La Generalitat detecta un fraude tributario de 226 millones en 2011

Desde que empezó la crisis, en el verano de 2007, ha aumentado el número de personas que reclaman a Hacienda la posibilidad de aplazar el pago de sus obligaciones tributarias. Pero también ha aumentado el engaño a las administraciones. Al menos así se desprende de los resultados de la lucha contra el fraude fiscal por parte de la Generalitat, que ha detectado que se disparó un 17% el año pasado y se ha duplicado en los cuatro años que lleva en marcha la Agencia Tributaria de Cataluña. El organismo afloró 226,5 millones de euros no declarados en algunos de los tributos sobre los que tiene el control la Administración catalana, básicamente el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el de sucesiones y donaciones.

El de 2011 es un resultado récord para la joven institución, creada en tiempos del Gobierno tripartito, que en los últimos cuatro años ha duplicado su capacidad de persecución del fraude, y suponen unos ingresos que llegarán en el mejor momento para unas arcas públicas maltrechas, con unas recaudaciones tributarias instaladas en mínimos y una tesorería con evidentes problemas de liquidez. Signo de esa tensión es la petición de rescate aprobada el martes pasado por el Gobierno catalán, que solicita 5.023 millones del Gobierno catalán al Fondo de Liquidez Autonómica para poder afrontar los vencimientos de pago de su deuda.

La agencia busca

Desde el Departamento de Economía se niega, no obstante, que los resultados de la agencia sean producto de un incremento del fraude en paralelo al peor momento de la crisis. La mejora la atribuyen, en cambio, a que el cuerpo autonómico de inspectores tributarios “cada vez tiene más práctica y sabe cómo localizar las situaciones irregulares”.

De ahí, por ejemplo, que para este año 2012 el organismo haya incluido entre sus objetivos prioritarios de fiscalización dos nuevas actividades en sus controles, según consta en el plan de control tributario de la ATC. Por una parte, “las transacciones de oro y de piedras preciosas y semipreciosas” que se efectúan en las cada vez más numerosos establecimientos de compra de oro. Por otra, “las compraventas de amarres de puertos deportivos”, tras detectar que el movimiento de operaciones no concuerda con las declaraciones efectuadas ante la Generalitat. Desde hace unos años, las haciendas estatal y autonómica cruzan datos para intensificar la persecución del fraude.

En todo caso, los datos de la Agencia Tributaria durante el año pasado sí que descubren un incremento de su actividad, especialmente en las actas de inspección, a través de las cuales se persigue a aquellos contribuyentes que no han declarado al fisco por algún tipo de operación que obligaba a dicha declaración. El organismo, dirigido por el ex consejero de Trabajo Lluís Franco, inició 510 actas de ese tipo en 2011, frente a las 474 generadas un año antes. Las investigaciones han descubierto un fraude de 53,5 millones de euros, un 52% más que hace un año.

La hacienda estatal y autonómica cruzan datos para mejorar resultados

En el caso del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que obliga a tributar por la transmisión de inmuebles, vehículos y embarcaciones de segunda mano, las liquidaciones complementarias incoadas por la Agencia Tributaria levantaron otros 105 millones de euros no declarados, una cifra muy similar a la del ejercicio precedente (104 millones). Pero la caída de la recaudación por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha provocado que esa cantidad tenga un peso más importante sobre el total recaudado por este tributo: el fraude detectado asciende al 9% de la recaudación total de 2011 por este impuesto (1.149 millones).

Ese efecto es mucho más evidente en el caso del impuesto de sucesiones, donde las declaraciones complementarias abiertas por la Generalitat equivalen al 22% de la recaudación originada por este impuesto. La Hacienda catalana ha descubierto 68 millones de euros no declarados, más de un 10% que un año antes.

El Gobierno de Artur Mas modificó el impuesto de sucesiones precisamente el año pasado, hasta casi eliminarlo. Ahora solo lo deben pagar familiares de tercer grado y aquellos contribuyentes que reciban donaciones en vida. A causa de esa amputación, ya iniciada por el Tripartito, la Generalitat prevé ingresar este año solo 197,6 millones de euros, menos de una cuarta parte de los 991,3 millones de 2009. Hace unos meses, el dirigente nacionalista Oriol Pujol no descartó recuperar el tributo debido a las dificultades financieras de la Generalitat.

El Gobierno catalán espera que su Agencia Tributaria aumente su protagonismo en los próximos años, después de que no se hayan hecho movimientos para crear un consorcio conjunto con la Hacienda del Estado. El ejecutivo de Artur Mas piensa en ella para el caso de que fructifique su demanda de pacto fiscal, lo que obligaría a la agencia a controlar y recaudar todos los impuestos que se pagan en Cataluña.