrativo de la segunda mayor adjudicataria del reparto del bipartito, que la anulación del concurso del Gobierno presidido por Emilio Pérez Touriño fue ilegal y estaba motivada por “razones de política legislativa”. El Ejecutivo de Feijóo anuló entonces la adjudicación de megavatios pero no el decreto en el que se sustentaba, alegando que estaba tramitando una ley para regular los aprovechamientos de energía eólica. Los tribunales deben resolver todavía varias denuncias similares. La Consellería de Industria defiende que fue la ley la que suspendió el reparto del bipartito y que la sentencia juzga una situación que resultó temporal. “La sentencia afecta a una resolución de suspensión que se aprobó de manera transitoria, con el objetivo de dar seguridad jurídica al sector, mientras se tramitaba la nueva normativa eólica”, apunta el departamento. El dictamen, sin embargo, afirma que, al no derogar el decreto, fue la Xunta la que acutó contra “el principio de seguridad jurídica” y contra la “confianza legítima en el actuar de la Administración”.

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Al presidente Feijóo tampoco le preocupan las reclamaciones por responsabilidad patrimonial que preparan algunas empresas a las que les correspondieron megavatios en el reparto anulado y que con la cancelación del PP vieron cómo sus posibilidades de plantar molinos de escaparon. A entre 3.500 y 6.000 euros por megavatio, calculando el coste de elaboración de los proyectos y de presentación de la documentación, la factura ascendería a entre 9 y 14 millones de euros. Para Feijóo, ese dinero en indemnizaciones “siempre, siempre” será “muy inferior a los 70 millones de euros que la Xunta ha recaudado por el canon eólico en estos años”. Pese a no tener el respaldo del TSXG, Feijóo se reafirmó en la suspensión del reparto del bipartito porque, dijo, el PP se presentó a las pasadas elecciones autonómicas avisando de que lo iban a parar y eso fue “refrendado por los gallegos” en las urnas. La Xunta valora todavía si recurrirá la sentencia del TSXG. El tribunal ya avaló el pasado año la adjudicación del bipartito en una sentencia que desmontaba la justificación del Gobierno del PP para emprender un nuevo concurso eólico.

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