Fabra afronta el otoño más difícil

El PP es un partido rocoso, que nunca ha perdido la cara en la Comunidad Valenciana desde que alcanzó la Generalitat en 1995. Ni siquiera en situaciones muy difíciles, como la larga crisis interna entre zaplanistas y campistas o la imputación y procesamiento del expresidente Francisco Camps, declarado no culpable por un tribunal popular. Pero ahora se enfrenta a una tormenta de dimensiones desconocidas, con un líder como Alberto Fabra, que alcanzó la presidencia de la Generalitat y del PP valenciana de manera accidental hace apenas un año.

Desde entonces, las encuestas electorales que aireaba el PPCV, con mayorías absolutas imbatibles, han desaparecido y los acontecimientos de las próximas semanas no auguran una rápida mejoría de las expectativas populares.

Dos son las principales cuestiones a las que se enfrentará el presidente de la Generalitat en las próximas semanas. Por un lado, la grave situación económica y financiera de la Administración valenciana. Por otro, el avance judicial de los numerosos casos de corrupción vinculados al PP, que lastran la imagen del Consell y complican la gestión del grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas.

“Si hemos podido afrontar el pago de 2.500 millones de euros en vencimientos en el primer semestre del año, también podremos afrontar los otros 2.000 que nos quedan antes de fin de año”, asegura un alto cargo del Consell, que intenta transmitir optimismo ante la complicada coyuntura que tendrá que capear en los próximos meses.

Y es que la situación económica sigue siendo el gran quebradero de cabeza de un Consell, sobre el que no han cesado las especulaciones acerca de una profunda remodelación casi desde el mismo día en que fue nombrado.

La reciente negativa del Gobierno central a facilitar a la Generalitat 1.000 millones de euros más a través del Fondo de Liquidez Autonómico para pagar deudas anteriores a 2011 supone un nuevo revés para una Administración que soporta diariamente la presión de los acreedores. Y el Consell sabe que la temperatura subirá en la calle a medida que ejecute los miles de despidos previstos en las empresas públicas.

El Consell es consciente, además, de que tiene otra patata caliente en las manos que debe solucionar antes de diciembre: la privatización de la gestión de todo el sistema público de salud.

A este proceso de privatización, que está resultando más complejo de lo previsto, se fían buena parte de los ingresos necesarios para cuadrar las cuentas y cumplir con los objetivos de déficit fijados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Un Gobierno que ha procurado no visitar la Comunidad Valenciana más allá de lo estrictamente necesario —Rajoy aún no lo ha hecho—, consciente de que la autonomía que un día fue presentada como modelo de la gestión del PP hoy está asfixiada económicamente y buena parte de su altos cargos pendientes de los tribunales.

El PP inicia el curso pendiente de los tribunales y de la visita de Rajoy

Y esta es el segundo frente que condicionará en los próximos meses la gestión de Alberto Fabra al frente de la Generalitat.

Mañana lunes el juez José Castro, que instruye el caso Urdangarin, ha citado a declarar, por segunda vez al exvicepresidente Vicente Rambla y a la exconsejera de Deportes Trini Miró en relación con las actividades del Instituto Nóos, que presidía el duque de Palma, en la Comunidad Valenciana. El juez instructor, que les tomará declaración como testigos en Palma de Mallorca, quiere aclarar el alcance de las actividades de Nóos en Valencia. En relación con la organización de las jornadas Valencia Summit por parte del Instituto Nóos el juez mantiene la imputación a un exsecretario autonómico de Turismo y a un exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas, entre otros.

Apenas una semana después, el 10 de septiembre, está previsto que se retomen las declaraciones del caso Emarsa, abierto a raíz del saqueo de la depuradora de Pinedo en Valencia. Para ese día está citado como imputado el exjefe de explotación de la empresa de la Generalitat Epsar. Tras él declarará el exgerente José Juan Morenilla de la misma empresa del Consell, igualmente imputado y otros cargos vinculados a la Administración del PP.

Para el exjefe de explotación y el exgerente de Epsar, la Fiscalía reclama una fianza individual de 13,7 millones de euros por el supuesto desvío de fondos realizado.

Fabra afronta el debate de política general a la espera del rescate a España

Con estos prolegómenos, el PP nacional tiene previsto celebrar su escuela de verano en Gandia entre el 13 y el 15 de septiembre. Unas jornadas que se aplazaron el pasado mes de julio para facilitar la asistencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no ha visitado la Comunidad Valenciana desde que ganó las últimas elecciones generales, pero que podría finalmente no asistir ante las conversaciones sobre el inminente rescate de España por parte de la UE.

Sin embargo, el respaldo del PP nacional a Fabra llega en un momento complicado —subida del IVA, inicio del curso escolar, aplicación de recortes sanitarios— que hará difícil evitar las protestas.

Además, la Generalitat también estará esos días pendiente de otros procesos judiciales que también condicionarán la gestión: el caso Gürtel, el caso cooperación y el caso Brugal.

El juez José Ceres que investiga la financiación irregular del PP valenciano mediante la trama corrupta que dirigía Francisco Correa tiene previsto tomar declaración como imputada a la coordinadora de ferias de la Agencia Valenciana de Turismo Ana Grau y el lunes 18. Ese mismo día también ha sido llamado en calidad de testigo el todavía portavoz parlamentario, Rafael Blasco, al que seguirá la exjefa de gabinete del consejero de Infraestructuras Maria Ángeles Ureña y otros cargos del PP.

Las declaraciones ante el juez Ceres se prolongarán, al menos hasta el 25 de septiembre, fecha en la que Fabra tiene previsto comparecer ante el pleno de las Cortes Valencianas en el debate de política general. Y puede que para ese día ya lo haga con un grupo parlamentario remozado si, como es probable, el Tribunal Superior de Justicia decide imputar a Rafael Blasco en el caso cooperación, por el desvío de fondos de su consejería hacia una trama corrupta. La imputación, como ya anunció el propio Fabra, propiciaría la remodelación de la dirección del grupo parlamentario y la elección de un nuevo portavoz.

El TSJ también debe decidir si imputa en el caso Brugal a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por el supuesto amaño del plan general de ordenación urbana de la ciudad. En ese escenario, Castedo ha dicho que renunciaría a su escaño en las Cortes, aunque no a la alcaldía. En el mismo proceso está el ex alcalde de Alicante y diputado autonómico Luis Díaz Alperi, que hasta ahora guarda silencio.

Con este escenario, en el seno del PP no descartan una próxima remodelación del Consell, aunque de momento Fabra ha dado orden a todo su gabinete de aguantar hasta que la nave llegue a un remanso.