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Madrid cobrará a los ‘sin papeles’ las enfermedades infecciosas crónicas

Se les atenderá, pero se pasará factura, aseguran las instrucciones enviadas a los centros

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“Asistencia sanitaria en situaciones especiales”. Así define la Consejería de Sanidad madrileña el estatus que pasan a tener a partir del 1 de septiembre las personas que no son ni “aseguradas” ni “beneficiarias” y que, por tanto, dejan de tener acceso al sistema de protección sanitaria pública. Se trata, en muchos casos, de inmigrantes sin permiso de residencia en España —unos 150.000 en todo el país— que solo podrán acudir a la red pública en estos casos: de urgencia, para asistencia al embarazo y parto, si son menores, si se les ha autorizado el asilo o si son víctimas de trata. Todas estas son excepciones —no se les cobrará por atenderles— a la regla general que dicta que un extranjero en situación irregular pierde el derecho a la asistencia sanitaria gratuita.

Sin embargo, aún hay una sexta excepción a la norma: el supuesto de “salud pública”. Se trata principalmente de enfermedades infecciosas y de declaración obligatoria (hepatitis, legionelosis, tuberculosis, VIH...), aunque también se incluyen las patologías de salud mental (trastorno bipolar, esquizofrenia...). A diferencia de las otras excepciones, los extranjeros tendrán que pagar por su asistencia sanitaria, según el documento Instrucciones sobre la asistencia sanitaria a prestar por el Servicio Madrileño de Salud a todas aquellas personas que no tengan la condición de asegurada o beneficiaria, que llegó este martes a las consultas de primaria.

Llega la cartulina de los jubilados

Los trabajadores de los centros de salud madrileños tuvieron ayer mucho que leer. Además de recibir las instrucciones sobre cómo aplicar el real decreto ley 16/2012 que excluye a los inmigrantes en situación irregular de la asistencia gratuita, llegaron las tarjetas de cartulina con las que la Consejería de Sanidad quiere que los jubilados no tengan que adelantar el coste de sus medicamentos y sus instrucciones de uso.

El paciente tendrá que recoger la tarjeta en su centro de salud a partir del 1 de septiembre y llevarla consigo cada vez que vaya a la farmacia. El farmacéutico anotará lo que va pagando. Al llegar a su tope —8, 18 o 60 euros, según la renta— dejará de cobrarle. El administrativo del centro de salud anotará en la cartulina a mano el nombre, el código de identificación personal, el código del tipo de aportación, límite de aportación y el mes de validez y estampará el sello del centro. El farmacéutico deberá comprobar que el destinatario de las recetas es el mismo que aparece en la tarjeta.

El documento solo tiene validez para un mes —se pueden pedir hasta tres a la vez— y no puede usarse fuera de la Comunidad de Madrid. Es decir, si el paciente va a una farmacia en Castilla-La Mancha, no le apuntarán lo que pague y no contará para su tope. Y si se lo apuntan, no tendrá validez. ¿Qué ocurre si el jubilado pierde la tarjeta? Tendrá que volver a su centro de salud a por una nueva. Sin embargo, como ya no podrá mostrar en la farmacia lo que ha pagado, volverá a contar desde cero.

Las instrucciones que hizo públicas ayer Sanidad recomiendan a los pacientes conservar durante un año las tarjetas, a las que llama “documentos de dispensación” para que puedan “realizarse las comprobaciones que precise la inspección”.

El texto asegura que la asistencia sanitaria de personas con estas patologías “conllevará facturación al usuario” salvo que se haya suscrito un “convenio especial” o “cuando se estime que el proceso evolutivo de la patología vaya a ser inferior a un año”. El “convenio especial” es la especie de póliza que el Gobierno quiere hacer pagar a los extranjeros no asegurados —710 euros al año— que quieran ser atendidos en la red pública. El problema es que, a tres días de la entrada en vigor de la normativa, nada se sabe de estos seguros. El Ministerio de Sanidad confirmó este martes que no se han aprobado y que tienen que recibir el visto bueno del próximo Consejo Interterritorial. “No está pensado para inmigrantes irregulares, sino para personas que viven en España y no trabajan ni cotizan”, aseguró ayer un portavoz. La ministra, Ana Mato, mantiene el miércoles en Valladolid una “reunión informal” con los consejeros de Sanidad para tratar ese y otros asuntos.

Pese a tratarse de supuestos de “salud pública”, los inmigrantes a los que se diagnostiquen patologías como el VIH, hepatitis crónicas y la mayoría de trastornos mentales tendrán que pagar y el Servicio Madrileño de Salud les entregará “directamente” la medicación, asegura el documento. No está claro si deberán ir a un hospital a buscarla o se la darán en el centro de salud.

La Consejería de Sanidad asegura que pretende pasar factura, cuando pueda, a los países de origen de los inmigrantes, pero en un pie de página admite que solo hay suscritos convenios bilaterales con seis (Andorra, Brasil, Chile, Marruecos, Perú y Túnez). Además, estos convenios cubren a ciudadanos asegurados, no a inmigrantes irregulares. “Por lo que estamos viendo, se va a facturar, pero no se va a cobrar”, sugiere la presidenta de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (Somamfyc), María Fernández.

Las instrucciones aseguran también que “todos los procesos” cuyo tratamiento se haya iniciado antes del 31 de agosto se seguirán atendiendo gratis. “¿Qué ocurre si estoy tratando a un paciente con diabetes y luego se le diagnostica un cáncer? ¿Se le factura el cáncer? Yo tengo pacientes, no patologías”, argumenta Fernández. Hay más incongruencias en la norma de la Consejería: “Podremos pedir pruebas y hacer derivaciones, pero como estos pacientes no tienen condición de asegurados no podremos hacerles recetas. Tendrán que ir a la farmacia hospitalaria a recoger los fármacos, y eso dificulta la accesibilidad al tratamiento”, explica. El documento prevé incluir a los no asegurados en el sistema informático Cibeles, en tipos específicos (“transeúnte sin permiso residencia”, “embarazada sin permiso residencia”...) que permitirán consultar sus historias clínicas pese a carecer de tarjeta sanitaria.

“Estas instrucciones son un parche a lo que ha hecho el Ministerio y dejan más preguntas de las que resuelven. ¿Qué van a hacer el resto de comunidades? Debería ser igual para toda España”, asegura el portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid critica especialmente el tratamiento de los casos de “salud pública”. “Se refiere a un grupo de enfermedades infectocontagiosas que han de ser previamente diagnosticadas. ¿Dónde? Parece ser que en las urgencias, puesto que este es el único circuito asistencial al que pueden acceder. A los problemas de saturación se sumará la presencia de personas con enfermedades infectocontagiosas en los servicios de urgencias”, argumenta en un comunicado.