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recortes en la sanidad pública

“Estas personas no tienen derecho”

Sanidad responde a una objetora que su postura no tiene sentido puesto que no se dará cita a los inmigrantes y no habrá “encuentro entre médico y paciente”

Documento de Sanidad que responde a una médica objetora.
Documento de Sanidad que responde a una médica objetora.

“Asunto: Real Decreto Ley 16/2012. Objeción de conciencia”. La norma que excluye a los inmigrantes en situación irregular de la asistencia sanitaria ordinaria ha generado muchas dudas entre los afectados y entre los profesionales sanitarios, que se ven en la tesitura de dejar de atender en sus consultas a personas que pueden llevar años tratando. Más de 1.300 (casi 300 en Madrid) se han declarado objetores mediante un formulario que la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) ha habilitado y del que envía copia a los colegios y a los servicios de salud regionales. Otros, como T. G., optaron por hacerla constar directamente a sus superiores. La respuesta que recibió, un mes después de su escrito, le niega el derecho a la objeción. No tiene sentido, asegura el texto, dado que los pacientes no llegarán a su consulta porque “no tienen derecho” y se les negará la cita.

“La objeción de conciencia requiere la existencia de una relación clínica, esto es, el encuentro entre el médico y el paciente, lo que aquí no se puede producir”, señala la nota de respuesta, que remite la Dirección Asistencial Noroeste (una de las siete gerencias de los más de 400 centros de salud de la región). “En el momento en que se pidiera la cita, bien sea por cualquier medio de comunicación establecido, o bien sea físicamente en el centro de salud o centro sanitario correspondiente, la respuesta de la Administración sanitaria sería negativa puesto que estas personas no tienen derecho”. El texto reproduce la respuesta que dio el responsable del Área de Bioética y Derecho Sanitario de la Consejería de Sanidad, Javier Sánchez Caro, según hacen constar las dos directoras que lo firman.

“En consecuencia, lo que plantea el escrito es una situación imposible y es sabido que a estas cuestiones nadie está obligado”, termina la información. La médica había informado de su objeción de conciencia “al Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril en lo referente a los artículos [...] que limitan la posibilidad de atender a extranjeros no registrados y autorizados como residentes en España, y que restringen su derecho a la atención a situaciones de urgencia, accidentes, embarazo, parto, posparto o tener edad inferior a los 18 años”. Recientemente el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, añadió una nueva excepción: los enfermos crónicos que ya estén diagnosticados y tratados, aunque no explicó cómo se va a hacer en la práctica.

La Consejería prepara unas instrucciones para aplicar la normativa

La respuesta de la Dirección Asistencial Noroeste contradice lo que ha venido asegurando el consejero de Sanidad. Lasquetty ha afirmado que todos los pacientes serán atendidos, pero que luego se pasará factura a sus países de origen si existe convenio bilateral o a ellos mismos. No ha precisado cómo. Si los pacientes pierden la tarjeta sanitaria no consiguen una cita y, sin cita, no hay consulta, a menos que vayan de urgencia. Sus historias clínicas tampoco estarán en la aplicación informática de atención primaria. “El 1 de septiembre vendrán pacientes a por una cita y no podrán pedirla porque estarán fuera del sistema”, explica la presidenta de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (Somamfyc), María Fernández. “Hay compañeros que están imprimiendo las historias clínicas para tenerlas en papel. Hay mucha desinformación; no sabemos cómo se va a aplicar la normativa”, añade.

Las únicas instrucciones que ha elaborado hasta ahora la Consejería de Sanidad madrileña ni siquiera incluyen la excepción de los pacientes crónicos. Tampoco el Ministerio de Sanidad tiene pensado decir a las comunidades cómo aplicar su real decreto. “Tienen amplia capacidad de maniobra para decidir cómo van a dar las prestaciones”, asegura una portavoz, que insiste: “ No se va a dejar a nadie desatendido”. La Consejería aseguró ayer a este diario que el lunes hará llegar a los centros de salud y los hospitales unas instrucciones.

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De momento, y a menos de 10 días para que entre en vigor la exclusión sanitaria, los profesionales no saben a qué atenerse y, como en el caso de T. G. y la respuesta a su objeción, están recibiendo mensajes contradictorios. Fernández, de la Somamfyc, señala al respecto: “La relación clínica existía ya de antes, pues estamos hablando de unos pacientes que venimos atendiendo desde hace años y éticamente debemos seguir haciéndolo”. Médicos del Mundo lanzó ayer su campaña Derecho a curar, en la que llama a la objeción de los sanitarios y se suma a la iniciativa de la Semfyc. La web www.yosisanidaduniversal.net también informa sobre cómo objetar.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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