Sanidad deriva la atención de los irregulares sin recursos a las ONG

La consejería asegura su asistencia como "servicio social"

El consejero de Sanidad, Luis Rosado, durante su visita al Hospital Provincial de Castellón. / ÀNGEL SÁNCHEZ

El consejero de Sanidad, Luis Rosado, aseguró el martes que los inmigrantes en situación irregular tendrán atención sanitaria “como hasta ahora” pero señaló que aquellos que tengan recursos económicos pagarán por ella (según lo establecido en el Real Decreto de racionalización del gasto sanitario) y quienes no los tengan su atención correrá a cargo de las ONG o de la beneficencia.

“Se trata de que todo el que tenga ingresos y reciba asistencia, si la tiene que pagar la pague; y las personas que no tienen dinero, tanto las que están en situación legal como no legal, serán asistidas por el sistema público, ya sea en la modalidad de aseguramiento si tienen derecho o en la modalidad de servicio social o beneficencia para las que no estén con esta prestación”, dijo Rosado.

Asistencia a inmigrantes

Irregulares sin recursos. Serán atendidos en el centro de salud que se les asigne y la facturación será "según se estipule en el convenio" al que se llegue con la ONG o entidad de servicios sociales. Rosado avanzó que serán las organizaciones las que deberán hacerse cargo del pago.

Irregulares con recursos. Rosado aseguró que "hay fórmulas" para saber si disponen de recursos, y que en este caso pagarán por la atención sanitaria según lo estipulado en el Real Decreto.

El consejero realizó estas declaraciones en Castellón tras una visita al Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Provincial de Castellón para conocer el nuevo equipo de Tomografía Computarizada (TC) del centro. Allí, Rosado aseguró, al ser preguntado sobre la objeción de conciencia a la que se han acogido algunos médicos, que la nueva legislación no afectará al día a día de los facultativos. “No es un problema que afecta a los profesionales sanitarios, todos tienen la obligación de atenderlos en un proceso agudo”, dijo.

En este sentido, explicó que en la Comunidad Valenciana “está garantizada la atención en procesos agudos, a menores de 18 años y embarazadas”, pero que “además el resto también tiene derecho a asistencia”. “La única diferencia con la época anterior es que se regula quién debe mantener la tarjeta sanitaria y quién no”, apostilló.

Rosado contradice así a la secretaria autonómica de Sanidad, Nela García, que manifestó la pasada semana que si los médicos objetores querían atender a los sin papeles debería de ser “en horario no laboral y con recursos no públicos”. En este sentido, el consejero diferenció entre personas con o sin recursos. “Hay que diferenciar la asistencia sanitaria, que la van a tener todos, de los que tienen aseguramiento (público o por un tercero) y las personas que no tienen para pagar. Estas últimas no van a tener ningún problema porque no vamos a actuar como policías detrás de los pacientes para el pago”, aseguró.

Las ONG carecen de recursos

Las declaraciones del consejero de Sanidad, Luis Rosado, en las que afirmó que serán las ONG las que se hagan cargo de la factura sanitaria del inmigrante irregular sin recursos van en la línea de lo anunciado en mayo por la ministra del ramo, Ana Mato. La responsable de Sanidad aseguró que aquellos inmigrantes en situación irregular tendrían asistencia cubierta “a través de convenios entre las comunidades autónomas y las organizaciones de apoyo a esta población”. No aclaró entonces cómo se efectuaría el pago ni el tipo de sanidad al que podrían acceder. Unos interrogantes que tampoco aclaró Rosado y que han despertado malestar entre las organizaciones.

 Desde Cruz Roja, el presidente autonómico de la organización, Fernando Rosario, aseguró desconocer la fórmula (pese a haberse reunido recientemente con el consejero) y recordó la falta de medios. “No tenemos recursos ilimitados”, dijo. Por su parte, desde CC OO calificaron de “frivolidad” e “improvisación” la política que sigue Sanidad con la gestión sanitaria de los <CF1001>sin papeles.

“Hay que desdramatizar, todos van a tener asistencia sanitaria”, dijo Rosado. El consejero señaló que “las personas crónicas sin recursos van a tener el tipo de asistencia regulado por convenio o por organizaciones que se ocupan de esto”. Así, dijo que el pago correría a cargo “de aquellas entidades que se ocupan del bienestar social o de la beneficencia”. En este sentido, puso como ejemplo los convenios con entidades “que se ocupan de personas sin techo” o de “ONG con las que tenemos establecido programas para la atención”.

CC OO critica la "frivolidad" e "improvisación" del anuncio de Rosado

Desde la Consejería de Sanidad destacaron que a los inmigrantes que no estén en situación regular “se les atenderá en el centro de salud que se le asigne” y que “la facturación se realizará según se estipule en el convenio”. Está previsto que haya “nuevos convenios según las necesidades que surjan”, y que en ellos se definirá si tendrán atención los enfermos graves o todos.

“No hemos concretado la fórmula, nosotros ahora atendemos a los inmigrantes que llegan en patera y a los colectivos más vulnerables como los que están en asentamientos”, explicó ayer Fernando Rosario, presidente autonómico de Cruz Roja. Rosario apunta que hace unas semanas que habló con el consejero y que este aseguró la atención sanitaria pero quedó en el aire quién la pagaría. “Nosotros no tenemos recursos ilimitados y no se ha concretado cómo se va a hacer la atención, vamos a hacer lo que podamos pero creemos que no debemos crear un sistema paralelo de sanidad”, aseguró.

Desde el sindicato CC OO criticaron duramente las palabras de Luis Rosado. “Ninguna de las asociaciones implantadas en la Comunidad dispone de los medios técnicos y humanos para poder asumir, de un día para otro, la asistencia sanitaria de miles de personas, que a partir del día uno de septiembre van a tener limitado su acceso a los centros de salud y hospitales solo en los casos de urgencia”.

El portavoz sindical Salvador Roig puso como ejemplo la situación de la casa Veritas de Alicante gestionada por Cáritas y que se dedica a la atención de los enfermos de Sida. “Está a punto de cerrar porque la Administración les adeuda más de 300.000 euros, sin olvidar que hace unas semanas la asociación Alicante Acoge abandonó su actividad por los impagos”.

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