Más luz sobre los expedientes
La comisión de los ERE escuchará a unos 15 comparecientes más en la segunda ronda. PSOE, PP e IU les elegirán entre 45 nombres propuestos.
La meta es que el silencio no acapare titulares. La comisión de investigación sobre los ERE atraviesa su intervalo y mañana decidirá los nuevos comparecientes que declararán a mediados de mes en la segunda ronda. Y el objetivo es que los protagonistas que acudan no se escuden en su imputación (presente o venidera) para evitar responder a las preguntas de los diputados. El recuerdo de tres días de mutismo al arranque del grupo de trabajo está demasiado fresco.
Sin embargo, las evasivas se volverán a escuchar en el Parlamento, que dilucida las responsabilidades políticas de este escándalo que investiga asimismo la juez Mercedes Alaya. Uno de los nombres que saldrá de las propuestas (en el aire hay 45 nombres) será el intermediario Juan Lanzas, imputado en el caso, solicitado por los tres grupos parlamentarios PSOE, PP e IU. Su abogado, Julio Martínez, avanza que Lanzas no responderá. “El Parlamento no es sitio para aclarar su papel”, matiza el letrado.
Los focos se dirigen al entorno de los asesores y cargos intermedios de la Dirección General de Trabajo que concedió las ayudas del fondo para empresas en crisis, la agencia pública Idea que tramitó los pagos y las aseguradoras y consultoras que cobraron comisiones desorbitadas fuera de mercado pagadas con fondos públicos. Mañana a las 19.00 saldrá la lista definitiva, para la que el PSOE propondrá en torno a 10 comparecientes, IU otra decena y el PP sobre unos 25 comparecientes. La cifra final de comparecientes para esta segunda ronda se estima en una decena, a la que habrá que sumar la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez y el empresario Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente José Rodríguez de la Borbolla, pendientes al no acudir en la primera ronda. Y otro día para el presidente de la Junta, José Antonio Griñán y el expresidente Manuel Chaves. Por tanto, las comparecencias durarán al menos cinco días.
Las discrepancias ya han aflorado. La declaración de Juan Francisco Trujillo, chófer del ex director general Javier Guerrero, enfrentó a los grupos y no salió en la primera ronda tras la oposición del PSOE. El PP lo ha vuelto a proponer, pero su aprobación dependerá del apoyo de IU. “¿El chófer? Pues de momento no lo sé”, respondió lacónico el portavoz de la coalición de izquierdas, José Antonio Castro. El testimonio del conductor podría aportar luz, pero desde luego daría sangre. Trujillo ya demostró una sinceridad a prueba de bombas después de aportar todo lujo de detalles incriminatorios durante tres días de declaración judicial. El chófer incriminó tanto a Guerrero como al director comercial de la consultora Vitalia, Antonio Albarracín por un supuesto soborno. Tanta sinceridad le costó a Trujillo entrar en los juzgados con 11 delitos y salir hacia la cárcel con 22 delitos. En cualquier caso es harto difícil que IU apoye la comparecencia y esta prospere, informan fuentes de la comisión.
Después de la esclarecedora comparecencia del ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, elogiada por los tres grupos aunque con visiones contrapuestas, parece lógico que acuda el interventor delegado de Empleo, subordinado de Gómez, para explicar por qué motivo el sistema había eludido la fiscalización previa. Pero la cuestión está en el aire. El PP ha añadido la comparecencia de la interventora general hasta el pasado mayo, Rocío Marcos.
Mientras, las preguntas que hasta ahora han quedado sin responder giran en torno a la tramitación diaria de los expedientes y las comisiones ilegales de las consultoras. Hay asesores y cargos intermedios de Empleo que no están imputados y podrían arrojar luz sobre cómo se firmaron convenios con escasos informes. Asimismo acudirán previsiblemente los responsables de las consultoras Vitalia y Uniter y de las aseguradoras Generali, BBVA, Caixa y La Estrella, que no supieron o pudieron atajar la inclusión de intrusos en las pólizas que pagó la Junta.
Balance irregular de la primera ronda de comparecencias
Entre silencios y medias verdades, el balance de la primera ronda de la comisión parlamentaria de los ERE es irregular. A la decepción inicial por los imputados que guardaron silencio, se le sumó cierta indignación de los diputados tras ser amenazados de manera velada con acciones legales por supuesta coacción hacia los comparecientes.
Los exconsejeros modularon sus declaraciones con mayor o menor acierto, y los balones fuera llovieron casi a diario en dirección a la cúpula de la Consejería de Empleo. “Hubo también declaraciones jugosas que han sentado algunos paradigmas, como el interventor y su metáfora de las llamas. Dejó claro que el marco es legal y que se pervirtió para otros fines”, opina José Antonio Castro (IU).
Enrique Benítez, del PSOE, concluye que el escándalo se circunscribe a “un abuso de confianza”. Junto a Juan Lanzas, los socialistas llamarán para esta segunda ronda a responsables de las consultoras y las aseguradoras, pero rechazan que el chófer de Guerrero pueda iluminar sobre las responsabilidades políticas. “Zaplana lanzó un mensaje a sus propios compañeros para no llevar el caso demasiado lejos”, concluye. Para el PP, la declaración del ex interventor general marcó un antes y un después. “Vino a corroborar que los informes de auditoría [del fondo] habían llegado a los centros directivos, incluida la Consejería de Economía y Hacienda [cuyo titular fue el expresidente José Antonio Griñán]. Y fue rotundo y claro sobre que se resolvieron los desfases financieros, y por tanto se reaccionó”, censura el diputado Rafael Carmona. La Junta reitera que los informes nunca llegaron a ser conocidos por Griñán.
Mientras, varios diputados de la comisión buscan acceder al sumario judicial, ya que conserva datos valiosos también para delimitar las responsabilidades políticas, no solo las penales. Para ello, el abogado de la comisión, Plácido Fernández-Viagas, determinará mañana en un informe si existe posibilidad de requerir a la juez Alaya la información, o si es secreta a excepción de las partes.
La intención de PSOE e IU, que forman mayoría, es que la comisión no supere el mes de octubre. “A mí me preocupan una enormidad los presupuestos”, ilustra un diputado que pide el anonimato. “Y los ERE no puede acaparar la agenda porque si no el Gobierno no avanza”, añade.
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